Herrera Mosquera: Precariedad laboral y construcción social de la “ilegalidad”: familias indígenas ecuatorianas en Nueva York



INTRODUCCIÓN

El 25 de agosto de 2010 el diario El Universal de México publicó la noticia del descubrimiento de una fosa común con 78 cuerpos –58 hombres y 14 mujeres– en un rancho de la localidad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, al noroeste de México ( El Universal, 2010 ). Presumiblemente, se trataba de los cuerpos de migrantes que se dirigían a la frontera México-Estados Unidos y fueron víctimas de una banda vinculada al narcotráfico. La noticia se supo por el único sobreviviente, un joven indígena proveniente de una comunidad rural andina de la provincia de Cañar en el Sur del Ecuador.

Cuatro años más tarde, el 11 de marzo de 2014, una niña indígena ecuatoriana de 12 años de edad, proveniente de la misma provincia, encontró la muerte en un albergue de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza ubicada a 1400 kilómetros de San Fernando. La noticia del diario El Comercio de la ciudad de Quito, indica que la niña estaba en su segundo intento de cruzar la frontera México-Estados Unidos para reunirse con sus padres en la ciudad de Nueva York, a la que habían emigrado hace diez años ( Castillo, 2014 ).

Estas dos noticias circularon globalmente provocando la reacción de Estados, organizaciones de la sociedad civil y demás actores institucionales que unánimemente condenaron el tráfico de personas como una realidad global lacerante y llamaron la atención sobre la relación cada vez más estrecha de estos hechos con el crimen transnacional organizado. La lectura desde los Estados y en los medios de comunicación masiva fue la de un problema de seguridad nacional que amenazaba en convertirse en un problema regional.

En contraste, a nivel local en las comunidades rurales de donde provenían estos dos migrantes estos acontecimientos no son extra-ordinarios, sino que forman parte de los relatos cotidianos de sus habitantes. Entre los pobladores del Cantón Cañar, perteneciente a la provincia que lleva el mismo nombre,2 la muerte o desaparición de un familiar migrante es una experiencia compartida por varios y, en muchas ocasiones, los cuerpos nunca son recuperados.3 El caso de Tamaulipas mostró entonces no solo la violencia del crimen organizado, sino que volvió visible un flujo migratorio que había permanecido relativamente desconocido hasta entonces: el de jóvenes integrantes de comunidades indígenas ecuatorianas que emprenden “el camino” hacia Nueva York y la Costa Este de Estados Unidos, donde se han asentado sus familiares y vecinos desde hace al menos veinte años.

De acuerdo al Censo de Población de 2010, el Cantón Cañar cuenta con alrededor de 59 323 habitantes, de los cuáles 45 916 provienen del área rural. 46 por ciento de la población rural se autoidentifica como indígena ( INEC, 2011 ). Cañar es el tercer cantón con mayor emigración internacional a nivel nacional y el único cantón donde ésta no ha disminuido en los últimos diez años ( Herrera, Escobar y Moncayo, 2012 ). Además, los datos expresan dos tendencias nuevas: una progresiva feminización y también el incremento en la salida de menores de edad ( ODNA, 2008 ).

De acuerdo a su relato, el joven indígena emboscado viajaba a reunirse con sus padres, quienes habían emigrado a Nueva York hacía cuatro años. Había dejado a su esposa, de 17 años, embarazada de su primer hijo con quien estaba unido desde que él tenía 15 años, (Diario digital INFOBAE, 2010 ). Así mismo, la niña muerta en la ciudad fronteriza viajaba con otra niña de su edad, también en proceso de reunificación familiar debido a la imposibilidad de que su padre o su madre para llevarla por vías regulares, pues no contaban con papeles de residencia legal en Estados Unidos.

Este artículo analiza la migración de familias indígenas ecuatorianas de la provincia de Cañar a la ciudad de Nueva York en el contexto de la agudización de la violencia en el cruce de la frontera mexicana. Optamos por un análisis que sitúe la violencia del tránsito en el marco de otras violencias estructurales que afectan la vida de estas familias. Las trayectorias migratorias muestran que junto a las condiciones cada vez más riesgosas del viaje, se han producido también importantes cambios en las condiciones de inserción de estos migrantes al mercado laboral y se han modificado sus formas de asentamiento. Esto ha producido una mayor precarización de las condiciones de reproducción social que vuelven menos posible los procesos de movilidad social y expone a los migrantes cada vez más a procesos de deportación.

En efecto, los proyectos migratorios y vitales de estas familias son muy distintos a aquellos que experimentaron otros migrantes ecuatorianos a la misma ciudad de Nueva York veinte o treinta años atrás ( Priblisky, 2007 ), y radicalmente opuestos a lo vivido por las familias ecuatorianas en España ( Pedone, 2006 ; Herrera, 2008 ). En primer lugar, la salida, el asentamiento y la inserción laboral se realizan en entornos cada vez más riesgosos y precarizados, en los que las redes sociales y familiares de ayuda se han visto debilitadas. En segundo lugar, las crisis económicas de 2001 y 2008, junto con las transformaciones del mercado laboral y los procesos de regeneración urbana de la ciudad de Nueva York, han producido un efecto de dispersión de estos migrantes en varios asentamientos cada vez más alejados de los tradicionales espacios de ocupación y socialización de la comunidad ecuatoriana en Queens, afectando también sus condiciones laborales y de reproducción social.

En tercer lugar, la condición de clandestinidad con la que inicia el viaje de estos migrantes indocumentados se mantiene durante su experiencia de asentamiento e inserción laboral en la ciudad. Finalmente, las familias indígenas reproducen vínculos intensos con sus familiares y comunidades, a pesar de que muchos de sus miembros no han regresado a sus comunidades de origen en diez o quince años. Se trata de un transnacionalismo forzado y bastante más precario, diferente de aquellas conexiones que tejen los migrantes ecuatorianos en Nueva York con trayectorias de más de treinta años en la ciudad. Estos últimos sí han alcanzado cierta movilidad social y muchos han configurado una suerte de vivir transnacional que incluye retornos temporales, negocios étnicos, conexiones económicas e incluso redes políticas ( Caro-López, 2012 ).

El análisis se basa en trabajo de campo multisituado realizado primero en las comunidades del Cantón Cañar, en las parroquias de Zhud y General Morales, entre los años 2010 y 2013, y posteriormente, en varios lugares de asentamiento de la población indígena en Nueva York y sus alrededores: los sectores de Bushwick y Ridgewood, en Brooklyn y Queens, en Jamaica Queens, el área de Castle Hills en el Bronx, Ossining en el estado de Nueva York y Milford, Massachussetts.4 El trabajo en Estados Unidos se realizó en dos etapas: una primera en 2012, en la cual se entrevistó a familiares de personas provenientes de las parroquias de Zhud y General Morales en Cañar, con las que se había trabajado previamente en un proyecto sobre impactos de la migración en el desarrollo local.

El artículo también recoge entrevistas realizadas en Bronx, Nueva York, en 2016, con otros familiares de las mismas parroquias. En total se pudo reconstruir a 15 unidades familiares provenientes de las parroquias rurales mencionadas. Se entrevistó a varios integrantes de las familias tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Si bien la muestra no pretendía seleccionar personas indocumentadas, la gran mayoría de los entrevistados permanecían indocumentados al momento de la entrevista, incluso quienes contaban con diez o más años de residencia en Estados Unidos. Una excepción la constituyeron algunos jóvenes que en 2016 habían podido beneficiarse de DACA.

La mayoría de las familias tenían hijos nacidos en Estados Unidos y también en Ecuador, que nacieron antes de la migración. Se trata de familias que la literatura ahora denomina familias mixtas ( Debry, 2015 ), para significar que están constituidos por algunos miembros que cuentan con la nacionalidad estadounidense y otros no. Casi todos los entrevistados habían llegado en la primera década de 2000, aunque algunos de sus parientes que al momento de la llegada sirvieron como redes de apoyo habían migrado varios años antes. También se hicieron diez entrevistas a migrantes mestizos provenientes de la provincia de Cañar, pero de origen urbano y que habían llegado a Estados Unidos antes de 2000. Estas entrevistas se realizaron en los tradicionales asentamientos de la comunidad ecuatoriana en Nueva York –Ridgewood, Corona Queens y Buschwick–, a través de contactos con asociaciones y autoridades consulares.5 El sentido de estas entrevistas fue captar la trayectoria de los migrantes de la región sur del Ecuador que antecedieron la llegada de la migración indígena de Cañar, y contar con elementos comparativos que permitan identificar las diferencias entre los dos grupos de migrantes.

El artículo está dividido en seis secciones. La primera parte presenta el marco conceptual desde el que se analiza la convergencia entre precariedad laboral y construcción social de la ilegalidad, que sirve como base para interpretar la experiencia de la migración indígena ecuatoriana a Nueva York. La segunda sección examina algunas de las características de las comunidades de origen para contextualizar la existencia de una cultura de la migración instalada por condiciones estructurales de exclusión. La siguiente sección analiza la salida, luego el asentamiento en los lugares de destino y, finalmente, se presentan las estrategias de inserción laboral haciendo hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres. Se concluye con algunas reflexiones sobre las diferencias existentes entre estos migrantes post 2001 y aquellos ecuatorianos que migraron con anterioridad.

PRECARIEDAD LABORAL Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ILEGALIDAD

En sintonía con la literatura sobre la construcción social de la ilegalidad que se ha desarrollado en los últimos años en el campo de los estudios migratorios ( Donato y Armenta, 2011 ; Boehm, 2012 ; Debry, 2015 ; Golash-Bouza y Hondagneu-Sotelo, 2013 ; Ábrego y Menjívar, 2012 ; Oliviero, 2013 ; Brotherton y Barrios, 2008 ; Shrover, Van Der Leun, Lucassen y Quispel, 2008 ), este artículo concibe a la ilegalidad como una condición social y contingente, que se ajusta a realidades históricas y contextos políticos específicos. Sostenemos que esta condición social de “ilegalidad” cobra existencia al inicio del proyecto migratorio en la localidad de origen, y se refuerza en la vida cotidiana a la que se ven abocados los migrantes en las actuales condiciones del mercado laboral que los empuja a una constante movilidad y dispersión en los asentamientos. El texto examina cómo el lugar de salida y el mismo viaje contribuyen a la construcción social de la ilegalidad y de qué manera estas experiencias, producto de las restricciones impuestas por la política migratoria, convergen con una inserción laboral muy precaria.

