Ortiz Alavez and Rocha Romero: Incidencia política de las OSC de California para la protección de mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica



INTRODUCCIÓN

En tiempos convulsos para los migrantes en Estados Unidos, cuando los sentimientos antiinmigrantes se concretizan en leyes que penalizan la presencia de indocumentados y en el hostigamiento por parte de autoridades y algunos ciudadanos, las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia ven un panorama obscuro para su situación de vulnerabilidad extendida.

Los perpetuadores de las agresiones consideran que tienen en la amenaza de la deportación y en la posible separación de sus hijos una ventaja sobre las víctimas. Ante un panorama aparentemente desolador, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el condado de Los Ángeles, California, se convierten en luces de esperanza para algunas, no solamente por aliviar su situación como víctimas de la violencia doméstica (VD), sino para generar certeza de que su situación como migrantes va a mejorar, a través la regularización de su situación legal. La visa U y la visa VAWA son alternativas que motivan a las víctimas a denunciar, por la esperanza de tener una vida mejor. Sin embargo, este proceso de liberalización y ayuda a las víctimas es tortuoso.

Las OSC han logrado que las víctimas relacionen la liberalización de la opresión de la violencia con una mejor estancia en el nuevo país de residencia. En un escenario político y social que parece por todos lados hostigar y criminalizar a las indocumentadas, las visas son un apoyo importante y un gran paso para regularizar su situación migratoria, agilizar los procedimientos para demostrar su situación de víctimas y solicitar ayuda urgente.

En este trabajo se analizan las OSC del condado de Los Ángeles que atienden la violencia doméstica y los procesos de atención que contribuyen a la disminución de la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes víctimas de VD. A partir de un marco teórico y analítico basado en el desarrollo local, se realizó el análisis en una dimensión, la de la incidencia política de las OSC, con el objetivo de explicar cómo se constituyen en agentes de desarrollo. Se utilizó un método descriptivo aplicando el método cualitativo, que consistió en un muestreo teórico y recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas. El resultado fue que las OSC analizadas han construido mecanismos para atender y empoderar a las mujeres migrantes, cimentando alternativas legales para disminuir la xenofobia, el racismo y la deportación, constituyéndose de esta manera en agentes de desarrollo.

No se abordarán marcos teóricos que intenten definir la violencia, las tipologías de violencia o explicar las variables que detonan el maltrato contra las mujeres. El eje de análisis es en torno a la incidencia pública y política3 en marcos normativos y en la política pública. En la incidencia política intervienen dos elementos básicos: la participación ciudadana y el cabildeo ( París y Müller, 2016, p. 259 ), mismos que desarrollan estas OSC.

Las mujeres inmigrantes forman parte de una comunidad oprimida y excluida, a la que se le margina o se le limitan los servicios, además de justificar la violencia ejercida en ella por los estereotipos sobre las culturas extranjeras. Los estudios han confirmado la perpetuación de la violencia y el incremento de la vulnerabilidad de acuerdo al estatus migratorio ( Dacer, 2013 ); no solamente ser indocumentada es un riesgo para las mujeres que viven en destinos migratorios nuevos, también son escasas las posibilidades de encontrar servicios de apoyo en un idioma que no sea inglés.

Martínez (2012) destaca la importancia de la labor activista para el apoyo a estas mujeres inmigrantes, ya que viven múltiples vulnerabilidades. Exalta la ausencia de espacios de atención y esto estimula la participación de organizaciones para proporcionar alternativas, eliminar la discriminación institucional y proveer servicios competentes. A pesar de la sociedad patriarcal de donde vienen y de los factores estructurales presentes en los destinos de recepción, las mujeres tienen la capacidad de supervivencia, que sobrepasa la subordinación o pasividad. Para Ayala, Moya & Chávez (2012) las asociaciones son un motor de cambio.

Se analizó cómo las OSC contribuyen a cambiar realidad de opresión de las mujeres. Por cuestiones de espacio, se resumen los hallazgos respecto a servicios emergentes y de asistencia, dado que son similares a los resultados encontrados en otros estudios, centrando mayor importancia en la incidencia política que las organizaciones del condado han desarrollado de manera exitosa, convirtiéndose en agentes de desarrollo.

El trabajo se divide en cinco partes. La primera parte aborda la teoría del desarrollo local y sus agentes, así como el marco conceptual de las OSC. En la segunda parte se presentan tanto la metodología, los recursos institucionales para la atención de víctimas de VD en Estados Unidos y The Violence Against Women Act (por sus siglas en inglés VAWA), promulgada en 1994, de donde se desprenden visa VAWA y visa U. En la tercera parte describimos las OSC del condado de Los Ángeles y analizamos su incidencia política para crear un programa de apoyo a las mujeres víctimas de la VD. En la cuarta parte se presentan evidencias de la incidencia política de dos organizaciones que apoya a las mujeres inmigrantes indocumentadas, concretamente, la creación de una ley secundaria que agiliza la obtención de documentación legal, por último las conclusiones.

Boisier (2005, p. 51-52) argumenta que el desarrollo es un “fenómeno local, incrustado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de ese lugar en particular”. Así mismo distingue que este proceso endógeno se registra en pequeñas unidades territoriales en las que se promueve el dinamismo económico y la mejora de la calidad de vida de los asentamientos humanos.

El desarrollo local es complejo debido a los grandes y diversos intereses que se gestan en un territorio determinado. El desarrollo será resultado de la cooperación de los actores, mismos que necesitan un ambiente institucional y organizacional que respalde y oriente sus esfuerzos. El desarrollo local, como se observa, transforma en dos dimensiones: dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de una población. En la presente investigación sólo se retoma la segunda dimensión, entendiendo que la mejora de la calidad de vida está dada por la capacidad de atención de las OSC, su capacidad de generar aprendizaje colectivo y de promover un cambio cultural y político que disminuya la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia.

Agentes de desarrollo

El término de actor/agente para el desarrollo en ocasiones es utilizado sin diferencia alguna. Los primeros se reconocen por la escena que tienen para actuar, es decir, el escenario social, ya sea empresa, organización, escuela, el sector público, etcétera. Por otro lado, los agentes de desarrollo están ligados al sentido de la acción en función de los objetivos ( Pierdomici & Mochi, 2011 ). En ese sentido, un actor social puede ser cualquier individuo, organización o empresa que se encuentre en un territorio determinado, señalando entonces que solamente quienes realizan acciones específicas para la consecución de objetivos pueden constituirse en agentes de desarrollo. Como se ha mencionado el desarrollo es el resultado de la capacidad de organización de los actores en la sociedad. Arocena (2001) menciona que uno de los condicionantes en el desarrollo local es la capacidad de constitución de actores locales, en este caso la constitución de los agentes de desarrollo. “Ser agente de desarrollo implica tener dos roles, por un lado, como analista, debe tener capacidad de diagnóstico; como activista, la capacidad de acción” ( Pierdomici & Mochi, 2011, p. 54 ).

Estos agentes de desarrollo deben estar dotados de competencias, necesitan ser conscientes de los recursos locales y apoyar iniciativas para el desarrollo. Deben de tener un conocimiento amplio del territorio para detectar áreas con bajo desarrollo local o con problemáticas específicas en los cuales podría establecer proyectos para resolverlos. Los agentes de desarrollo promueven alianzas entre diversos actores y promueven redes que permiten la consecución de sus objetivos, apoyan la constitución de nuevas organizaciones, la creación de observatorios territoriales sobre las problemáticas que atienden y sistematizan experiencias exitosas ( Pierdomici & Mochi, 2011 ).

En el caso de la atención a mujeres víctimas de VD, el agente de desarrollo debe ser más que un mediador o articulador, en palabras de Pierdomici & Mochi: Un agente de desarrollo expresa incidencia y compromiso sobre el proceso de desarrollo en sentido amplio, cuyo objetivo es aumentar el bienestar de los ciudadanos que va más allá de la inserción territorial, prevenir es actuar concretamente, es comprometerse con la acción […] el comportamiento de estos agentes permite una elevada influencia sobre la modalidad y naturaleza del desarrollo (tanto en las personas como en el territorio). Así los agentes desarrollan sus actividades a partir de ciertas actitudes aprendidas profesionalmente y otras recuperadas de sus conocimientos adquiridos tácitamente ( Pierdomici & Mochi, 2011, p. 54 ).