El análisis se nutre de dos campos que han sido especialmente influyentes para entender este nuevo momento de la migración indocumentada en Estados Unidos. Por un lado, están las transformaciones hacia una economía postproductiva en la ciudad global ( Sassen, 2000 ; Waldinger, 1996 ; Chin, 2005 ; Cordero-Guzmán, Smith y Grosfoguel, 2001 ) que han modificado considerablemente la relación de los y las migrantes con el mercado de trabajo. Varios autores han mostrado que la globalización económica se asienta en procesos de feminización y racialización de los mercados laborales que han significado mayor precariedad y flexibilización de las condiciones de trabajo ( Flores-Gonzáles, Guevarra, Toro-Morn y Chang, 2013 ). En el caso de la ciudad de Nueva York este proceso de reconfiguración del mercado laboral significó, por ejemplo, la drástica disminución de los talleres textiles que empezó en los años 1980, espacios ocupados principalmente por mujeres migrantes de muchas nacionalidades, entre ellas, mujeres ecuatorianas. Pero además, el mercado laboral se vio alterado por las crisis económicas de 2001 y 2008. La primera, producto del atentado a las Torres Gemelas, significó la reubicación de varias empresas y negocios financieros fuera de la ciudad, afectando la economía de los servicios y la mano de obra migrante masivamente empleada en este sector. En cambio, la crisis global de 2008 impactó en sectores económicos como la construcción, especialmente importante para los migrantes indígenas ecuatorianos varones.

Sin los talleres textiles, o las llamadas factorías, las mujeres van a incursionar en la venta ambulante y el trabajo doméstico pagado por horas; actividades que, como lo han señalado varias autoras, brindan a las mujeres cierta flexibilidad para combinar sus labores productivas y reproductivas aunque no ofrecen seguridad alguna en términos de ingreso y otros beneficios ( Muñoz, 2013 ). La crisis en el sector de la construcción va a significar la búsqueda trabajo por parte de los varones fuera de la ciudad de Nueva York. Los cambios en el mercado laboral para hombres y mujeres van a empujar a varias familias ecuatorianas a salir de la ciudad hacia otros destinos y a buscar empleo en otros nichos. Por ejemplo a los estados de New Jersey y Massachussetts, o a la región norte del estado de Nueva York.

Por otro lado, retomamos la creciente literatura que examina el impacto del endurecimiento de la política migratoria en la vida cotidiana de los migrantes ( Donato y Armenta, 2011 ; Debry, 2015 ; Boehm, 2012 ). Estas autoras han subrayado la importancia de ir más allá de la condición legal y entender que estar indocumentado o “no autorizado” es principalmente una condición social y además, contingente en términos de tiempo y espacio ( Donato y Armenta, 2011 ). Estos trabajos coinciden en señalar que la condición de “ilegalidad¨ en la década de 1980, e inclusive hasta 1990, no significaba realmente una amenaza o constricción en la vida de las familias migrantes indocumentadas.

Por el contrario, en los últimos quince años la restricción del movimiento y, más aún, el crecimiento exponencial de las deportaciones y las devoluciones en la frontera, hacen de la condición de “ilegalidad” un fantasma que condiciona de manera diferenciada la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños/as ( Debry, 2015 ). Pero, además de la zozobra, los trabajos de Boehm (2012) y Debry (2015) muestran que la condición de ilegalidad se convierte en un factor de estratificación social tan potente como la clase o la raza. Por ejemplo, el hecho de que niños en una misma familia tengan o no documentos de residencia puede producir diferencias en el acceso a la educación e inclusive a la salud, en algunos estados.

Es decir, la condición de ilegalidad incide en las oportunidades que esa persona encuentra en su proyecto de vida. Más aún, De Génova (2002) acuña el concepto de “deportabilidad” como un constructo político que ejerce un poder disciplinador sobre la vida de los migrantes. Para este autor el régimen de deportación no es solamente un mecanismo del Estado para expulsar ciudadanos considerados “no deseables”, sino fundamentalmente un régimen de disciplinamiento y control social que constituye al migrante indocumentado en deportable a través de determinadas leyes, reglamentos y procedimientos varios. Esta condición de deportabilidad es entonces producida por el Estado.

Para De Genova y Peutz (2010) este espacio de invisibilidad forzada y subyugación se materializa en la vida del indocumentado de muchas maneras. Por un lado, varias actividades consideradas comunes y corrientes –mundanas– como trabajar, manejar un auto o viajar libremente se convierten en delito. En segundo lugar, la restricción de la movilidad física puede inducir mayor inclinación a aceptar situaciones de explotación laboral. En tercer lugar, puede provocar en los migrantes lo que De Génova denomina “una forzada orientación hacia el presente”, es decir, el proyecto migratorio parece moverse en un tiempo circular, en un acto en permanente reconstrucción, imposibilitando un sentido de proyección ( De Genova, 2002 ).

Las trayectorias migratorias y laborales de los y las indígenas migrantes de Cañar residentes en Nueva York y sus alrededores muestran que tanto la precariedad, producto de la reconfiguración de los mercados laborales globales, como la deportabilidad, conforman el marco en que despliegan sus estrategias de vida.

CAÑAR INDÍGENA Y MIGRANTE

Sin embargo, precariedad y deportabilidad no puede ser entendidos solamente a partir de las condiciones estructurales en las ciudades de destino. Es necesario también una mirada atenta a cómo los lugares donde se origina la migración configuran la experiencia migratoria y las desigualdades que experimentan estas familias. En efecto, estos migrantes provienen de sectores rurales pobres, con procesos de minifundización creciente de sus tierras cuyo usufructo ya no cubre desde hace mucho tiempo sus necesidades de reproducción social. Son sectores que han combinado desde hace varias generaciones la migración interna con las actividades agrícolas ( Vaillant, 2013 ; Rebaï, 2008 ; Jokisch, 2002 ).

También son sectores sociales con largas historias de dominación y resistencia a prácticas racistas por parte del Estado y los grupos mestizos locales, y con una memoria importante de lucha por la tierra ( Vaillant, 2013 ; Eguiguren, 2015 ). La migración constituye entonces no solamente la búsqueda de un mejor futuro económico para sus familias, sino una experiencia donde esos clivajes de dominación –de clase, étnicos y de género– se viven de manera distinta.

La emigración desde el Cantón Cañar ha mantenido un ritmo sostenido en los últimos quince años, en contraste con lo ocurrido en el resto del Ecuador, donde ha disminuido la salida de emigrantes ( Herrera et al., 2012 ). La cadena migratoria iniciada hace cincuenta años se sigue reproduciendo y ampliando en toda la región. La crisis estructural de las comunidades rurales por el proceso de minifundización, el problema de acceso al agua, el desempleo y la expansión de las redes migratorias han extendido el imaginario de la migración como una posibilidad cada vez más cercana para los habitantes del Cantón Cañar. En estos últimos quince años son las comunidades indígenas las que han entrado activamente a estas cadenas. Así, en los censos poblacionales de 2001 y 2010 las parroquias rurales mayoritariamente indígena de Zhud y General Morales del Cantón Cañar, encabezaron las cifras migratorias.

Además, el patrón tradicional de una migración rural masculina va cediendo paso a una migración cada vez más feminizada. Un flujo silencioso y persistente de mujeres indígenas salen a hacer el camino. Al igual que el estudio de Boehm (2012) sobre familias transnacionales entre México y Alburquerque, en Cañar la infidelidad no es tan temida como el que los cónyugues dejen de enviar remesas para el sustento diario y la compra de activos que puedan asegurar un futuro de bienestar para las familias. Por ello, muchas mujeres deciden reunirse con sus parejas argumentando que tiene que evitar el abandono conyugal. El grado de endogamia entre las parejas tanto en Cañar como en Nueva York es muy alto, pero además el lazo de parentesco y étnico persiste y configura las estrategias migratorias y laborales. Por ejemplo, varios jóvenes relataron que no conocían personalmente a los familiares con los que se encontraron al llegar y facilitaron su venida a Estados Unidos, a pesar de ello, el lazo de confianza basado en el parentesco es suficiente para emprender el viaje y migrar.

La proporción de los migrantes que dejan hijos/as menores de 18 años en origen es más alta en los hogares indígenas (67%), sobre todo cuando las que se van son las mujeres (69%). Mientras 26 por ciento de los niños y niñas de Cañar tiene a uno o a ambos padres en el extranjero, el porcentaje sube a 36 por ciento cuando se trata de hogares indígenas ( ODNA, 2008 ). De las entrevistas a jóvenes indígenas en Nueva York se pudo colegir que varios de ellos vivieron infancias separados de su mamá y su papá, a cargo generalmente de sus abuelos, y cuando llegaron a Nueva York pudieron compartir la vida cotidiana con sus padres y madres y reconocerse nuevamente.

Se trata, además, de familias que mantienen intensas conexiones a la distancia. Así, de acuerdo a la encuesta PIC-FLACSO (2012), 80 por ciento de las familias en estas dos parroquias mantiene relación con sus familiares en Estados Unidos, ya sea porque se comunican regularmente (al menos una vez al mes), porque reciben regalos –sobre todo ropa (al menos dos veces al año)– y porque reciben remesas (mensualmente y cada tres meses en su mayoría, de hijos/hijas y esposos).

En definitiva, similar a muchas localidades y regiones de México o Centroamérica, en las parroquias indígenas de la provincia de Cañar la migración internacional forma parte de las estrategias de reproducción social de varias generaciones. Pero, a diferencia del caso mexicano, esta migración no ha disminuido en los últimos años sino que, por el contrario, se ha sostenido a pesar del creciente riesgo que significa el cruce las fronteras para los migrantes y los cambios en los mercados laborales donde se insertan.

“HACER EL CAMINO”

En efecto, casi la totalidad de los migrantes entrevistados, antiguos y más recientes, indígenas y mestizos, cruzaron la frontera México/Estados Unidos por vías clandestinas con la ayuda de “pasadores”, “coyoteros” y prestamistas, siendo partícipes de una industria ilegal de la migración indocumentada instalada en este circuito Cañar-Nueva York desde hace muchos años. El cruce de la frontera ha sido analizado por otros autores como Jason de León (2013) quien examina las acciones de la patrulla fronteriza en el desierto de Arizona y relata la historia de la desaparición de una mujer ecuatoriana en el desierto, y también por Voigt (2013), en el caso de las violencias a las que se enfrentan los centroamericanos al cruzar México camino a Estados Unidos.

Al igual que estos trabajos, los testimonios de los migrantes de Cañar muestran que a diferencia de hace años, hacer el camino puede tener una connotación de viaje sin retorno. Cada una de las personas que deja su comunidad sabe que la llegada ya no es segura y el retorno es incierto. Lo señalan las huellas de los que se han ido, sus casas vacías, sus terrenos baldíos, las madres y padres ausentes, y también están las historias de los desaparecidos ( De León, 2013 ). Es decir, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos impacta en la misma geografía de los lugares de salida de la migración y la vida de sus habitantes.

Las personas que emprenden el viaje no están solamente cruzando las fronteras en busca de un trabajo en el Norte. Hacer el camino también crea un sentido de empatía y de identificación como si a partir de allí se cruza también una frontera subjetiva y se empieza a ser migrante “ilegal”.

Me fui en barco hasta Guatemala, luego en bus y luego caminando, caminando caminando hasta la frontera, luego hasta Los Ángeles… caminando y luego en bus hasta Brooklyn... Lo más duro para mí era para salir a tierra, cuando nos subieron a las lanchas, después de los ocho días que estuvimos en el agua, es la salida… quince horas en lancha… eso es lo más feo para mí, el agua salada le parte la cara, le parte la piel [a una], parece que ya se vira y si se cae ahí... ahí queda..., el agua le golpetea, de los golpes parece que le han arrastrado después… de ahí lo que se camina, se camina escondido por los cerros, con miedo de los pantanos... (Rosa, retornada, Cañar, agosto 2012).

Las experiencias de incertidumbre y desasosiego de hombres y mujeres durante el viaje los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema al entregar su vida y literalmente sus pertenencias a personas desconocidas, pues en muchos casos se les confisca objetos personales que denoten que son viajeros. Al tiempo que deben negar su condición de migrantes viajeros, traspasan el umbral de lo permitido y se constituyen en “ilegales” antes de llegar a territorio estadounidense.

Los relatos dejan ver que las travesías se han complejizado; los viajes son más largos, por rutas más entreveradas que comprender mar y aire. Nuestros viajeros andinos están acompañados cada vez más por hombres y mujeres de todo el mundo. Los y las entrevistadas recuerdan a viajeros de la India, de China, Perú, Colombia, además de los centroamericanos. En varias ocasiones son devueltos a la frontera mexicana y vuelven a hacer el cruce hasta tres veces.

La estrategia frente a las devoluciones y al endurecimiento de las condiciones del viaje ha sido mimetizarse entre los otros migrantes, principalmente los centroamericanos o mexicanos. Esta es la forma aconsejada por los propios coyoteros o la misma gente devuelta que está en su segundo y tercer intento.

Lo anteriormente descrito tiene consecuencias no esperadas, pues algunas veces las personas no son encontradas precisamente porque han ocultado su nacionalidad ( Álvarez, 2016 ). Esto difiere de los relatos de migrantes que llegaron alrededor de 1980 e inclusive en 1990, que si bien también cruzaron clandestinamente por México, lo hicieron en menos tiempo, a menor costo y sin zozobra. Por ejemplo Oswaldo, quien ahora es propietario de un restaurante de comida ecuatoriana en Brooklyn, salió de Cañar y en una semana estaba ya en Nueva York. Realizó un viaje por avión a la ciudad de México y cruzó la frontera en tres días. Oswaldo, además, pudo beneficiarse de la regularización migratoria de IRCA en 1986 (Immigration Reform Contral Act) a través de la cual se legalizaron aquellos migrantes que llegaron a los Estados Unidos antes de 1982. También difiere de la forma en que los ecuatorianos emigraron a España a finales de 1990, quienes generalmente entraron a España con visado de turista y se quedaron a trabajar. Este grupo de migrantes se benefició de un programa de regularización emprendido por el gobierno español en 2005; además, al día de hoy muchos han adquirido la nacionalidad española.6

En definitiva, la “ilegalidad” como identidad, estigma o marcador social queda entonces instituida en el viaje. Pero los relatos migrantes también apuntan a la superación de situaciones adversas, inclusive luego de experimentar detenciones y devoluciones. Es decir, al tiempo se que constituyen como “ilegales” los migrantes aprenden a navegar con esta condición, aunque sea de manera precaria y riesgosa. Al momento que se instituye la ilegalidad también se la transgrede.

EL ASENTAMIENTO: DEL ENCLAVE ÉTNICO A LA DISPERSIÓN

Pero el viaje también trae secuelas de más largo aliento. Esta práctica de confundirse entre otros va a ser una forma de estar en el mundo, en su condición de migrantes, que perdura después del viaje. Produce con el tiempo una especie de invisibilización, un no hacerse sentir para escabullirse de los riesgos y del peligro. A la violencia del cruce se suma ahora la condición de deportabilidad en la vida cotidiana; los migrantes indígenas buscan pasar desapercibidos y parecen ser invisibles en el mismo entorno donde habitan. Así, el párroco de una de las iglesias más frecuentada por los migrantes ecuatorianos en Brooklyn, incluidos los indígenas quichua-hablantes de las comunidades de Cañar, no sabía que a su iglesia asistían personas quichuas hablantes: mujeres que en su tiempo libre siguen hilando o cosiendo sus polleras para las fiestas, jóvenes con grupos de música y danzantes de Cañar.

Su presencia resuena solamente cuando surgen conflictos con las autoridades locales o federales. Por ejemplo aquel vivido en septiembre de 2011 en la comunidad de Milford, en Massachussetts, a raíz de un atropellamiento por parte de un migrante indígena de un joven de origen italiano. La comunidad local organizó una serie de protestas y pidió la expulsión de los migrantes de la zona, acusándolos de violencia y consumo excesivo de alcohol.7 A raíz de este evento, muchos migrantes han dejado de conducir o lo hacen en altas horas de la noche, para evitar el control por parte de los agentes, pues existen varios casos de detenidos por licencias caducadas o falta de papeles que han derivado en deportaciones. Este es el caso de Juan, luego de un episodio con la policía por manejar con su licencia caducada enseñó a manejar a su esposa, quien por ser mujer es menos visible para la policía. Esto confirma lo que otros estudios han mencionado sobre la construcción masculina y racializada de los “ilegales” ( Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013 ).

A este ocultamiento también han contribuido los cambios en las formas de asentamiento. Si bien Queens concentra 63 por ciento de la población ecuatoriana en Nueva York (125 891 personas en 2008), el Bronx, donde se asienta mayoritariamente la población indígena, pasó de 12 277 a 29 314 ecuatorianos entre 1990 y 2008 ( Caro-López, 2011, p. 8 ). Pero además, las familias indígenas entrevistadas relatan un recorrido de cambios residenciales constantes. Si bien en su mayoría llegan a Brooklyn o Newark en el estado de New Jersey, al poco tiempo se instalan en otros lugares como el Bronx o en pueblos satélites de Nueva York, como Spring Valley u Ossining. Un factor que ha influido considerablemente en esta dispersión, es el encarecimiento de los arriendos debido a los procesos de gentrification –o regeneración urbana– que han convertido a zonas como Bushwick o Ridgewood, tradicionalmente latinas y de mucha población ecuatoriana, en barrios para jóvenes estudiantes o profesionales de clase media, generalmente blancos.

Así, aunque algunas familias indígenas todavía viven en este sector y allí se encuentra tanto la principal iglesia católica a la que asisten como también una iglesia evangélica liderada por un pastor quichua de Cañar, muchas de las familias han salido del barrio y residen ahora en Jamaica Queens, junto con comunidades indias y pakistaníes, en el sector de Chinatown de Queens. Esta dispersión los aleja de las redes familiares, siendo las mujeres las más afectadas, por carecer de redes de ayuda de cuidado y también del contacto cotidiano con una comunidad fuerte. Muchas de las mujeres que entrevisté, hijas y madres, no se visitaban por cerca de dos o tres meses, algo impensable en sus comunidades de origen. Pero además, tanto el desplazamiento de ciertos centros de trabajo fuera de Manhattan, a partir del evento del 11 de septiembre de 2001, como la búsqueda de nuevos nichos laborales, ha empujado también a estas familias a salir de los enclaves tradicionales originales de la comunidad ecuatoriana en Nueva York.

INSERCIÓN LABORAL

Los hombres: recorriendo los suburbios en busca de techos y jardines

Uno de los temas más recurrentes en mis conversaciones sobre las trayectorias migratorias y laborales con los migrantes más antiguos, anteriores a 2001, era que los tiempos pasados fueron mejores. Así, por ejemplo Juan, mestizo oriundo de la ciudad de Biblián en la provincia de Cañar, llegó a Nueva York en 1984. Juan provenía de una familia de campesinos y empezó a trabajar a los doce años como ayudante de su tío transportista. Muy pronto migró a Guayaquil para trabajar temporalmente en la industria camaronera, hasta que un primo lo convenció de viajar a Nueva York en 1984, donde ya residían varios familiares. Al llegar Juan empezó a trabajar lavando platos en el mismo restaurante que su primo. Desde entonces se mantuvo en el sector de los servicios de restauración y poco a poco, al pasar de los años, logró hacer un capital que le llevó a invertir en su propio negocio. En el momento de la investigación era propietario de un restaurante de comida ecuatoriana en Brooklyn. Si bien esta es una trayectoria particularmente exitosa –la de convertirse en propietario de un negocio– presentaba dos elementos que sí son generalizables para el conjunto de trayectorias anteriores a 1990 y que son, por un lado, la inserción en un nicho laboral relativamente estable, que es el trabajo en restaurantes, en el que empieza un proceso laboral ascendente desde lavaplatos hasta cocinero, y por otro lado, la posibilidad de obtener papeles de residencia legal, lo cual significa, si no el asentamiento definitivo, al menos la reunificación familiar.

En contraste, aquellos migrantes que llegaron después de 2001 tenían trayectorias laborales menos estables, y se habían visto imposibilitados de obtener papeles. Más bien, sus trayectorias mostraron complejos entramados de un ir y venir entre la temporalidad, la precariedad y el desempleo. El “día a día” es la regla.

En efecto, los varones indígenas de Cañar post 2001 compartían y comparten hasta ahora nichos laborales con los migrantes recién llegados desde Honduras y Guatemala. Los hombres ocupaban un nicho particular de la construcción, que era el del mantenimiento de techos (el roofing), y el trabajo como jardineros en las casas de suburbio de la clase media, general pero no exclusivamente blanca. Estos eran principalmente trabajos estacionales que se realizan en el verano. Se organizaban en cuadrillas de cuatro o cinco personas al mando de un maestro albañil que hacía de intermediario para conseguir los contratos con los dueños de las casas. El sistema era muy parecido al trabajo de jornal en los campos españoles o mexicanos examinados por Lara Flores (2006) o Pedreño (2007) . En esos trabajos funcionaban las redes familiares y de pertenencia territorial.

La mayoría de los entrevistados trabajaban con o para parientes y/con o para personas de su comunidad. Se trataba de cuadrillas de la construcción que se movilizan en el área de tri-state, que comprende Nueva York, New Jersey y Connecticut. Su radio de acción era bastante amplio y se ensanchaba cada vez más debido a la escasez de contratos. Si algunos años previos a la investigación se podían quedar en un solo sector, después debían recorrer varios lugares. La idea de moverse constantemente era una necesidad de sobrevivencia, no sólo por la búsqueda de trabajo sino por su situación de indocumentados, ya que intentaban evitar ser detectados en un solo lugar.

Dos factores en particular caracterizaban la precariedad de sus labores. Por un lado, se trataba de servicios prescindibles: “si el invierno no es fuerte, no hay trabajo en el verano” (o sea que no se dañan los techos y por tanto no hay necesidad de repararlos). Por otro lado, estaba la temporalidad y falta de regularidad. Pues como lo relató un entrevistado “hay semanas enteras en que no hay trabajo”. Las temporadas de invierno eran especialmente difíciles, por eso se trabajaba hasta 15 horas diarias en el verano para poder tener ahorros para el invierno “de vacas flacas”, tal como sucede con los ciclos agrícolas del campo. La idea de falta de trabajo era una fuente permanente de angustia, especialmente entre los recién llegados. A pesar de la dureza de las condiciones de trabajo en el verano debido a las altas temperaturas, los entrevistados se quejaban de que algunas veces los empleadores suspendían las labores, quedándose entonces sin ingresos:

[…] uno se siente desesperado, esta semana misma sólo trabajé un día, no se aguanta uno afuera. Además no se trabaja por las aguas, no se trabaja por el calor, no se trabaja por el frío...., no nos dejan trabajar los supervisores, entonces uno se siente desesperado y no se sabe cómo se va a pagar la renta, la comida misma, allá [en Ecuador] si uno no trabaja un día no pasa nada… se pasa dos, tres, cuatro días sin trabajar y no pasa nada, se tiene la casa, la comida... cualquier cosa… aquí no, aquí si no se trabaja un día no se paga la renta… por eso me siento desesperado, eso no me enseño 8 … Yo no trabajaba en construcción allá, por eso me agarra de nuevo… aquí uno se siente desesperado si no trabaja un día (Humberto, Ossining, NY, noviembre de 2012).