Los agentes de desarrollo tienen la capacidad de construir un poder local, este poder se nutre de la capacidad de decisión, de la capacidad de organizarse y de la capacidad de incidencia. Para Pierdomici & Mochi (2011) , estos agentes están profesionalizados y su intervención debe de ser en un área específica, para el caso de la violencia de género, esta intervención debe de ser respecto al empoderamiento que se producen en la personas o en el territorio.

MARCO CONCEPTUAL DEL SUJETO DE ESTUDIO: LAS OSC

Las OSC trabajan para el bien público, son autónomas y actúan sin fines de lucro. A este grupo pertenecen clubes sociales, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos, partidos y organizaciones políticas, centros de investigación, organizaciones filantrópicas, de voluntarios, religiosas, fundaciones, etcétera ( Müller, 2014 ).

Las organizaciones civiles deben de entenderse como la organización libre y voluntaria de ciudadanos a partir de la identificación de campos específicos de la vida social. Estas asociaciones pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, autorganizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables; en la mayoría de los casos tienden a profesionalizar las acciones que realizan ( Canto, 2004 ). Pueden ser tanto formales como informales. Su diversidad puede abarcar distintos aspectos: económicos, culturales informativos, educativos, de interés, de desarrollo, cívicas o con actividades más específicas, como los que protegen los derechos de las mujeres, en este caso, las mujeres víctimas de violencia de pareja. Cabe mencionar que estas asociaciones pueden ser clasificadas por sus acciones, actividades y valores o en varias categorías ( Müller, 2014 ). Las asociaciones civiles asumen roles a través de los cuales pueden ser clasificadas: algunas representan intereses de grupos específicos, otras buscan relacionarse con el gobierno y con otros actores de la sociedad a fin de conseguir sus objetivos. Algunas otras asociaciones buscan la movilización de actores sociales para incrementar la conciencia e impacto respecto a algún tema en específico, otras se dedican a la regulación y monitoreo del desempeño estatal, el comportamiento de acciones de funcionarios, o la acción de desarrollo social para mejorar el bienestar de sí mismos o de otros grupos minoritarios.

Las organizaciones civiles con antigüedad tienen un enfoque y una realidad social, además de su propio rol de participación e incidencia. Las más nuevas generalmente trabajan en redes y coaliciones. Las redes incluyen actores, otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales, y se suelen beneficiar del apoyo financiero de organismos internacionales y de ciertos gobiernos interesados en el cumplimiento de las normas que ellas intentan impulsar ( Aikin, 2011 ).

Las redes significan también procesos de conformación de proyectos conjuntos, estrechamente relacionados con los procesos económicos, políticos y culturales que permiten generar nuevas formas de acción e intervención social con propuestas y alternativas viables y válidas para sectores específicos de la población del país ( Müller, 2014, p. 94 ). Desde un enfoque local, el desarrollo está dado por la capacidad de acción colectiva de los actores, es el resultado de un esfuerzo organizativo e institucional. Un nivel más alto de colaboración, de cooperación, de socialización de conocimiento y aprendizaje, se relaciona con un mayor grado de participación en asuntos públicos y mayor su incidencia política. La coordinación con otras asociaciones civiles y con grupos de voluntariado sirven en el acompañamiento para elaborar proyectos con centros asociativos, construir grupos de autoayuda y tener una coordinación con los organismos médicos sanitarios de carácter público.

METODOLOGÍA

La metodología, es una manera de pensar la realidad social y estudiarla; el

método es un conjunto de procedimientos para recolectar y analizar datos

Strauss & Corbin (2002, p. 1)

.

La metodología seleccionada para esta investigación es de tipo cualitativo y el análisis está basado en la teoría fundamentada. La metodología cualitativa se ha caracterizado por buscar información sobre la conducta a través de la observación de eventos y actividades. Su énfasis se encuentra en la obtención de datos textuales abiertos, en las propias palabras y frases de la población local, particularmente para obtener información del contexto de conducta y de los sistemas que influyen en el comportamiento ( Strauss & Corbin, 2002 ).

En tanto, la teoría fundamentada que fue propuesta en la década de los 60 por Barney Glaser y Anselm Strauss, sirve de apoyo para la interpretación de fenómenos a través del método cualitativo. Generalmente es utiliza cuando el investigador tiene interés de elaborar teorías sobre el fenómeno que estudia o bien se utiliza cuando se desconocen los conceptos que se relacionan con el fenómeno estudiado o con una población específica ( García & Manzano, 2010 ), como fue el caso de esta investigación.

Esta propuesta metodológica sugiere un procedimiento sistemático y organizado similar a otros métodos con la ventaja de ser flexible. El proceso metodológico no es lineal, es un ir hacia adelante y hacía atrás en la recopilación de datos, el análisis y la construcción teórica, es un proceso dialéctico. Lo relevante de abordar una metodología cualitativa para explicar hechos sociales es que permite ampliar nuestro conocimiento e interpretar la realidad a partir de diferentes métodos de investigación de análisis cualitativo, tales como el de la teoría fundamentada a la que se ha hecho mención y se caracteriza por partir de los datos para luego llegar a formar e interpretar conceptos.

Se realizó un muestreo teórico con la finalidad se seleccionar nuevos casos a estudiar, y de expandir conceptos, teorías, o aportar nuevos datos ( Cuñat, 2007, p. 2 ). El propósito de esta investigación involucraba un grupo de población específica: mujeres inmigrantes mexicanas víctimas de VD en el condado de Los Ángeles, California y a los “sujetos” hasta ese momento desconocidos que podían o no proveerles servicios.

Inicialmente se valoró como sujetos de estudio a las organizaciones de migrantes, ya que se consideró que éstas cubrirían estos espacios de atención con estrategias para contrarrestar la VD, por la consolidación de redes existentes en Los Ángeles, como lo han hecho en otros aspectos como son el cultural, deportivo e incluso político. Sin embargo, las organizaciones contactadas manifestaban tener conocimiento de la problemática, pero no contaban con mecanismos para la atención. Al no encontrar respuesta en las organizaciones de migrantes, se realizó la búsqueda de OCS que atienden la VD.

Se realizó una delimitación geográfica basada en la mayor cantidad de población y OCS establecidas en el estado de California, se encontró que el condado de Los Ángeles cumplía con ambos criterios. Este condado tiene una población de 10 millones 192 374 habitantes4 y 28 de las 126 OCS del estado de California.5 Se estableció contacto con OCS establecidas en las ciudades de Santa Clarita Valley, Long Beach y Los Ángeles.

La información fue recopilada a través de la aplicación de seis entrevistas semiestructuradas a las coordinadoras de los centros de atención de las OSC6 seleccionadas con el objetivo de saber qué servicios ofertaban, y si éstos eran utilizados por mujeres inmigrantes, así como indagar si han construido redes de atención. Las OCS seleccionadas fueron: The Domestic Violence Center of Santa Clarita Valley (DVC of SCV), con sede en Santa Clarita Valley; Women Shelter of Long Beach (WSLB) y Su Casa Ending Domestic Violence (Su casa), de la ciudad de Long Beach; y en la ciudad de Los Ángeles, Casa de la Familia Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) y Los Angeles Center for Law and Justice (LACLJ).

RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA EN ESTADOS UNIDOS

En la práctica, Estados Unidos depende de las organizaciones de la sociedad civil para satisfacer las necesidades de la comunidad ( Lester, 1996 ). La ley federal VAWA, por ejemplo, dota de recursos y capacidades a las OSC. Reconoce como provedor de servicios a las víctimas a “una organización, no gubernamental, sin fines de lucro o tribal, que brinda asistencia a víctimas de violencia doméstica, víctimas de agresiones sexuales o acoso, incluidos los centros de crisis por violación, los refugios para mujeres maltratadas y otros programas de agresión sexual o VD” 7 ( 103rd United States Congress, 1994 ).