En otro momento, Humberto relató sus distintos trabajos en lavanderías, restaurantes y jardines. El recorrido que nos contó Humberto, con seis meses de estadía, no era muy distinto del que relató su cuñado David, con siete años de residencia en Estados Unidos.

En una ocasión, David me recogió de la estación de tren en un auto Ford 4 X 4, la presencia del auto me hizo pensar en una migración exitosa, al menos económicamente hablando. Sin embargo, David empezó señalando la escasez de trabajo por la crisis, pero también por la competencia con la llegada de centroamericanos al nicho de la reparación de techos: “por eso pagan 60 y 70 (dólares) el día y la gente acepta y cuando ya están ahí se dan cuenta que no es conveniente.” Es decir, se confirmó que la forma de trabajo era a través de contratistas por jornal. Él había trabajado bajo esa modalidad todo el tiempo: cortando césped, arreglando techos, de pintor, en cableado, haciendo muros, arreglando jardines. Me relató con un sinfín de detalles prácticamente los mismos oficios que Humberto. Estas historias de precariedad se repetían en varios de los hogares entrevistados, los más antiguos eran de contratistas, y traspasaban la crisis y la escasez de trabajo a los jornaleros, bajando los salarios y las horas de trabajo.

Por otra parte, un factor adicional que entorpeció esta movilidad en el trabajo del roofing fue la medida que tomada por el estado de Nueva York de no revalidar las licencias de conducir a personas que no tuvieran regularizada su residencia en el país. Esto significó que muchos de estos contratistas tuvieron limitaciones de movimiento, pues a pesar de los años y del dinero acumulado no contaban con papeles. El trabajo dependía entonces no solamente de la demanda de trabajo por parte de los propietarios de los suburbios de clase media, sino también por el marco legal al momento de la investigación que limita sus movimientos: Estado, deportabilidad y mercado se articulan para configurar una inserción laboral precaria para estos migrantes.

Por último, si bien todos estos trabajos se presentaban como estructuras de oportunidades enclaustradas en redes de parentesco y de pertenencia territorial, esto no las hacía necesariamente solidarias u horizontales. Por ejemplo, en algunos casos se pudo constatar cierta conexión entre las redes que arreglaban la ida de los migrantes y aquellas a través de las cuales consiguía el primer trabajo. Esto puede significar una vinculación entre el pago de la deuda por el viaje y el trabajo conseguido, que vincula la precariedad con posibles redes de tráfico de personas.

En definitiva, la precariedad que caracterizaba la inserción laboral de los varones tenía que ver con determinadas condiciones de trabajo, es decir su inestabilidad, su temporalidad, la incertidumbre y la dureza del mismo. Ahora, los ingresos obtenidos podían ser altos en ciertos períodos, cuando se obtenían buenos contratos, e inexistentes en otros momentos. El pago de las deudas por el viaje, la necesidad de enviar remesas a los familiares y las expectativas sobre la construcción de la casa de la familia de los familiares que se habían quedado en Ecuador, hacían que los varones migrantes todavía prefirieran quedarse en Estados Unidos, a volver a las condiciones de pobreza de sus comunidades, pues significaría demostrar fracaso.

Inserción laboral: las mujeres en busca de casas que limpiar

Si los hombres recorrían los suburbios en las Vans en busca de techos para reparar, las mujeres salían en otras Vans a buscar casas que limpiar. Al igual que la construcción, estos trabajos eran y son organizados por coterráneos o, al menos, por connacionales. María Antonieta vivía desde hacía seis años en Ossining y desde el inicio trabajó con una señora mestiza de Girón, Provincia de Azuay, Ecuador, limpiando casas. Ella era quien conseguía las casas y llevaba en su auto a cuatro mujeres por varios condados de la ciudad de Nueva York. Generalmente alcanzaban a limpiar tres o cuatro casas al día en jornadas de siete de la mañana a ocho de la noche y, al igual que los hombres, recibían un jornal, que era mucho más bajo que en la construcción, pues en limpieza oscilaba entre 60 y 70 dólares, mientras que en la construcción los varones recibían alrededor de 200 dólares al día. María Antonieta, oriunda de Zhud –parroquia rural indígena del Cantón Cañar–, estaba cómoda con esta modalidad, le gustaba moverse por todos lados, prefería ese trabajo que estar en un restaurante o en una lavandería. La llevaban a “Connecticut, al Bronx, a Jersey City, a Queens, y a distintas casas... de morenos, de chinos, de americanos...”

Así como existen todavía estas cuadrillas de mujeres recorriendo casas, este tipo de organización se repite en el ejercicio de otros oficios, esta vez interétnicos. Es el caso de manicuristas o personas que trabajaban en salones de belleza que eran contratadas por los dueños de estos lugares, generalmente hombres coreanos, que recogían a las mujeres por la mañana y las regresaban a sus casas en la noche, luego de extenuantes jornadas.

Un artículo del New York Times reporta un crecimiento exponencial de estos salones, que desde el año 2000 se han triplicado en la ciudad de Nueva York y que mantienen los precios más bajos del mercado nacional por el servicio de manicure sobre la base de la explotación del trabajo de mujeres inmigrantes. El artículo recoge testimonios de mujeres inmigrantes chinas, coreanas, tibetanas y ecuatorianas que denuncian no recibir el salario mínimo por hora y muchas otras formas de discriminación ( Maslin Nir, 2015 ). En el trabajo de campo realizado en 2012 y 2016 los primeros oficios de varias adolescentes indígenas fue precisamente en estos nail salons, generalmente fuera de Nueva York, en áreas de Connecticut y el Bronx, en donde conviven con migrante indígenas de Guatemala y México.

De la factoría a la venta ambulante

A diferencia de los hombres que prácticamente se ocupaban indefectiblemente en la construcción, las mujeres indígenas ejercían varios empleos. Aparte de la limpieza y las manicuristas, algunas mujeres trabajaban en los pocos sweatshops todavía existentes en la ciudad. A pesar de los procesos de reconversión productiva hacia una economía de servicios que prácticamente eliminó las manufacturas textiles en Manhattan en los años noventa ( Waldinger, 1996 ), todavía a finales de la década de 1990 y en el 2000 muchas mujeres indígenas empezaron su primer trabajo en las llamadas factorías, con dueños dominicanos, coreanos, italianos. Ahora algunas de estas factorías eran propiedad de ecuatorianos. Si bien estas fábricas ya en los años 1990 y 2000 estaban localizadas en Brooklyn y New Jersey, principalmente, en 2016 todavía quedan unas pocas en el área de Midtown Manhattan que reclutan trabajadoras jornaleras. En una mañana de marzo de 2016, en la Calle 38 con Octava Avenida se podían contar alrededor de 30 mujeres esperando ser reclutadas, en su gran mayoría eras mujeres indígenas y mestizas ecuatorianas. En ellas se encontraron diversas modalidades de trabajo: a destajo, por jornal, por hora.

Cuando Inés recién llegó a vivir a Nueva York, dos días después del atentado a las Torres Gemelas, su cuñada le llevó a una factoría, cuya dueña era una mujer guayaquileña: “esa mujer se aprovechaba de las ecuatorianas, de las mujeres indígenas sobre todo, las de Zhud, todititas estaban ahí… pagaba por semana 80 y nos descontaba el transporte”. Al principio, Inés pasaba cortando hilos todo el día, luego aprendió a usar las máquinas de coser y entonces le pagaron un poco más, 200 dólares por semana. Inés trabajó en varios talleres tanto en Brooklyn como en Midtown Manhattan, con dueños de distintos orígenes y diferentes modalidades de pago: por horas, a destajo, por días. Así es que Inés pudo enviar dinero para mantener a sus cuatro hijos y luego logró traer a tres de ellos contrayendo deudas de $12 000 dólares cada uno. Se trataba de empresas estudiadas en la década de 1990 por Margaret Chin (2005), quién encontró en estas manufacturas mano de obra ecuatoriana en grandes cantidades.

Con el paso de los años y la inseguridad frente a las factorías que empezaron a escasear, las mujeres de Zhud entraron en el negocio de la venta ambulante: “ahí no molesta nadie, es más tranquilo, puedo quedarme esperando que recojan al hijo de la escuela y luego me voy...”. Se trata de un trabajo estacional como el de los hombres. Las mujeres compraban cajas de mangos, los cortaban y los vendían en bolsas pequeñas por las calles de Brooklyn. Sus compradores eran transeúntes mexicanos y afroamericanos de las calles de Downtown Brooklyn, “los morenitos compran con limón, los mexicanos con el picante…”.

Si bien este trabajo era considerado por Inés como más agradable porque se manejaban autónomas, con sus propios horarios, y no le rendían cuenta a nadie, también relató varios episodios con los policías municipales; inclusive dos ocasiones en que fue apresada porque estaba vendiendo en una calle para la que no tenía permiso. La primera vez se asustó mucho y pasó la noche allá, la segunda ya no tanto, y después lo veía como gajes del oficio. El problema fundamental para ella era el costo de la fianza cada vez que esto ocurría. Con todo y arrestos, Inés tenía una percepción ambigua frente a la policía: “no son todos malos, ellos mismos compran los mangos, es prohibido vender en... Street, pero en cambio ahí es donde más compran…entonces ellos mismos nos dicen en español...´ya vaya señora, vaya...no he visto nada… vaya a otra calle´…. ellos nos ayudan”.

Este tipo de experiencias se asemejan a los estudios de Muñoz (2013) que muestran que la venta ambulante puede significar una alternativa para las mujeres que logran organizar mejor sus jornadas de cuidado con los hijos. Así mismo, este percepción de la venta ambulante como trabajo digno por parte de las mujeres, y la forma pragmática como es percibida y negociada la transgresión de las reglas, son también trabajados en el texto de Estrada y Hondagneu-Sotelo (2011), quienes analizan la venta ambulante de adolescentes latinas en Los Ángeles.

En definitiva, el mercado laboral de los y las migrantes ecuatorianos oriundos del Cañar se caracterizaba por la precariedad, la temporalidad y después por el movimiento permanente. Hombres y mujeres recorrían la ciudad, ya fuera en cuadrillas de jornaleros y jornaleras de servicios urbanos en las Vans de sus intermediarios, o en las calles, con la venta ambulante. Se trataba de empleos fortuitos, prescindibles, invisibles en su mayoría.

Estas tres características posibilitaban su existencia, de lo contrario, una mayor visibilidad en tiempos de crisis y sin papeles habría ido en contra de su sobrevivencia. Mimetizados en las calles de la ciudad, algunos de los oficios implicaban relaciones interétnicas, ya sea porque sus contratistas y sus “jefas”, como las llaman las mujeres, eran migrantes más antiguas, de otras nacionalidades, o porque se trata de ecuatorianos mestizos. En ese último caso, se encontraron en varios casos formas de explotación laboral y de reproducción de relaciones de dominación presentes en origen. Es necesario seguir explorando esta veta en donde los vectores de desigualdad tiene que ver con construcciones racistas que en origen se combinan claramente con desigualdades de clase, mientras que en los entornos migrantes, donde se tienden a diluir los marcadores de clase, parecen persistir estos marcadores de desigualdades étnicas que permean las relaciones entre nacionales de un mismo país.

Por otra parte, en cuanto a las relaciones laborales con otros grupos de migrantes, estos marcadores étnicos eran invisibilizados y más bien las relaciones se regían por clivajes de clase o por ejes de desigualdad basados en la vulnerabilidad que provoca la falta de documentos. Por último, una característica importante, sobre todo en la venta ambulante, es que ésta se reproducía en nichos de consumo para los mismos inmigrantes.

CONCLUSIONES

El análisis de las trayectorias migratorias, laborales y de asentamiento de estos migrantes post 2001 se diferencian tanto de las experiencias de los ecuatorianos que llegaron en la década de 1990 a Nueva York,9 como de aquellas de los ecuatorianos que salieron para Europa10 y, además, no se explica únicamente por su situación de recién llegados. En efecto, hemos mostrado que la trayectoria de los ecuatorianos mestizos, de origen urbano y rural, que han llegado en décadas anteriores, si bien no es ascendente y lineal, sí comparte mucho de una historia de progresiva integración socioeconómica, aunque culturalmente sigan excluidos y el sentido de pertenencia sea mucho más complejo de lo que una línea asimilacionista propone.

En efecto, esta primera exploración a la vida de las familias indígenas migrantes muestra una trayectoria, una condición y un escenario a futuro diferente, en el que los procesos de exclusión no tienden a desaparecer, sino que persisten e incluso, se acentúan. Varios factores se entretejen para crear esta situación. En primer lugar, está la crisis económica de 2008 que causó un estancamiento de la economía afectando la capacidad de gasto de las familias de clase media, sector social al que están vinculadas económicamente estas familias migrantes a través de la entrega de servicios bastante puntuales y precarios, como son el mantenimiento y limpieza de sus casas en verano. Es decir, se trata de nichos laborales extremadamente estrechos y poco flexibles.

En segundo lugar, la falta de papeles ha perpetuado su situación de irregularidad y los convierte en excluidos estructurales, sin posibilidad de movilidad laboral, económica, y menos, social. Esta crisis de legalidad tiene efectos directos e indirectos. Por un lado, están las amenazas y aprehensiones para la deportación que, en términos prácticos significan grandes montos de dinero a desembolsar para cubrir las fianzas necesarias para que la persona salga en libertad. Por otra parte, la falta de papeles limita considerablemente la movilidad de las personas por miedo a ser aprehendidos, en una coyuntura en que, como hemos visto, sus posibilidades de trabajo dependen de su capacidad de moverse de un condado a otro.

De manera indirecta, la imposibilidad de contar con un trabajo estable coloca al proyecto migratorio del migrante en una especie de tiempo circular en el que pasan los días y todo vuelve a empezar: se enfrentan los mismos riesgos, la escasez, las mismas dificultades, sin que exista la posibilidad de fijarse en el espacio. Por el contrario, deben cambiar de vivienda a cada rato en la búsqueda de un mejor precio, y los trabajos cambian constantemente, por tanto se vuelve imposible cualquier estrategia de manejo de los riesgos de mediano plazo.

En tercer lugar, este doble entorno de crisis provoca un encerramiento de la reproducción social de estas familias en las redes más cercanas, que poco a poco se van agotando. Lo que en un inicio puede ser visto como acaparamientos de oportunidades a través de redes familiares, con el tiempo puede convertirse también en la imposibilidad de moverse hacia otros espacios y otros trabajos debido a las limitaciones legales.

En definitiva, debido a la crisis económica de 2008 y como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias, estas familias entretejen cada vez más sus prácticas de reproducción social y su proyecto migratorio en condición de precariedad, mismos que parecen reproducirse y profundizarse, en lugar de cambiar.

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Notas

1 En Ecuador la división administrativa territorial a nivel rural es la siguiente, de lo más pequeño a lo más grande: comunidad, parroquia, cantón, provincia.

2 En 2012, la entonces Secretaría Nacional del Migrante, investigó el paradero de 64 personas desaparecidas tras emigrar a Estados Unidos, en su gran mayoría de las provincias de Azuay y Cañar (Diario El Comercio, 2012).

3 El trabajo de campo en la ciudad de Nueva York se realizó gracias a dos financiamientos del Fondo de Desarrollo Académico de FLACSO Ecuador, en 2012 y 2016, que me permitieron hacer visitas cortas de dos y tres semanas, y a una Beca Fulbright de intercambio en 2013 que me permitió realizar una estancia de tres meses. El trabajo de campo en Ecuador lo realicé en el marco del proyecto sobre impactos de la migración en el desarrollo local (PIC-FLACSO, 2009-2014), gracias a un financiamiento de la Cooperación Interuniversitaria de Bélgica.

4 Empleadores ecuatorianos, líderes de la comunidad ecuatoriana, funcionarios del Consulado del Ecuador y funcionarios de la extinguida SENAMI (Secretaría Nacional del Migrante), entre otros.

5 Se calcula que hasta 2014 aproximadamente 230 000 ecuatorianos habían adquirido la nacionalidad española (Iglesias Martínez, 2015).

6 Este evento tuvo una cobertura importante en la prensa local del Estado de Massachussets. Ver entre otros Martinez, (2011) y Vásquez Toness (2011).

7 Quiere decir “no me acostumbro”.

8 Ver Priblisky (2007), quien examina las relaciones de género y los procesos de asentamientos de estos migrantes en la década de 1990 en Nueva York.

9 Sobre migración ecuatoriana a España e Italia ver los trabajos de Pedone (2006) Herrera (2008), Lagomarsino (2007). Respecto a los procesos de retorno debido a la crisis global 2008 ver Herrera (2012), Moser (2015) Herrera y Pérez Martínez (2015) y Boccagni (2011).



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INTRODUCTION

On August 25, 2010, Mexico’s El Universal newspaper published the news of the discovery of a mass grave with 78 bodies—58 men and 14 women—in a ranch in the town of San Fernando, in the state of Tamaulipas, northwest of Mexico ( El Universal, 2010 ). Presumably, these were the bodies of migrants heading for the U.S.-Mexico border, who were victims of a gang linked to drug trafficking. The only survivor was a young indigenous man from a rural Andean community in the province of Cañar in southern Ecuador, who alerted Mexican officials about this event.

Four years later, on March 11, 2014, a 12-year-old Ecuadorian indigenous girl from the same province died in a shelter in Ciudad Juárez, a border city 1400 kilometers from San Fernando. The news from the newspaper El Comercio in the city of Quito indicates that the girl was attempting to cross the Mexico-United States border for a second time to reunite with her parents in New York City, to which they had emigrated ten years ago ( Castillo, 2014 ).

These two events circulated globally, prompting reactions from governments, civil society organizations and other institutional actors, who unanimously condemned human trafficking as a devastating global reality and drew attention to the increasingly close relationship between these events and transnational organized crime. The issue was primarily framed by governments and the media as a national security problem that threatened to become a regional problem.

In contrast, at the local level in the rural communities where these two migrants came from, these events are not extra-ordinary, but are part of the everyday narratives of their inhabitants. Among the inhabitants of Canton Cañar, belonging to the province of the same name, the death or disappearance of a migrant family member is an experience shared by several and, in many cases, the bodies are never recovered. Therefore, the case of Tamaulipas not only showed the violence of organized crime, but also made visible a migration flow that had remained relatively unknown until then: that of young members of Ecuadorian indigenous communities who undertake “el camino” (the road) to New York and the East Coast of the United States, where their families and neighbors have settled for at least twenty years.

According to the 2010 Population Census, Canton Cañar has 59,323 inhabitants, of which 45,916 come from rural areas; 46% of the rural population self-identifies as indigenous ( INEC, 2011 ). Cañar is the third canton with the greatest international emigration at the national level and the only canton where emigration has not decreased in the last ten years ( Herrera, Escobar & Moncayo, 2012 ). In addition, the data express two new trends: a progressive feminization and also an increase in the outflow of minors ( ODNA, 2008 ).

According to his account, the young indigenous man who was ambushed was traveling to reunite with his parents, who had emigrated to New York four years earlier. He had left behind his wife, who was 17 years old and pregnant with his first child, and with whom he had been in a relationship since he was 15 years old (Diario digital INFOBAE, 2010 ). Likewise, the dead girl in the border city was traveling with another girl her own age, who was also pursuing family reunification because it was impossible for her father or mother to take her to the U.S. through regular channels since they lacked legal residency documents.

This article analyzes the migration of Ecuadorian indigenous families from the province of Cañar to New York City in the context of the intensification of violence at the Mexican border. For this study, we chose to situate transit violence within the framework of other structural violence that affects the lives of these families. The migration trajectories show that together with the increasingly risky conditions of the trip, these migrants have also experienced important changes in conditions of labor market insertion and settlement. This has led to a greater precariousness of social reproduction, making social mobility more difficult and increasingly exposing migrants to deportation.

In fact, the migration and life projects of these families are very different from those experienced by other Ecuadorian migrants in New York City twenty or thirty years ago ( Priblisky, 2007 ), and radically different to what Ecuadorian families experienced in Spain ( Pedone, 2006 ; Herrera, 2008 ). In the first place, departure, settlement and labor insertion take place in increasingly risky and precarious environments, in which social and family support networks have been weakened. Secondly, the economic crises of 2001 and 2008, along with transformations in the labor market and urban regeneration processes in New York City, have led to the dispersion of these migrants among various settlement locations, increasingly far away from the traditional spaces of occupation and socialization of the Ecuadorian community in Queens, which in turn affects their working conditions and social reproduction. Thirdly, these migrants’ experiences of settlement and labor insertion in the city extend the clandestine conditions with which they began their journey. Finally, indigenous families reproduce intense ties with their families and communities, despite the fact that many of these community members have not returned to their communities of origin in ten or fifteen years. It is a forced transnationalism that is much more precarious, different from the connections made by Ecuadorian migrants in New York who have been in the city for more than thirty years. While the latter have achieved a certain social mobility, many have built for themselves a kind of transnational living, one that includes temporary returns, ethnic enterprises, economic connections and even political networks ( Caro-López, 2012 ).

The study is based on multisite fieldwork carried out first in the communities of Canton Cañar, in the parishes of Zhud and General Morales, between 2010 and 2013, and subsequently in several indigenous settlement sites in and around New York: Brooklyn’s Bushwick neighborhood, Ridgewood and Jamaica in Queens, the Castle Hills area of the Bronx, Ossining in the state of New York and Milford, Massachusetts.2 The work in the United States was carried out in two stages: a first stage in 2012, in which relatives of people from the parishes of Zhud and General Morales in Cañar were interviewed, with whom I had previously worked on a project on the impacts of migration on local development.