Las OSC son las que se encargan de otorgar los servicios de atención a mujeres en general. De acuerdo a los informes del Congreso, los programas que surgen de VAWA están dirigidos a resolver problemáticas de población especial, en donde se contempla la etnia y la raza pero hace la exclusión a mujeres inmigrantes: “atender las necesidades de los individuos en un grupo de población especial (por ejemplo, ancianos, discapacitados, niños y jóvenes, individuos de comunidades étnicas y raciales y mujeres no inmigrantes)” 8 ( Seghetti y Bjelopera, 2012, p. 3 ).

De VAWA se desprenden dos recursos primordiales para la protección a mujeres inmigrantes víctimas de VD, visa VAWA y visa U.

La visa VAWA es un recurso que permite a las mujeres hacer una autopetición9 para la residencia permanente si pueden comprobar que: a) están o estuvieron casadas de manera legal con un ciudadano o residente permanente, b) que viven o han vivido con él, y que c) han sido agredidas o víctimas de crueldad extrema, d) además de un buen carácter moral (no tener un record criminal). Este trámite tiene un costo aproximado de 580 dólares. La VAWA se puede obtener mientras la mujer esté casada, o bien dos años después de haber obtenido el divorcio o haya enviudado. VAWA les ofrece la condonación de pago siempre y cuando la persona haga el trámite ella misma, sin ningún intermediario ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ).

La visa U creada para víctimas de crímenes violentos en los cuales se incluye la VD, permite a algunas víctimas permanecer en Estados Unidos por cuatro años. Después del tercer año de tener la visa U, pueden solicitar la residencia permanente (mica o Green Card) y eventualmente solicitar la ciudadanía ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ). Los requisitos para esta visa U se resumen en tres: 1) haber sido víctima de crimen dentro de los Estados Unidos, para el caso que nos compete, haber sufrido VD, 2) haber aportado ayuda a las autoridades en la denuncia del delito de VD, 3) haber sufrido daños físicos o mentales, 4) solicitar perdón para ciertos hechos, incluyen crímenes y violaciones de leyes de migración ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ).

Las OSC pueden gestarse o no como agentes de desarrollo y es justo en las limitantes de VAWA que éstas OSC toman relevancia, porque trabajan sobre la ley e incluso han realizado modificaciones a la misma como se observó durante la investigación.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Las OSC que se han estudiado proveen servicios sociales necesarios para la sobrevivencia de las víctimas de violencia y han impactado el territorio a través de la incidencia pública y política. Estas organizaciones contribuyen a combatir la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes a través de otorgar atención inmediata, desde refugio, servicio de alimentos hasta apoyo legal y psicológico.

Cada una de estas OSC se encuentra regulada por Hacienda,10 las clasifica como tipo sin fines de lucro.11 En específico, esta ley regula no solamente la parte económica, sino también la incidencia pública y política; por ejemplo, las clasificadas 501(c)(3) no tienen acceso legal a cabildeo. Adicionalmente a esta clasificación hemos una propia respecto a las acciones que realizan, dividiéndolas en dos tipos: las OSC que tienen fines directos y las que poseen fines indirectos. Las primeras son aquellas cuyo único objetivo es atender a las mujeres maltratadas en las diversas formas de asistencia, albergue desde un mes hasta seis meses, además de otros servicios integrales como terapias de grupo, guardería y hasta la transición a un nuevo hogar seguro, y las indirectas aquellas cuyo fin específico de la organización no es proveer específicamente servicios de asistencia por VD, pero que sus acciones son indispensables para la protección y el empoderamiento de las víctimas.

Cuadro 1.

OSC entrevistadas clasificadas por función y por la tipología IRS

Nombre de la OSC Función Clasificación
“Non-profit”
The Domestic Violence Center of Santa Clarita Valley (DVC of SCV) Directa 501 (c)(3)
Women Shelter of Long Beach (WSLB) Directa 501 (c)(3)
Su Casa Ending Domestic violence (Su casa) Directa 501 (c)(3)
Casa de la Familia Indirecta 501 (c)(3)
Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) Indirecta Indirecta
Los Angeles Center for Law and Justice (LACLJ) Indirecta 501 (c)(3)

Una de las organizaciones de mayor importancia es CARECEN, cuyos servicios van dirigidos en específico a migrantes, mujeres, niños y hombres ( Gómez Johnson, 2016 ). Su objetivo es “Proveer servicios legales de inmigración de bajo costo, abogacía de políticas en inmigración, reforma educacional y derechos del trabajador y experiencia en organizar padres, jóvenes y trabajadores” (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo 2016).

En relación a la atención de mujeres migrantes víctimas de VD, esta organización es la más representativa en los trámites de visa U y visa VAWA, además de que es la organización con mayor capacidad de incidencia.

Por otro lado, aunque la organización LACLJ tiene mucha experiencia en trabajo con inmigrantes, se ha sumado recientemente a la atención de mujeres inmigrantes víctimas de VD especializándose en los trámites de visa U y VAWA.

Dar apoyo legal a personas con bajos ingresos principalmente inmigrantes y poblaciones latinas en Los Ángeles. Con referencia a los servicios de apoyo a víctimas de violencia podría decir que las cuestiones legales que implica la VD son complejas y que por eso el apoyo de un abogado puede empoderar a sobrevivientes (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero 2016).

Las OSC aun teniendo clasificación 501 (c)(3) trabajan en coordinación con el Gobierno de California y con el Departamento de Justicia de Los Ángeles. Son instituciones que han manifestado buena voluntad para trabajar en conjunto y han establecido mecanismos que benefician a las mujeres en general, protegiéndolas contra la discriminación por sexo, raza, etnia o estatus legal, y a su vez facilitan los procesos para la obtención de requisitos de visa VAWA y visa U.

Dentro de los logros de la incidencia política de las OSC se puede mencionar el programa Domestic Abuse Response Team, DART, iniciado en 2001, que fue una iniciativa que surgió de las reuniones de trabajo de las asociaciones del estado de California y que les permite a las mujeres tener una información más amplia sobre las opciones que tienen cuando se encuentran en situaciones de violencia. DART también es un programa que permite a las organizaciones vigilar que la policía no cometa actos de discriminación por sexo, raza, etnia o por estatus migratorio, y aunque es un proyecto nuevo, se esperan resultados positivos.

DART fundado a través de las mismas asociaciones que consiste en que; cuando hay un reporte de VD alguien de las asociaciones se encuentra en la estación de la policía y acude junto con los policías en diferente auto a atender el llamado, de esta manera se puede hablar con las víctimas y podemos ofrecerles todas las alternativas (DVC of SCV comunicación personal, 22 de febrero 2016).

Nosotros nos reunimos con la policía, el fiscal de distrito, y otras asociaciones con las que trabajamos, de ahí surgió la idea de un programa que permite que un consejero esté presente siempre que hay un reporte de VD, ha sido bueno porque los policías cuando llegan, ellos no pueden involucrarse de ninguna manera emocionalmente con las víctimas y las víctimas tienen miedo de la policía, entonces DART permite que un consejero vaya a atender el reporte y esto les da más confianza (WSLB, comunicación personal, 28 de febrero 2016).

En Estados Unidos cada estado tiene sus propias Leyes, y DART es sólo de California, es un programa muy funcional que es producto del trabajo de policía y organizaciones que trabajamos con víctimas de VD. La policía quiere denuncias y nosotros queremos darle una buena atención, a través de DART nosotros le podemos dar toda la información y por ejemplo a las mujeres migrantes les decimos que no hay peligro si denuncian, las acompañamos (Casa de la Familia, comunicación personal, 24 de febrero 2016).

Las organizaciones que realizan funciones indirectas tienen mayor capacidad e interés en el cabildeo. CARECEN tiene un mayor grado de incidencia que todas las asociaciones, quizás porque desde sus inicios siempre ha pugnado por los derechos de los migrantes.

Somos miembros de varias coaliciones nacionales, estatales y locales de entidades de justicia social que buscan cambios en las políticas sobre las reformas migratoria y educativa y de los derechos de los trabajadores. Cada año los organizadores de CARECEN planean una agenda de campañas para llevar a cabo en cada una de estas áreas. A veces con nuestros compañeros en las coaliciones y a veces solos, CARECEN organiza acciones y actividades de abogacía para apoyar estas campañas, se organizan desde marchas hasta visitas con legisladores y foros informativos (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo 2016).

INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES CARECEN Y LACLJ

En términos de la VD, LACLJ y CARECEN han participado en cabildeo para las decisiones sobre la visa U. El último logro que tuvieron es la Ley Victims of Crime: non immigrant status SB-674(2015-2016). Esta ley es un avance en términos de atención a mujeres migrantes víctimas de violencia porque su objetivo es disminuir la violencia estructural; en ocasiones por cuestiones de racismo y xenofobia, funcionarios toleran el abuso en mujeres inmigrantes y esta ley se contrapone a las leyes que permiten y fomentan la exclusión y discriminación por sexo o estatus legal (VAWA), obligando a los policías a entregar el certificado policiaco, necesario para los dos mecanismos de apoyo directo a inmigrantes, VAWA y visa U.

Este año pasó una ley donde cada policía tiene que considerar por ley dar la certificación si el cliente (mujer violentada) cooperó, entonces esos policías que en el pasado no firmaban para ningún caso, ahora tienen que considerar este pedido. Esta ley fue incentivada por las asociaciones y el proceso fue contactar a representantes del gobierno estatal y explicarles lo que estaba pasado porque había clientes que no tenían la certificación y que eso era impedimento para que nuestros clientes aplicaran a visa U, les dimos ejemplos, casos… y entonces el gobierno estatal fue quien propuso la ley. Hablaron con agentes de la policía, y vieron que esto era bueno para dar todo el apoyo entre gente migrante y agencias de la policía y de esta manera habría más vínculos con la comunidad migrante (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo 2016).

Como se mencionó anteriormente, las OSC clasificación 501 (c)(3), tienen la prohibición legal del cabildeo político, por lo tanto se considera que éste, es uno de los principales logros de las OSC del Condado de Los Angeles. Su experiencia se puede considerar exitosa. Estas organizaciones han participado de manera conjunta al estado de California por el interés de éste en disminuir los crímenes por VD. Las OSC y gobierno han establecido una comunicación de dos vías, las organizaciones comunican sus necesidades al estado y éste responde con las leyes que facilitan su trabajo.

La incidencia de estas organizaciones no sólo es en términos de cabildeo, hay quienes no participan en la toma de decisiones pero tienen incidencia pública. Estas organizaciones ayudan a disminuir la vulnerabilidad en el corto y el largo plazo, a través de buscar el empoderamiento de las mujeres con sus acciones en el centro de recursos o a través de la educación para las nuevas generaciones, enseñándolas a mantener relaciones sanas y a cambiar la forma de relacionarse de quienes ya han sufrido la VD.

En el siguiente apartado se describirán los procesos de dos organizaciones que ofrecen servicios complementarios a la intervención emergente.

Las dos organizaciones siguientes; CARECEN y LACLJ tienen como su principal objetivo dar apoyos de abogacía a la comunidad inmigrante. En términos de VD estas OSC realizan servicios relacionados a VAWA y visa U.

VAWA y la visa U son una posibilidad para las mujeres inmigrantes, antes no la tenían, ellas salían deportadas y muchas veces eran separadas de sus hijos, ahora estos recursos son la oportunidad de convertir algo muy terrible a algo muy bueno (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

VAWA les otorga la posibilidad de arreglar los documentos sin el apoyo del esposo, pero necesitaban estar casadas con un residente o ciudadano. Abre la oportunidad no sólo a las mujeres también a hombres o gays, actualmente están dispuestos a revisar diferentes tipos de violaciones. Visa U por su parte les da una oportunidad de arreglar su situación. Es decir, ahora hay una camino, no es perfecto pero existe, hace diez años no había nada (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

Quienes acuden a esas organizaciones han pasado por los centros de atención, Shelters, casas de transición, razón por la cual sus procedimientos inician mientras residen en ellos. Algunas otras son vinculadas por la policía y por el Consulado Mexicano y han recibido la primera información legal en esos espacios. A las usuarias que llaman a la línea de emergencia o que acuden por primera vez al centro se les otorga una información completa, sin importar cómo lleguen.

Los requisitos que se solicita son en realidad trámites legales, que muchas veces no se cumplen por cuestiones de discriminación:

La orden de restricción, el reporte policiaco, este reporte es muy importante, antes los policías no lo firmaban y es fundamental para el trámite (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

La orden de restricción es fundamental porque para visa U debe haber una investigación de un crimen, es decir, si son personas que vivieron VD pero nunca lo reportaron a la policía, por miedo al agresor o a ser deportadas, no procede, si no hay un reporte de policía entonces no se puede hacer el proceso de visa U (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

Pareciera que los trámites son sencillos y que las víctimas sólo tienen que obtener el reporte policiaco, pero el obtenerlo toma aproximadamente un mes.12 Después de la orden de restricción temporal tienen que acudir a un tribunal de primera instancia, para sacar una cita con la finalidad de obtener una orden de restricción permanente13 ( The Judicial Council Of California, 2019 ). Una vez que ya tienen la cita con la corte, deberán volver a la oficina de policía para tramitar el reporte policíaco. Este reporte es importante, es la prueba de que la víctima está cooperando con el gobierno para la resolución del crimen

La atención de las OSC inicia una vez que tienen la fecha de corte para obtener la orden de restricción definitiva. El abogado designado les ayuda a llenar los documentos que se presentan en la corte, este servicio tiene un costo de cincuenta dólares (primera sesión), ahí mismo le informan a la solicitante si tiene probabilidades de que su caso sea elegible para solicitar VAWA o visa U.

La policía toma este trámite como una buena señal de que está cooperando porque una vez que el juez lo determina, ya no es la víctima contra su agresor, sino el Estado contra el agresor, es una manera de hacer cumplir la ley (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

En la experiencia de las organizaciones, la orden de restricción era uno de los documentos más difíciles de conseguir, porque no todos los policías tenían la disposición de firmarlos, y algunos incluso argumentaban que no disponían de tiempo para hacerlo. En la actualidad existen dos recursos que son un logro importante para la atención a mujeres víctimas de VD: La ley complementaria SB 674 y DART; el segundo es un programa que además de ofrecer una nueva forma de atención a víctimas en el departamento de policías, es una forma de vigilar las conductas de discriminación, para el caso de las inmigrantes.

El requisito más difícil para visa U que hemos visto es obtener la certificación de la policía, sin eso no pueden aplicar y entonces hemos visto casos que la policía dice que la persona no cooperó porque no contestó los teléfonos o el agresor la amenazaba y tuvo miedo de seguir hablando con el policía, en el pasado hemos visto que hay policías que dicen que no van a certificar para ningún caso de visa U porque es más tardado (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

Un beneficio que las organizaciones mencionan es que VAWA establece las bases para la atención a víctimas, pero cada estado en lo particular puede gestionar recursos que favorezcan el buen funcionamiento de la ley. El programa DART es una herramienta, positiva, pero no obligaba a los policías a firmar el reporte policiaco.

Producto de la incidencia y del trabajo en coordinación con el estado de California el pasado octubre del 2015 se creó la ley complementaria SB 674 (SB 674 en el espacio 679.10 del Código Penal) misma que obliga a los miembros de la policía a otorgar la certificación policiaca.