The article also features interviews held in the Bronx in 2016 with other family members from the same parishes. A total of 15 family units from the rural parishes mentioned above could be reconstructed. Several family members were interviewed both in Ecuador and in the United States. While the sample was not intended to select undocumented persons, the vast majority of those interviewed remained undocumented at the time of the interview, even those who had lived in the U.S. for ten or more years. A few young people who in 2016 had been able to benefit from DACA constituted an exception.

Most families had children who had been born in the United States and as well as children who had been born in Ecuador before they migrated. These are families that the literature now calls mixed-status families ( Debry, 2015 ), meaning that they are made up of some members who have U.S. citizenship and others who do not. Nearly all of those interviewed had arrived in the first decade after 2000, although some of the relatives who served as support networks at the time of their arrival had migrated several years earlier. Ten interviews were also conducted with mestizo migrants from the province of Cañar, but these migrants were of urban rather than rural origin, and had arrived in the United States before 2000. These interviews were conducted in the traditional settlements of the Ecuadorian community in New York—Ridgewood, Corona Queens and Bushwick— through contacts with migrant associations and consular authorities.3 The purpose of these interviews was to understand the migration trajectory of families from the southern region of Ecuador who preceded the arrival indigenous migrants from Cañar, and to have comparative elements that would make it possible to identify the differences between the two groups of migrants.

The article is divided into six sections. The first part presents the conceptual framework from which the convergence between precarious labor and the social construction of illegality is analyzed, which serves as the basis for interpreting the experience of Ecuadorian indigenous migration to New York. The second section examines some of the characteristics of the communities of origin in order to contextualize the existence of a culture of migration produced by structural forms of exclusion. The following section analyzes the exit process. Then I focus on settlement in destination sites. Finally, strategies for labor insertion are presented, emphasizing the differences between men and women. The paper concludes with some reflections on the existing differences between these post- 2001 migrants and Ecuadorians who migrated earlier.

PRECARIOUS LABOR AND THE SOCIAL CONSTRUCTION OF ILLEGALITY

In line with the literature on the social construction of illegality that has developed in recent years in the field of migration studies, ( Donato & Armenta, 2011 ; Boehm, 2012 ; Debry, 2015 ; Golash-Bouza & Hondagneu-Sotelo, 2013 ; Ábrego & Menjívar, 2012 ; Oliviero, 2013 ; Brotherton & Barrios, 2008 ; Shrover, Van Der Leun, Lucassen & Quispel, 2008 ), this article conceives illegality as a social and contingent condition that responds to specific historical realities and political contexts. We maintain that this social condition of “illegality” comes into existence at the beginning of the migration project in the locality of origin, and is reinforced in the day-to-day life of migrants, where they are forced into labor market conditions that push them towards constant mobility and dispersion regarding where they settle. The text examines how the place of departure and the journey itself contribute to the social construction of illegality and how these experiences, as a result of the restrictions imposed by migration policy, converge with a very precarious labor market insertion.

The analysis draws on two fields that have been especially influential in understanding this new moment of undocumented migration in the United States. On the one hand, the transformations towards a post-productive economy in the global city ( Sassen, 2000 ; Waldinger, 1996 ; Chin, 2005 ; Cordero-Guzmán, Smith & Grosfoguel, 2001 ) have considerably modified the relationship of migrants with the labor market. Several authors have shown that economic globalization is based on processes of feminization and racialization of labor markets that have meant more flexible and precarious working conditions ( Flores-Gonzáles, Guevarra, Toro-Morn & Chang, 2013 ). In the case of New York City, this reconfiguration of the labor market meant, for example, a drastic reduction, beginning in the 1980s, in the number of garment workshops, which mainly employed immigrant women of many nationalities, including Ecuadorian women. But in addition, the labor market was transformed by the economic crises of 2001 and 2008. The first, as a result of the attack on the Twin Towers, meant the relocation of several companies and financial businesses out of the city, affecting the service economy and the migrant workforce massively employed in this sector. Conversely, the global crisis of 2008 impacted sectors such as construction, which were especially important for male indigenous migrants from Ecuador.

Without the steady employment of garment workshops, or the so-called factorías, women moved into street-vending and hourly-paid domestic work; these activities, as several authors have pointed out, give women a certain flexibility to combine their productive and reproductive work, although they do not offer any security in terms of income and other benefits ( Muñoz, 2013 ). The crisis in the building industry led men to look for work outside New York City. These changes in the labor market for men and women pushed many Ecuadorian families out of the city towards other locations and led them to seek employment in other niches. For example, to New Jersey and Massachusetts, as well as upstate New York.

On a different note, we take up the growing literature examining the impact of a hardened immigration policy on the daily lives of migrants ( Donato & Armenta, 2011 ; Debry, 2015 ; Boehm, 2012 ). These authors have stressed the importance of going beyond legal status and understanding that being undocumented or “unauthorized” is primarily a social condition, which is also contingent in terms of time and space ( Donato & Armenta, 2011 ). These works coincide in pointing out that the condition of “illegality” in the 1980s, and even until 1990, did not really represent a threat or constriction in the life of undocumented migrant families.

In contrast, in the last fifteen years, restrictions on movement and the exponential growth of deportations and returns at the border have made the condition of “illegality” a ghost that conditions, in differentiated ways, the daily lives of men, women and children ( Debry, 2015 ). But, in addition to the anguish it creates, the works of Boehm (2012) and Debry (2015) show that legal status becomes a factor of social stratification as powerful as class or race. For example, in some states, whether or not children in the same family have residence documents can lead to differences in their access to education and even health services.

All of this is to say, “illegality” impacts the opportunities a person finds in their life project. Moreover, De Genova (2002) defines the concept of “deportability” as a political concept that exercises disciplinary power over the lives of migrants. For this author, the deportation regime is not only a governmental mechanism to expel citizens considered “undesirable,” but fundamentally a regime of discipline and social control that makes the undocumented migrant deportable through certain laws, regulations and various procedures. Therefore, deportability is a social condition produced by the government.

According to De Genova and Peutz (2010), this space of forced invisibility and subjugation materializes in the life of the undocumented in many ways. To begin with, several activities considered common and ordinary such as working, driving a car or traveling freely become crimes. Second, restrictions on physical mobility may induce a greater inclination to accept situations of labor exploitation. Third, it can lead migrants to what De Génova calls “a forced orientation towards the present,” i.e. the migration project seems to move in circular time, in an act in permanent reconstruction, making it impossible to have a sense of projection towards the future ( De Génova, 2002 ).

The migration and labor trajectories of Cañar indigenous migrants living in and around New York show that both precariousness, a product of the reconfiguration of global labor markets, and deportability are the framework in which they develop their life strategies.

INDIGENOUS AND MIGRANT CAÑAR

However, precariousness and deportability cannot be understood solely through structural conditions in destination cities. It is also necessary to take a close look at how the places where migration originates shape the migration experience and the inequalities experienced by these families. In fact, these migrants come from poor rural areas, where family land ownership has undergone minifundización,4 and whose usufruct no longer covers for a long time their needs of social reproduction. These are areas that for several generations have combined internal migration with agricultural activities ( Vaillant, 2013 ; Rebaï, 2008 ; Jokisch, 2002 ).

They are also social segments with long histories of domination by and resistance to racist practices by the state and local mestizo groups, and with important memories of land struggles ( Vaillant, 2013 ; Eguiguren, 2015 ). Migration then constitutes not only the search for a better economic future for their families, but an experience where these axes of domination (class, ethnicity and gender) are lived differently.

Emigration from Canton Cañar has stayed at a steady pace over the past fifteen years, in contrast to the rest of Ecuador, where emigration has decreased ( Herrera et al., 2012 ). Migration, which began fifty years ago, continues to grow and extend its reach throughout the region. The structural crisis of rural communities due to minifundización, the problem of access to water, unemployment and the expansion of migration networks have spread the idea of migration as an ever-closer possibility for the inhabitants of Canton Cañar. In the last fifteen years, indigenous communities have actively entered these migration processes. Thus, in the 2001 and 2010 censuses, the mostly indigenous rural parishes of Zhud and General Morales of the Cañar Canton had the highest migration figures.

In addition, the traditional pattern of male rural migration is giving way to an increasingly feminized migration. A silent and persistent flow of indigenous women goes out to hacer el camino, to go on the road to the U.S. As in Boehm’s study (2012) on transnational families between Mexico and Albuquerque, in Cañar infidelity is not as feared as the possibility that spouses might stop sending remittances to support their families’ day-to-day subsistence as well as the purchase of assets that may ensure their future well-being. For this reason, many women decide to reunite with their partners, arguing that they wish to avoid conjugal abandonment. The degree of endogamy among couples in both Cañar and New York is very high, but migration and labor strategies are also shaped by persisting bonds of kinship and ethnicity. For example, several young interviewees reported that they did not personally know the relatives who facilitated their arrival in the United States, and whom they met when they arrived; despite this, the degree of trust established by kinship was enough for them to undertake the journey and migrate.

The proportion of migrants who leave behind children under the age of 18 is higher in indigenous households (67%), especially when it is women who leave (69%). While 26% of children in Cañar have one or both parents abroad, the percentage rises to 36% for indigenous households ( ODNA, 2008 ). Interviews with young Indigenous migrants in New York showed that several of them had lived apart from their mother and father as children, usually in the care of their grandparents; they were able to share daily life with their parents and get to know each other again once they arrived in New York.

These are also families that maintain intense connections at a distance. Thus, according to the PIC-FLACSO survey (2012), 80% of the families in these two parishes maintain relationships with their relatives in the United States, either because they communicate regularly (at least once a month), because they receive gifts—especially clothing—(at least twice a year), or because they receive remittances (monthly and every three months for the most part, from children and spouses).

In other words, similar to many localities and regions of Mexico or Central America, in the indigenous parishes of the province of Cañar, international migration is part of the social reproduction strategies of several generations. However, unlike the case in Mexico, this migration has not diminished in recent years; on the contrary, it has remained steady in spite of the growing risks experienced by migrants in the crossing of borders and the changes in the labor markets in which they insert themselves.

“HACER EL CAMINO”5

In fact, almost all of the migrants interviewed, earlier and more recent, indigenous and mestizo, crossed the U.S.-Mexico border illegally with the help of “pasadores,” “coyoteros” and moneylenders, participating in an illegal industry of undocumented migration that has existed in this Cañar-New York circuit for many years. The process of reaching and crossing the border has been analyzed by authors such as Jason de León (2013), who examines the actions of the border patrol in the Arizona desert and tells the story of the disappearance of an Ecuadorian woman in the desert, and also by Voigt (2013), who focuses on the violence faced by Central Americans crossing Mexico on their way to the United States.