El primero de enero de 2016 entró en vigor una ley que obliga a la policía a dar la certificación para visa U, siempre y cuando la víctima haya ayudado. Antes el policía era libre de firmar o no, por esta situación muchas solicitudes de visa U no podían ser completadas, ahora ya es obligación (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

Este año pasó una ley en donde cada policía tiene la obligación de dar la certificación si el cliente cooperó, entonces esos policías que en el pasado no firmaban en ninguna situación hora tienen que considerar este pedido. Nosotros expusimos casos en los cuales demostramos que muchos clientes no podían hacer sus peticiones porque les faltaba el reporte, había casos con espera de hasta ocho años, ahora la policía tiene que dar respuesta dentro de 90 días y antes era espera de años, ahora por ley tienen 90 días. Sólo es para California, a veces llegan clientes de otro estado y si la policía no firma certificaciones no podemos hacer nada. Si el policía que atendió el primer reporte no realizó el documento, existe la posibilidad de que vuelva con otro policía y amplié su expediente, pero no sé si hay algún castigo para el policía (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

Una vez que se obtiene el reporte policiaco, se revisa si los casos son elegibles para VAWA o visa U, lo que sigue es conseguir el financiamiento de estos servicios. Para VAWA el costo es aproximadamente de 580 dólares, muchas veces estos costos entran a través del Programa de Compensación de Víctimas del Estado de California. Para visa U es muy diferente, aunque no tiene ningún costo solicitarlo, el proceso es llevado por los abogados, de acuerdo a los testimonios esto tiene un costo aproximado de 1 500 a 2 000 dólares. Para el caso de las mujeres mexicanas, es el consulado quien financia este servicio en 1 000, si la víctima reúne los requisitos legales.

Los clientes necesitan comprobar que han sufrido daño físico o mental, por esta razón se le solicita una evaluación psicológica como prueba de que han sido víctimas de violencia. Para obtener dicha evaluación, ambas organizaciones están vinculadas con casa de la familia. Además de esta evaluación, se les solicitan la mayor cantidad de pruebas posibles a las víctimas, desde fotos y reportes médicos para apoyar el caso.

El reporte psicológico es requisito para saber si han sufrido suficiente daño. Si no hay daños físicos, esta carta que detalla los daños psicológicos ayuda. Pueden ser un sólo evento o años, cuando es por años el caso es más fuerte porque hay más pruebas (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

El tiempo de los procesos es tardado, para visa U el tiempo aproximado es de dos a tres años para la revisión y dictaminación del caso. Cada año se aprueban 10 000 visas. Si una madre es aprobada sus hijos también se benefician. De acuerdo a las OSC existe una lista de espera de aproximadamente 40 000 personas o cuatro años. Si la víctima se beneficia de visa U, después de 18 meses de haber obtenido visa U pueden tramitar un permiso de trabajo y esperar mientras les entregan su visa, después de tres años de tener la visa ella podrá realizar trámites para obtener la residencia permanente, antes de esto no pueden salir del país.

El proceso para VAWA es menor, se lleva en aproximadamente cinco meses, porque de acuerdo a las OSC tiene menos demanda.

Si se casó con un residente permanente, “el tiempo de espera para tramitar la residencia dependerá del país de origen de la víctima, porque Estados Unidos da cierta cantidad de visas a cada país, y ellos las administran” (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

Una vez aprobada le otorgan la residencia permanente sin mayor tiempo de espera. En palabras de las asociaciones, 90 por ciento de visas (CARECEN, comunicación personal, 5 marzo de 2016. LACLJ, entrevista, 19 febrero de 2016)14 VAWA que ellos tramitan, son aprobadas.

Requisito de VAWA y Visa U es el perdón en caso de que las víctimas tengan record criminal, en caso de que la víctima hubiera recibido algún apoyo de gobierno como Medicaid, o cupones de alimentos,15 o bien mentido sobre su estatus legal presentando documentos falsos, (para VAWA y visa U) si entró al país sin documentos, si tiene juicios abiertos, si ha ido a corte, orden de deportación, si fue puesto en algún programa especial como libertad condicional por ejemplo.

El tema de la deportación es un tema recurrente. Rocha Romero & Ocegueda (2013) documentan que muchas mujeres son detenidas por el U.S. Inmmigration and Customs Enforcement (ICE)16 al momento de iniciar o durante el proceso de visa, situación que es frecuente en otros estados, por situaciones que tienen que ver con actitudes de discriminación y racismo pero que no es legal. Es decir:

Una vez que se inicia el trámite al someter la aplicación les dan un recibo de que inmigración [sic] 17 lo ha recibido y los protege para no ser deportados hasta que reciben una decisión, después de los 18 meses reciben un permiso de trabajo y una acción diferida, que es protección para no ser deportado en lo que llega la visa U (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

Lo cierto y que se debe de resaltar es que para quienes realizan el proceso de visa U, la situación no es fácil, quienes la solicitan debe mantener un record limpio. El énfasis en esta situación se debe a que hay acciones simples como; negarse a dar mayor información si el juez lo solicita, embriaguez pública, vandalismo, o bien trabajar sin un permiso, estas acciones son delitos menores pero pueden revocar el trámite.

Ahora U.S. Citizenship and Inmmigration Services (USCIS) 18 tarda más para tomar la decisión en las peticiones de la visa U. Es un tiempo largo muy difícil para los que están detenidos y no pueden salir bajo fianza. Claro que es muy difícil para la gente afuera también, especialmente porque mientras esperan la decisión no tienen permiso de trabajo (LACLJ, comunicación personal, 19 de febrero de 2016).

Si al concluir el trámite las visas son negadas, las víctimas deben de ser referidas al ICE para su deportación, sin embargo, mencionan que no siempre es de esa manera. En caso de ser deportadas, estas mujeres pueden solicitar la visa desde afuera.

La ley dice que si no se les otorga la visa serán referidos a migración, pero no hemos visto eso, sólo si el cliente tiene un record criminal o tiene abierto un proceso de deportación, entonces continuará ese proceso. Visa U tiene una excepción si la víctima fue deportada, el perdón, y si el caso es aceptado puede regresar al país o comenzar el proceso de residencia. El proceso es más tardado porque no podrán entrar hasta que les entreguen físicamente la visa U (CARECEN, comunicación personal, 5 de marzo de 2016).

La visa U y VAWA son dos alternativas reales paras las inmigrantes, sin embargo no todas califican, muchas no reúnen los requisitos para poder solicitarla y a otras más simplemente no se autorizan. Con esta situación dice Stephen (2016) que las mujeres tienen dos opciones: quedarse con el agresor, o arriesgarse a la deportación porque si el sistema no las reconoce víctimas, las criminaliza por su estatus migratorio. Ante esta situación, las OSC del condado de Los Ángeles, no solamente realizan los trámites a un costo menor, su aportación ha ido más lejos y han buscado soluciones de la mano del estado.

Las OSC a través de sus redes han impulsado leyes y programas (SB 674 y DART) que permiten vigilar el actuar de la policía, lo cual facilita su desempeño en los trámites para la solicitud de dicha visas. El beneficio que estos mecanismos otorgan a las inmigrantes es importante porque su correcto funcionamiento protege a las mujeres de ser vulneradas por las autoridades públicas a través de actitudes racistas o discriminatorias.

CONCLUSIONES

El presente trabajo contribuye a los estudios en el campo de la investigación sobre atención a las mujeres migrantes víctimas de violencia en Estados Unidos centrándose en los servicios y en los actores que los otorgan. Se analizó la incidencia pública y política de las OSC en la atención a mujeres inmigrantes víctimas de violencia para explicar cómo se constituyen en agentes de desarrollo.

En Estados Unidos la atención a mujeres víctimas de VD está bajo la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil y es controlada a través del Estado. La Ley VAWA dota de recursos y capacidades a las OSC, y a su vez institucionaliza la discriminación y la desigualdad al prohibir la atención a las mujeres inmigrantes.