As with these works, accounts from migrants from Cañar show that, unlike years prior, going on el camino to the U.S. has acquired the connotation of possibly being a journey without return. Each person who leaves their community knows that their arrival as well as their return are no longer certain. Those who have left also leave behind certain footprints, their empty houses, their vacant lots, the mothers and fathers who are absent, and also the stories of the disappeared ( De León, 2013 ). In other words, the hardening of migration policies in the United States has had an impact on the very geography of the places from which migrants depart and the lives of their inhabitants.

People who undertake this journey are not simply crossing borders in search of work in the North. The act of hacer el camino also creates a sense of empathy and identity, as if from that point on one also crossed a subjective border and first became an “illegal” migrant.

I went by boat to Guatemala, then by bus and then walking, walking to the border, then to Los Angeles... walking and then by bus to Brooklyn... The hardest thing for me was to go ashore, when they got us on the boats, after eight days in the water, getting off the boat... fifteen hours on a motorboat... that was the ugliest thing for me, the saltwater tearing at one’s face, it breaks one’s skin, it seems as if the boat is going to turn over, and if you fall there... that’s it for you…, the water hits you, from how it hits you it later feels as if you’ve been dragged around... then you walk, you walk hidden by the hills, afraid of the swamps... (Rosa, returned, Cañar, August 2012).

The uncertainty and restlessness experienced by men and women during the journey places them in a situation of extreme vulnerability, where they put their lives and their belongings in the hands of strangers, since in many cases personal belongings indicating they are travelers are taken away from them. While they deny their status as migrant travelers, they cross the threshold of what is allowed and become “illegal” before arriving in U.S. territory.

These accounts show that migrant journeys have become more complex; the journeys are longer, taking more complicated routes that include sea and air travel. Our Andean travelers are increasingly accompanied by men and women from all over the world. The interviewees remembered travelers from India, China, Peru, Colombia, in addition to Central America. On several occasions they were returned to the Mexican side of the border and crossed again up to three times.

Their strategy to deal with being returned at the border and the toughening of travel conditions has been to blend in with other migrants, mainly with those from Central America and Mexico. This is the advice given by the coyoteros themselves or by those who have been returned and are on their second and third attempts.

The above has unexpected consequences, since sometimes people are not found precisely because they have hidden their nationality ( Álvarez, 2016 ). This differs from the stories of migrants who arrived around 1980 and even in 1990, who, although they also crossed illegally through Mexico, were able to do as much in less time, at a lower cost and without the same level of distress. For example, Oswaldo, who now owns an Ecuadorian food restaurant in Brooklyn, left Cañar and had arrived in New York within a week. He flew to Mexico City and crossed the border in three days. Oswaldo also benefited from IRCA, the 1986 Immigration Reform and Control Act, which legalized undocumented migrants who had arrived in the United States before 1982. It also differs from the way Ecuadorians emigrated to Spain in the late 1990s; they generally entered Spain on a tourist visa and stayed to work. This group of migrants benefited from a regularization program undertaken by the Spanish government in 2005; moreover, today many have obtained Spanish citizenship.6

In sum, “illegality” as an identity, stigma or social marker is established during the journey. But migrant stories also point to the overcoming of adverse situations, even after experiencing arrests and returns. In other words, the moment they are constituted as “illegal,” migrants also learn to navigate this condition, even if in a precarious and risky way. The moment illegality is established, it is also transgressed.

SETTLEMENT: FROM ETHNIC ENCLAVE TO DISPERSION

But the journey also has longer-lasting sequels. This practice of blending in among others becomes a way of being in the world, a way of existing as migrants that endures after the trip. With time, it produces a kind of invisibility, a failure to make oneself felt in order to slip away from risks and danger. To the violence of the crossing is now added the condition of deportability in daily life; indigenous migrants seek to go unnoticed and seem to be invisible in the same environment where they live. Thus, the priest of one of the churches most frequented by Ecuadorian migrants in Brooklyn, including Quichua- speaking indigenous people from the communities of Cañar, did not know that Quichua- speaking people attended his church: women who in their free time continue to spin or sew their skirts for parties, young people with music groups and traditional dancers from Cañar.

Their presence is felt only when conflicts arise with local or federal authorities. One such conflict, for example, took place in September 2011 in the community of Milford, Massachusetts, following a young man of Italian origin being run over by an indigenous migrant. The local community organized a series of protests and called for the expulsion of the migrants from the area, accusing them of violence and excessive alcohol consumption.7 As a result of this incident, many migrants have stopped driving or drive late at night to avoid control by state agents, as there have been several cases of people arrested for expired licenses or lack of papers that have led to deportations. This is the case of Juan, who, after being stopped by the police while driving with his expired license, taught his wife to drive, who is less visible to the police because she is a woman. This confirms what other studies have mentioned about the male and racialized construction of “illegals” ( Golash-Bouza & Hondagneu-Sotelo, 2013 ).

Changes in forms of settlement have also contributed to this invisibility. Although Queens concentrates 63% of the Ecuadorian population in New York (125,891 people in 2008), the Bronx, where the majority of the indigenous population lives, went from 12,277 to 29,314 Ecuadorians between 1990 and 2008 ( Caro-López, 2011, p. 8 ). In addition, the indigenous families who were interviewed tell a story of constant changes in residence. Although most of them arrive in Brooklyn or Newark in the state of New Jersey, they soon settle in other places like the Bronx or in satellite towns in New York, like Spring Valley or Ossining. A factor that has considerably influenced this dispersion is the increase in rents due to gentrification (or urban regeneration), which has turned areas like Bushwick or Ridgewood, traditionally Latino and with a large Ecuadorian population, into neighborhoods for generally white young students or middle-class professionals.

Thus, although some indigenous families still live in this area, which contains both the main Catholic church they attend and an evangelical church led by a Quichua pastor from Cañar, many families have left the neighborhood and now reside in Jamaica, Queens, along with Indian and Pakistani communities, in the Chinatown sector of Queens. This dispersion distances them from family networks, with women being the most affected, lacking networks of care assistance and also day-to-day contact with a strong community. Many of the women I interviewed, mother and their adult daughters, would only visit each other every two or three months, something unthinkable in their communities of origin. Furthermore, both the displacement of certain work centers out of Manhattan after September 11, 2001 and the search for new work niches have also pushed these families away from the traditional enclaves of the Ecuadorian community in New York.

INSERTION INTO THE LABOR MARKET

Men: Wandering the Suburbs in Search Of Roofs and Gardens

One of the most recurring topics in my conversations about migration and labor trajectories with earlier migrants who arrived prior to 2001 was the sense that things used to be better. For example, Juan, a mestizo from the city of Biblián in the province of Cañar, arrived in New York in 1984. Juan came from a family of farm workers and began working at the age of twelve as an assistant to his uncle, a transportation worker. He soon migrated to Guayaquil to work temporarily in the shrimp industry, until a cousin convinced him to travel to New York in 1984, where several of his relatives already lived. When Juan arrived, he began to work washing dishes in the same restaurant as his cousin. Since then, he has remained in the food service sector and little by little, as years went by, he managed to save enough money to invest in his own business. At the time of the study, he owned an Ecuadorian food restaurant in Brooklyn. Although this is a particularly successful trajectory (that of becoming a business owner), it presents two elements that are generalizable for the set of trajectories prior to 1990: on the one hand, insertion into a relatively stable labor market segment, restaurants, where workers can move upward, from dishwasher to cook, and on the other hand, the possibility of obtaining legal residence papers, which means, if not definitive settlement, at least family reunification.

In contrast, migrants who arrived after 2001 had less stable work histories and had been unable to obtain papers. Instead, their trajectories showed a complex interweaving of coming and going between temporariness, precariousness and unemployment. Living “one day at a time” becomes the rule.

Indeed, the indigenous men of Cañar who arrived after 2001 shared (and today share) work niches with newly arrived migrants from Honduras and Guatemala. Men occupied a specific niche in construction: roofing and gardening in middle-class suburban houses, generally but not exclusively white-owned. These are mainly seasonal jobs that take place in the summer. The men organized into crews of four or five people under the command of a master construction worker who acted as an intermediary to obtain contracts from the owners of the houses. The system was very similar to day labor in the Spanish or Mexican farms studied by Lara Flores (2006) or Pedreño (2007) . Family and territorial networks were fully operative in the organization of these jobs.

Most of the interviewees worked with or for relatives or with or for people from their community. They were in construction crews operating in the tri-state area, which includes New York, New Jersey and Connecticut. Their operating radius was quite wide and was widening more and more due to the scarcity of contracts. While a few years prior to the investigation they could work in a single sector, later they had to travel to several areas to find work. They understood moving constantly as necessary for survival, not only to find work but also to avoid being detected in one place because of their undocumented status.

The precariousness of their work was characterized by two factors in particular. On the one hand, their services were expendable: “if the winter is not strong, there is no work in the summer” (i.e. the roofs are not damaged and therefore there is no need to repair them).

On the other hand, there was seasonality and lack of regularity. As one interviewee reported, “there are whole weeks when there is no work.” The winter seasons were especially difficult, so they worked up to 15 hours a day in the summer to be able to have savings for the winter “lean season,” as happens with agricultural cycles in farms. The possibility of not having enough work was a permanent source of distress, especially among newcomers. Despite the harsh working conditions in the summer due to the high temperatures, interviewees complained that employers sometimes suspended work, leaving them with no income:

[…] you feel desperate, this very week I only worked one day, I can’t stand it outside without work. Besides, you don’t work because of the rain, you don’t work because of the heat, you don’t work because of the cold..., the supervisors won’t let us work, so you feel desperate and you don’t know how you’re going to pay rent or food, back there [in Ecuador] if you don’t work one day, it’s not a problem... you spend two, three, four days without working and it’s not a problem, you still have your house, you have food... whatever... but not here, here if you don’t work one day, you don’t pay rent... that’s why I feel desperate, that's why I don’t get used to it... I didn’t work in construction there, that’s why I have this feeling again... here you feel desperate if you don't work one day (Humberto, Ossining, NY, November 2012).

At a different time, Humberto recounted his different jobs in laundries, restaurants and gardens. The journey that Humberto described to us after a six-month stay was not so different from the one that his brother-in-law David described after living seven years in the United States.

On one occasion, David picked me up from the train station in a four-wheel-drive Ford. The car made me think of a successful migration, at least economically speaking. However, David began by pointing out the shortage of work because of the crisis, but also because of competition from the arrival of Central Americans to the roof repair sector: “that’s why they pay 60 and 70 (dollars) a day and people accept and only when they’re there they realize it’s not appropriate.” This confirmed that workers were hired on day labor contracts. He had worked under this modality all the time: mowing lawns, fixing roofs, as a painter, in wiring, building walls, fixing gardens. He described to me in countless detail practically the same jobs as Humberto. These narratives of precariousness were repeated in several of the households I interviewed; the earliest arrivals were general contractors, who passed on the crisis and the work shortage to the day laborers, lowering their wages and working hours.

An additional factor that hindered the movement of migrants working in roofing was the post-9/11 change in New York State that disallowed driver’s licenses for people who had not regularized their residence in the country. This meant that many of these contractors had their movement limited, because despite the years they had lived there and the money they had saved, they had no papers. The work then depended not only on the demand for labor from middle-class suburban households, but also on the legal framework they operated under, which limited their movement: the government, deportability and the market together produce these migrants’ precarious labor insertion.