De manera contradictoria, aunque VAWA niega la atención a mujeres inmigrantes, establece dos mecanismos para que puedan obtener la residencia permanente: visa VAWA y visa U. Estos mecanismos son incluyentes pero más que apoyar a los inmigrantes buscan incrementar la denuncia y disminuir los incidentes de VD.

Las OSC del Condado de Los Ángeles tienen una red consolidada. De acuerdo a Müller (2014), las organizaciones de reciente creación tienden a trabajar en redes y coaliciones para poder incidir mejor en la obtención de objetivos. Por otro lado, las OSC que tienen una antigüedad de más de treinta años, con el paso del tiempo, han fortalecido redes que les permiten cooperar y coordinarse mejor, para poder proporcionar una atención integral y establecer estrategias para una incidencia política más eficaz.

Casa de la Familia es de las pocas OSC que tiene la concesión para extender un certificado de evaluación psicológica, requisito indispensable y probatorio en los casos de VAWA y visa U. Este servicio no tiene subsidio y debe de ser costeado por la víctima, para apoyarles se les da la opción de hacerlo en pagos.

LACLJ tiene más de 30 años trabajando, sin embargo hace apenas dos que se especializa en casos de VD: VAWA y visa U. Un 90 por ciento de las solicitantes son mexicanas. Por su parte CARECEN tiene más de 33 años en la protección de derechos de los migrantes centroamericanos y diez años con casos de VAWA y visa U, 70 por ciento de sus usuarios son de origen mexicano. Ambas organizaciones tienen una relación muy estrecha con el Consulado, su labor social se encuentra en realizar los trámites a un costo muy bajo.

En orden de importancia el reporte policiaco y la evaluación psicológica son dos documentos sin los cuales no se puede iniciar el proceso. Estos procesos son muy tardados, para VAWA pueden ser de seis meses a un año y medio en lo que les dan la residencia permanente. Para la visa U el proceso de revisión es de aproximadamente dos años, si ésta llegara a ser autorizada no se entregan de inmediato. Estados Unidos solamente otorga 10,000 al año, en la actualidad hay una lista de espera de cuatro años. En el momento en que inician el trámite reciben un permiso para residir legalmente en Estados Unidos, pero no se les permite trabajar, y al no contar con un sustento económico que permita su manutención se incrementa su vulnerabilidad. Una vez que les entregan la visa, pueden tramitar la Green Card, y a partir de que la recibe tiene cuatro años para solicitar la residencia permanente. La visa U pone en espera el proceso de deportación en lo que dan un dictamen, pero para quienes se encuentran en la cárcel, el proceso no es agradable.

Las organizaciones de fines indirectos, LACLJ y CARECEN, manifestaron que el programa DART y la Ley SB 674 son resultado de cabildeo. Estos mecanismos permiten controlar las actitudes racistas y de esta forma los policías están obligados a otorgar los reportes policiacos, documento importante para el proceso de atención en los refugios y para el trámite de visa U y visa VAWA. La prioridad de las estrategias que han planteado en conjunto responde a las necesidades de la población que atienden. El trabajo en redes ha permitido que estas organizaciones puedan ofrecer una mayor protección a las mujeres inmigrantes que cubren los requisitos.

Al analizar los servicios que ofertan las OSC se encontró que las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad son aquellas que no tienen documentos y que tienen hijos no nacidos en Estados Unidos. Aun así, cuando ellas tienen hijos nacidos en Estados Unidos esto puede ser un arma de dos filos, porque si ellas intenta huir a un refugio, debe contar con la aprobación de la policía; de lo contrario, pueden ser acusadas de sustracción de menores. Por otra parte, tener hijos ciudadanos les permite tener acceso a algunos recursos proporcionados por el Estado. Los refugios realizan actividades extras para poder obtener recursos económicos y en especie que les permita atender a las mujeres inmigrantes VD, contraponiéndose de esta manera a la Ley VAWA.

En relación a la incidencia pública y política que tienen estas organizaciones, consideramos que han contribuido al reconocimiento de opresión que sufren de las mujeres, entre ellas las inmigrantes indocumentadas. Las organizaciones analizadas han apelado a generar una conciencia más allá del ámbito privado y de las relaciones interpersonales, articulando propuestas que aseguran un trato digno y la no discriminación por sexo o raza en las entidades públicas.

Resultado de esa incidencia política se encuentra el programa DART y la Ley SB 674, promovida en conjunto con el estado de California y las OSC. Ambos representaron un gran avance. DART disminuye la violencia estructural, intentando controlar la discriminación por sexo, raza y etnia. La Ley SB 674 se contrapone a las leyes que permiten y fomentan la exclusión y discriminación por sexo o estatus migratorio obligando a los policías a entregar el certificado policiaco, que es un documento necesario para iniciar el trámite de los dos mecanismos de apoyo directo a inmigrantes, VAWA y visa U.

Las OSC responden a las necesidades del entorno en el cual se encuentran establecidas, la única organización que no atiende inmigrantes es porque mencionaron no tener demanda. Por otro lado, las OSC establecidas en la ciudad de Los Ángeles y Long Beach han buscado los mecanismos para poder atender a la población, aunque no todas son mexicanas, sus usuarias en mayoría son inmigrantes.

Las organizaciones tienen una fuerte cohesión social con los habitantes de su localidad, observable en las estrategias positivas para el autofinanciamiento que han desarrollado. Las redes que han formado son sólidas, éstas permiten la transmisión de conocimiento y la profesionalización de la atención a través de las reuniones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Estas redes facilitan e impulsan dos tipos de activismo uno relacionado a la intervención de espacios públicos y el activismo político. Ambos contribuyen a dar respuesta a la vulnerabilidad de las mujeres, en su condición de mujer y en su condición de migrante. Las OSC trabajan en conjunto con el gobierno de California, y en menor proporción con el Consulado Mexicano; éste ha encontrado en estas asociaciones una oportunidad para atender a sus connacionales en el Condado de Los Ángeles.

Las OSC han construido estrategias que permiten la atención de mujeres inmigrantes. De la misma manera, sus acciones no se quedan solamente en proveer atención, ya que las OSC del condado de Los Ángeles han impulsado, a través de su incidencia política, mecanismos que controlan actitudes racistas y excluyentes, asegurando de esta manera un mejor trato para las mujeres inmigrantes.

Las OSC en general aportan mucho más de lo esperado a la mejora de la calidad de vida de las mujeres a pesar de las limitaciones económicas y normativas, realizando un esfuerzo extraordinario que permite otorgar una atención bajo el principio de universalidad. Las OSC tienen un mayor impacto en la vida de las inmigrantes, ya que han logrado generar mecanismos de control hacía actitudes racistas y xenófobas. Las OSC de fines directos son vitales para la recuperación de las mujeres maltratadas y su incidencia pública es sin duda la herramienta más fuerte para cambiar las ideologías y roles que reafirman la desigualdad. En lo general y por lo antes expuesto, se considera que estas OSC sí son agentes de desarrollo.

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Notas

1 Se entiende por incidencia pública la intervención directa del espacio, a través de servicios de atención a víctimas, talleres, cursos u otro tipo de eventos que buscan la transformación social o cultural para la erradicación de la violencia doméstica. Así mismo se entiende por incidencia política la participación en espacios gubernamentales, el cabildeo político que dé como resultado la construcción de políticas públicas a nivel local o estatal (Müller, 2014).

2 Con base en Estimated Population of the 88 Cities In The County Of Los Angeles.

3 Con base en Domestic Violence Member Program (2015) The California Partnership To End Domestic Violence.

4 Las entrevistas se realizaron en las oficinas de los centros de atención en total privacidad, no se entrevistó a más personal, debido a que sólo las coordinadoras son conocedoras de los diversos procesos. Por otra parte, para tener acceso a otras áreas y a mujeres usuarias, se debe de tener un entrenamiento especializado de 40 horas, mismo que es ofertado dos veces al año por estas OCS y no coincidía con el trabajo de campo.

5 Traducción propia del idioma inglés. Original: The term ‘‘victim service provider’’ means a nonprofit, nongovernmental or tribal organization or rape crisis center, including a State or tribal coalition, that assists or advocates for domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking victims, including domestic violence shelters, faith-based organizations, and other organizations, with a documented history of effective work concerning domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking.

6 Traducción propia del idioma inglés. Original: “Addressing the needs of individuals in a special population group (e.g., elderly, disabled, children and youth, individuals of ethnic and racial communities, and nonimmigrant women”.

7 El recurso VAWA es solamente para mujeres que estuvieron casadas con un ciudadano o residente permanente, éstos pueden solicitar al gobierno que sus parejas obtengan la ciudadanía o la residencia. La autopetición se realiza si el ciudadano o residente jamás solicitó estos beneficios para su pareja. Este recurso es para hombres y mujeres.

8 Se refiere al Internal Revenue Service (IRS).

9 Traducción propia del idioma inglés de Non-profit.

10 La orden de restricción que las mujeres obtienen al momento de llamar a la policía solamente es válida por treinta días, el objetivo es evitar que haya un incidente violento y en ese lapso se le invita las mujeres a tomar terapia, a separarse, a ir a un refugio a iniciar un trámite legal, etcétera –en la actualidad DART ofrece todas las alternativas–. En este lapso de treinta días las mujeres que desean continuar con el proceso de “poner fin a esa relación de abuso” tienen que acudir a la corte y tramitar el reporte policiaco.

11 Se llama orden de restricción permanente, pero en realidad es sólo por cinco años.

12 LACLJ no otorgó el total de visas tramitadas, sólo las aceptadas: VAWA 35 Y 50 visas U. Para CARECEN fueron aprobadas 50 visas VAWA y 250 visas U durante 2015.

13 No aplica si tiene hijos ciudadanos.

14 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

15 Se refiere al Departamento de Migración de los Estados Unidos.

16 Se refiere al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.



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INTRODUCTION

In these turbulent times for migrants in the United States, when anti-immigrant sentiment has materialized in the form of laws sanctioning the presence of undocumented immigrants and persecution by authorities and certain citizens, the outlook appears bleak for highly vulnerable undocumented women who are victims of violence.

The perpetrators of these violent acts believe they have the upper hand over their victims due to the threat of deportation and potential separation from their children. Given this seemingly grim outlook, civil society organizations (CSOs) in Los Angeles County, California, have become beacons of hope for some victims, not just to alleviate their situation as victims of domestic violence (DV) but also generate certainty that their migratory status will improve though the regularization of their legal situation. The U visa and VAWA visa are options that encourage victims to file a report in the hope of a securing a better life. However, victims seeking assistance through these new channels face a long-winded process.

CSOs have been successful in encouraging victims to associate this liberalization in suppressing violence with leading a better life in their new country of residence. In a political and social setting that appears to persecute and criminalize undocumented immigrants on all fronts, visas are a significant form of support and a major step forward to regularize their migratory status, streamline procedures to demonstrate their status as victims, and apply for urgent relief.

This study examines CSOs that address domestic violence in Los Angeles County and the processes by which they provide assistance to help reduce the vulnerability of immigrant female victims of DV. Drawing from a theoretical and analytical framework based on local development, the analysis focused on one particular dimension –that of the political influence of CSOs– with the aim of explaining how they become agents of development. The research took a descriptive approach, using a qualitative method consisting in theoretical sampling and data collection through semi-structured interviews. It was found that the CSOs analyzed have developed mechanisms to assist and empower migrant women, establishing legal pathways to reduce xenophobia, racism, and deportation, thus becoming agents of development.

Theoretical frameworks that attempt to define violence or types of violence, or explain the drivers of violence against women, will not be discussed. Instead, the analysis will revolve around public and political influence3 on regulatory frameworks and public policy.

Two basic elements are involved in political influence: citizen engagement and lobbying ( París & Müller, 2016, p. 259 ), both of which are performed by these CSOs.

Female immigrants are part of an oppressed, excluded community that endures marginalization and reduced access to services, while violence against the community is justified by stereotypes regarding foreign cultures. Studies have confirmed the use of violence and an increase in vulnerability in accordance with migratory status ( Dacer, 2013 ); not only is their undocumented status a risk for migrant women living in new destinations, but they have little chance of finding support services in a language other than English.

Martínez (2012) highlights the importance of activism to support these immigrant women, as they are vulnerable on many accounts. The lack of support spaces is notable, encouraging engagement by organizations to provide alternatives, eliminate institutional discrimination, and provide competent services. In spite of the patriarchal society they come from, and the structural factors that exist in the receiving destinations, women have a capacity for survival that goes beyond a subordinate or passive role. For Ayala, Moya, and Chávez (2012), associations are a force for change.

This study analyzed how CSOs help to change the reality of female oppression. Due to space constraints, this work summarizes findings on emerging and support services, since these are similar to results found in other studies, with a particular focus on the ways that organizations in the county have had a successful political impact, thus becoming agents of development.

This work is divided into five parts. The first explores the theory of local development and its agents, and the conceptual framework of CSOs. The second section presents the methodology, institutional resources to support victims of DV in the United States, and the Violence Against Women Act (VAWA), enacted in 1994 and which gave rise to the VAWA and U visas. The third part describes the CSOs of Los Angeles County and analyzes their political influence in the creation of a support program for women who have been victims of DV. The fourth section provides evidence of the political influence exerted by two organizations to support undocumented immigrants, specifically through the creation of secondary legislation making it easier to issue legal documentation. Lastly, the study conclusions are presented.

NOTES ON DEVELOPMENT

Boisier (2005, pp. 51-52) argues that development is a “local phenomenon, embedded in the economic, technical, social, and cultural characteristics of a particular place.” Likewise, he notes that this endogenous process takes place in small territorial units that promote economic dynamism and an improved quality of life for human settlements.

Local development is complex due to the large-scale and wide-ranging interests that come into play in a given region. Development will be the result of cooperation between actors, who in turn need an institutional and organizational environment that supports and directs their efforts. Local development, as observed, brings about changes in two dimensions: it stimulates the economy and improves a population’s quality of life. This research only examines the second of these dimensions, on the understanding that an improvement in quality of life is given by CSOs’ capacity to provide support, generate collective learning, and promote a cultural and political change that reduces the vulnerability of female immigrant victims of violence.

Agents of Development

The terms development actor and agent of development are sometimes used interchangeably. Development actors are identifiable by the scene they act on, meaning the social setting, whether this be a company, an organization, schools, the public sector, etc. On the other hand, agents of development are associated with a goal-based sense of action ( Pierdomici & Mochi, 2011 ). In this sense, a social actor could be any individual, organization or company in a given region, but only those carrying out specific actions to achieve goals can become agents of development. As mentioned, development is the result of the organizational capacity of actors in society. Arocena (2001) remarks that one conditioning factor in local development is local actors’ capacity to become agents of development. “Being an agent of development means having two roles: on the one hand, as an analyst, you must have a capacity for diagnosis; as an activist, a capacity for action,” ( Pierdomici & Mochi, 2011, p. 54 ).

These agents of development must be equipped with skills and need to be aware of local resources and support initiatives for development. They should have an extensive understanding of the region to identify poorly-developed areas or areas with specific problems that could serve as a basis to create projects to address them. Agents of development promote partnerships between different actors and networks that enable them to accomplish their goals, support the establishment of new organizations and the creation of territorial observatories for the problems they address, and systematize successful experiences ( Pierdomici & Mochi, 2011 ).

With respect to support for women who have been victims of DV, agents of development must be more than mediators or articulators. In the words of Pierdomici and Mochi,

Agents of development advocate and show commitment to the broader development process, the aim of which is to further citizens’ well-being beyond territorial insertion; prevention means taking specific action, being committed to action […] the conduct of these agents enables a high degree of influence over the type and nature of development (both in individuals and regions). Agents pursue their activities based on certain attitudes learned professionally and others drawn from knowledge acquired tacitly ( Pierdomici & Mochi, 2011, p. 54 ).