Finally, although all of these jobs were described as opportunities structured by networks of kinship and territorial belonging, this did not necessarily mean they were horizontal or based on solidarity. For example, in some cases there was a connection between the networks that arranged the migrants’ journey and the networks through which they got their first job. This indicates that there could be a link between the job that migrants’ are hired for and the debt they took on for the trip—a situation that connects their precariousness with possible human trafficking networks.

In sum, the precariousness that characterized men’s insertion into the labor market had to do with their working conditions, i.e. instability, temporality, uncertainty and difficulty of the work itself. Their income might be high in certain periods, when they are able to obtain good contracts, and non-existent at other times. The pressure to pay the debts acquired for the trip, the need to send remittances to their relatives, and the expectations from relatives who had stayed in Ecuador regarding building a family home in their communities, all of these pressures meant male migrants preferred to stay in the United States rather than return to the poverty of their communities, because such a return would demonstrate their failure.

Job Insertion: Women Looking for Houses to Clean

While the men went around the suburbs in vans looking for roofs to repair, women went out in different vans looking for houses to clean. Like construction, these jobs were and are organized by fellow members of their communities of origin or, at least, by fellow nationals. María Antonieta had lived in Ossining for six years and since the beginning she had worked with a mestizo lady from Girón, Azuay Province, Ecuador, cleaning houses. The latter was the one who found the houses and drove four women in her car through various New York City counties. They were generally able to clean three or four houses a day, working from seven in the morning to eight in the evening and, like the men, they received a daily wage, which was much lower than in construction—in cleaning it ranged between 60 and 70 dollars a day while men in construction received around 200. María Antonieta, a native of Zhud, a rural indigenous parish in Canton Cañar, was comfortable with this type of work. She liked moving around everywhere, and preferred this job than being in a restaurant or a laundry service. They took her to “Connecticut, the Bronx, Jersey City, Queens, and different houses… with owners who are black, Chinese, American...”

The same type of organization—that of small crews of women going from house to house—is repeated in the exercise of other trades. In the case of manicurists or people working in beauty salons work is organized across ethnic lines. The migrant women were hired by the owners of these businesses, generally Korean men, who would pick them up in the morning and return them to their homes at night, after strenuous workdays.

An article in the New York Times reported on the exponential growth of these salons in New York City, which have tripled in number since 2000, and which maintain the lowest fees nationwide for manicure services based on the exploitation of the work of immigrant women. The article collects the accounts of Chinese, Korean, Tibetan and Ecuadorian immigrant women, who report being paid below the hourly minimum wage and many other forms of discrimination ( Maslin Nir, 2015 ). In the field work carried out in 2012 and 2016, the first job of several indigenous teenagers was precisely in these nail salons, generally outside Manhattan, in areas of Connecticut and the Bronx, where they lived with indigenous migrants from Guatemala and Mexico.

From Factorías to Street Vending

In contrast to the men, who were practically unfailingly engaged in some form of construction work, indigenous women worked in several different trades. Besides house- cleaning and nail salons, some women worked in the few garment sweatshops that still exist in the city. Although the city’s productive reconversion towards a service economy virtually eliminated textile manufacturing in Manhattan in the nineties ( Waldinger, 1996 ), many indigenous women got their first job in the so-called factorías, with Dominican, Korean and Italian owners, even at the end of the nineties and the year 2000. Some of these workshops were even owned by Ecuadorians. While these workshops were mainly located in Brooklyn and New Jersey in the 1990s and 2000s, in 2016 there were still a few in Midtown Manhattan that recruited day laborers. One morning in March 2016, on 38th Street and Eighth Avenue, one could see about 30 women waiting to be recruited, most of them indigenous and mestizo Ecuadorian women. Among them, one found different ways of working: per piece, per day, per hour.

When Inés first arrived in New York two days after the attack on the Twin Towers, her sister-in-law took her to a workshop owned by a woman from Guayaquil: “that woman took advantage of Ecuadorian women, especially of indigenous women, the women of Zhud, they were all there... she would pay us 80 [dollars] per week and would deduct the cost of transportation.” At first, Inés would cut threads all day, then she learned to use the sewing machines and got paid a little more, 200 dollars a week. Inés worked in several workshops both in Brooklyn and Midtown Manhattan, with owners from different nationalities and varying payment methods: per hour, per piece, per day. This was how Inés was able to send money to support her four children and then managed to bring three of them to live with her, incurring debts of $12,000 for each child. These were the sort of companies studied in the 1990s by Margaret Chin (2005), who found large quantities of Ecuadorian labor in these workshops.

With the passing of the years and the uncertain job prospects vis-à-vis garment workshops, which had become scarce, the women of Zhud entered the business of street vending: “nobody bothers you there, it's quieter, I can stay waiting for people to pick up their child from school and then I leave...” It is seasonal work, just like the men’s. The women would buy boxes of mangoes, slice them and sell them in small bags on the streets of Brooklyn. Their buyers were Mexican and African American passers-by from the streets of Downtown Brooklyn, “the black ones buy them with lemon, the Mexican ones with chili...”

Although Inés considered this work to be more pleasant because they could handle themselves autonomously, with their own schedules, and were not accountable to any external party, she also recounted several encounters with the city police, including two times when she was apprehended because she was selling on a street for which she did not have a permit. The first time she got very scared and spent the night in jail; the second time she was not as scared, and she later saw it as part of the job. The main problem for her was the cost of bail each time this happened. Arrests and all, Inés had an ambivalent perception of the police: “they are not all bad, they buy the mangoes themselves, it is forbidden to sell in... Street, but on the other hand that’s where they buy the most... so they tell us in Spanish themselves... ‘ok, go lady, go... I haven't seen anything... go to another street’... they help us.”

This type of experience is similar to Muñoz’s studies (2013) which show that street vending can be an alternative for women who are better able to organize their workdays and the care their children. Likewise, this perception of street vending as dignified work on the part of women, and the pragmatic way in which transgressing rules is perceived and negotiated, are also worked on by Estrada and Hondagneu-Sotelo (2011), who analyze street vending by Latina teenagers in Los Angeles.

In short, the labor market for Ecuadorian migrants from Cañar was characterized by precariousness, temporariness, and later by permanent movement. Men and women travelled around the city, either in crews of day laborers providing urban services in the vans of their intermediaries, or in the streets, with street vending. These were, in most cases, casual, expendable, invisible jobs.

These three characteristics are what made their existence possible; otherwise, greater visibility in times of crisis, without papers, would have gone against their survival. Blending in the streets of the city, some of their trades involved inter-ethnic relations, either because their contractors and their “bosses,” as the women call them, were earlier migrants of other nationalities, or because they were mestizo Ecuadorians. In the latter case, several examples of labor exploitation were found, along with the reproduction of relations of domination present in migrants’ communities of origin. This is a pattern that should be explored further: forms of inequality that correspond to racist constructions that are clearly combined with class divisions in the community of origin, while in migrant environments (where class markers tend to be diluted) these markers of ethnic inequalities, which structure the relations between nationals of the same country, seem to persist.

On the other hand, as regards labor relations with other groups of migrants, these ethnic markers became invisible, and relations were governed by class divisions or by axes of inequality based on the vulnerability caused by the lack of documents. Finally, an important characteristic, especially in street vending, is that it took place in consumer markets that catered to immigrants themselves.

CONCLUSION

The analysis of the migration, labor and settlement trajectories of these post-2001 migrants is so very different from the experiences of Ecuadorians who arrived in New York8 in the 1990s, and from those of Ecuadorians who left for Europe,9 and moreover, this cannot be explained only by their status as recent arrivals. Indeed, we have shown that the trajectories of mestizo Ecuadorians, of urban and rural origin, who arrived in previous decades, although not linear and ascending, does share much of a history of progressive socioeconomic integration, although culturally they remain excluded and their sense of belonging is much more complex than what an assimilationist line proposes.

In fact, this first exploration of the lives of indigenous migrant families shows a different trajectory, condition and scenario for the future, in which exclusion processes do not tend to disappear, but instead persist and even become more accentuated. Several factors are interlinked to create this situation. First, there is the economic crisis of 2008, which caused the economy to stall, affecting the spending capacity of middle-class families, a group to which these migrant families are economically linked through the delivery of quite discrete and precarious services, such as the maintenance and cleaning of their homes in the summer. In other words, theirs are extremely narrow and inflexible job niches.

Second, migrants’ lack of papers has perpetuated their irregular situation and structurally excludes them, with no possibility of labor, economic and, even less, social mobility. This crisis of legality has direct and indirect effects. On the one hand, there are the threats and apprehensions for deportation, which, in practical terms, mean large amounts of money paid to cover the necessary bail to release the person. On the other hand, the lack of papers considerably limits people’s movement due to the fear of being apprehended, all of this in circumstances where, as we have seen, their job opportunities depend on their ability to move from one county to another.

Indirectly, the impossibility of having a stable job places the migrant’s migration project in a kind of circular time in which each day goes by and everything begins again: they face the same risks, the same scarcity, the same difficulties, without the possibility of finding a fixed position in space. On the contrary, they have to change their homes all the time in search of a better price, and their jobs are constantly changing; therefore, any medium-term risk management strategy becomes impossible.

Third, this double environment of crisis causes the social reproduction of these families to be confined in the nearest networks, which little by little are being exhausted. What initially may be seen as the hoarding of opportunities through family networks, over time may also become an inability to move to other spaces and other jobs due to legal limitations.

In sum, due to the economic crisis of 2008 and as a consequence of the hardening of migration policies, these families are increasingly intertwining their social reproduction practices and their migration project in precarious conditions, which seem to reproduce and deepen, rather than change.

Notas

2 The fieldwork in New York City was carried out thanks to two grants from FLACSO Ecuador’s Academic Development Fund, in 2012 and 2016, which allowed me to make short visits of two and three weeks, and a Fulbright Exchange Scholarship in 2013 that allowed me to stay for three months. The fieldwork in Ecuador was carried out within the framework of the project on the impacts of migration on local development (PIC- FLACSO, 2009-2014), thanks to funding from the Belgian Interuniversity Cooperation.

3 Ecuadorian employers, leaders of the Ecuadorian community, officials of the Consulate of Ecuador and officials of the extinct SENAMI (National Secretariat for Migrants), among others.

4 TN: Minifundización: Division of the available land into smaller plots.

5 TN: Metaphor of the process migrants go through when crossing the border into the United States.

6 It is estimated that by 2014 approximately 230,000 Ecuadorians had acquired Spanish citizenship (Iglesias Martínez, 2015).

7 This was widely covered in the local press in the state of Massachusetts. See Martinez (2011) and Vásquez Toness (2011), among others.

8 See Priblisky (2007), who examines the gender relations and settlement processes of these migrants in the 1990s in New York.

9 On Ecuadorian migration to Spain and Italy see the works of Pedone (2006) Herrera (2008), Lagomarsino,(2007). Regarding the return processes due to the global crisis of 2008, see Herrera (2012), Moser (2015) Herrera & Pérez Martínez (2015) and Boccagni (2011).

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
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