Agents of development have the capacity to build local power. This power is nourished by their decision-making capacity, organizational capacity, and influential capacity. For Pierdomici and Mochi (2011) , these agents are professionalized and must act within a specific area. For gender-based violence, these actions must pursue the empowerment of individuals or the region.

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE SUBJECT OF STUDY: CSOS

CSOs work for the public good, are autonomous, and operate on a non-profit basis. They include social clubs, business associations, professional associations, labor unions, political parties and organizations, research centers, philanthropic organizations, volunteer organizations, religious organizations, foundations, etc. ( Müller, 2014 ).

Civil society organizations should be understood as a free and voluntary association of citizens within specific areas of social life. These associations seek to influence public decisions and associated legal frameworks. They are stable, self-organized groups, with a relationship structure, operating rules, and relatively fixed objectives; in most cases they tend to professionalize the actions they carry out ( Canto, 2004 ). They may be formal or informal. These groups are diverse in nature and may take many different forms: economic, cultural and informative, educational, interest or development groups; civic associations; or groups with more targeted activities, such as those that protect women’s rights, or in this case, the rights of women who have been victims of intimate partner violence. It is worth noting that these associations can be classified in terms of their actions, activities and values, or other aspects ( Müller, 2014 ).

These associations take on roles that may also serve as a basis for classification: some represent the interests of specific groups, and others seek to engage with the government and other actors in society to achieve their goals. Yet others seek to mobilize social actors to increase awareness and their impact on a specific issue. Others are devoted to regulating and monitoring state performance, the conduct and actions of public officials, or social development to improve their own welfare or that of other minority groups.

Older civil society organizations have a focus and social reality, in addition to their functions in terms of engagement and lobbying. Newer organizations generally work in networks and coalitions. These networks include actors, other non-governmental organizations and intergovernmental organizations, and usually enjoy financial support from international agencies and certain governments keen to enforce the legislation they are seeking to promote ( Aikin, 2011 ).

Working in networks also entails processes to establish joint projects closely linked to economic, political, and cultural processes, and which lead to new forms of action and social intervention with viable, sound proposals and alternatives for specific sectors of the national population ( Müller, 2014, p. 94 ). At a local level, development stems from actors’ capacity for collective action; it is the result of an organizational and institutional effort. A higher level of collaboration, cooperation, socialization of knowledge and learning is associated with a higher level of engagement in public affairs and greater political influence. Coordination with other non-profit associations and volunteer groups helps to establish joint projects with association centers, form self-help groups, and coordinate with public health and medical agencies.

METHODOLOGY

Methodology is a way of thinking about and studying social reality;

the method is a set of procedures to collect and analyze data.

Strauss & Corbin (2002, p. 1)

.

The methodology chosen for this study is qualitative in nature and the analysis is based on grounded theory. Qualitative methodology has been defined as an attempt to gather information on behavior by observing events and activities. Its focus is on obtaining open textual data, in the local population’s own words and phrases, with the particular goal of collecting information on the context of behavior and the systems that influence behavior ( Strauss & Corbin, 2002 ).

Meanwhile, grounded theory, proposed in the 1960s by Barney Glaser and Anselm Strauss, serves as support in interpreting phenomena using the qualitative method. It is generally used when researchers hope to establish theories on the phenomenon studied, or when the concepts associated with the phenomenon studied, or a specific population, are unknown ( García & Manzano, 2010 ), as was the case in this study.

This methodological proposal calls for a systematic, organized process, similar to other methods while offering the advantage of flexibility. The methodological process is not linear; it involves going back and forth in data collection, analysis, and theory-building – a dialectic process. The importance of following a qualitative methodology to explain social facts is that it provides a deeper understanding and makes it possible to interpret reality based on different qualitative analysis research methods such as grounded theory, as mentioned above, and is characterized by the fact that researchers work from data to go on to generate and interpret concepts.

Theoretical sampling was performed with the aim of selecting new cases to study and expanding concepts and theories or providing new data ( Cuñat, 2007, p. 2 ). Given the study objective, this research involved a specific population group: Mexican female immigrant victims of DV in Los Angeles County, California, and the as-yet unknown “subjects” who may or may not provide services for them.

Initially, migrant organizations were considered subjects of study, as it was believed that these organizations would bridge these gaps in support with strategies to counter DV, as a result of the consolidated networks existing in Los Angeles, as they have done in other areas, such as culture, sport, and even politics. However, although the organizations contacted indicated that they were aware of the problem, they had no mechanisms in place to provide support. With no answers to be found in migrant organizations, CSOs were sought that addressed DV.

The study was delimited geographically based on the area with the largest population and highest number of CSOs in the state of California; it was found that Los Angeles met both criteria. The county has a population of 10,192,374 inhabitants4 and is home to 28 of the 126 CSOs in the state of California.5 Contact was established with CSOs in the cities of Santa Clarita Valley, Long Beach, and Los Angeles.

The information was collected by conducting six semi-structured interviews with the coordinators of support centers for the CSOs selected,6 with the aim of gaining insight into the services they offered and whether these services were used by immigrant women, and determining whether support networks had been established. The CSOs chosen were the Domestic Violence Center of Santa Clarita Valley (DVC of SCV), based in Santa Clarita Valley; WomenShelter of Long Beach (WSLB) and Su Casa Ending Domestic Violence (Su Casa), in the city of Long Beach; and in the city of Los Angeles, the Casa de la Familia, Central American Resource Center (CARECEN) and the Los Angeles Center for Law and Justice (LACLJ).

INSTITUTIONAL RESOURCES TO SUPPORT VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE UNITED STATES

In practice, the United States relies on civil society organizations to meet the needs of the community ( Lester, 1996 ). The federal law VAWA, for example, provides CSOs with resources and capacities. It recognizes victim service providers as any “nonprofit, nongovernmental or tribal organization or rape crisis center, including a State or tribal coalition, that assists or advocates for domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking victims, including domestic violence shelters, faith-based organizations, and other organizations, with a documented history of effective work concerning domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking,” ( 103rd United States Congress, 1994 ).

In general, it is CSOs that are responsible for providing support services to women. According to congressional reports, programs arising from VAWA are aimed at “addressing the needs of individuals in a special population group (e.g., elderly, disabled, children and youth, individuals of ethnic and racial communities, and nonimmigrant women),” ( Seghetti & Bjelopera, 2012, p. 3 ).

VAWA has given rise to two key resources for the protection of female immigrant victims of DV: the VAWA visa and the U visa.

The VAWA visa is a resource that allows women to self-petition7 for permanent residence if they are able to prove that a) they are or were legally married to a citizen or permanent resident; b) they live or have lived with that person; c) they have been abused or the victims of extreme cruelty; and d) they are of good moral character (no criminal record). This process costs around 580 U.S. dollars. A visa can be obtained under VAWA while the woman is still married or within two years of divorcing or becoming a widow. A fee waiver is available under VAWA for petitioners who complete the procedure themselves, with no intermediary ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ).

The U visa, created for victims of violent crimes including DV, allows some victims to remain in the United States for four years. Three years after obtaining a U visa, holders are eligible to apply for permanent residence (a Green Card), and eventually citizenship ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ). In sum, there are four requirements for the U visa: 1) to have been a victim of crime in the United States, so in the case at hand, to have suffered domestic violence; 2) to have assisted authorities in the investigation or prosecution of DV; 3) to have suffered physical or mental harm; 4) to apply for a pardon (a waiver of inadmissibility) for certain acts, including crimes and violations of immigration law ( U.S. Citizenship and Immigration Services, 2014 ).

CSOs may or may not act as agents of development, and it is precisely with respect to the limitations of VAWA that these CSOs take on importance, as they work on the law and have even brought about changes to the law, as observed during the study.

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN LOS ANGELES COUNTY

The CSOs studied provide social services crucial for the survival of victims of violence and have impacted the region through their public and political influence. These organizations help to fight the vulnerability of immigrant women by providing immediate assistance, ranging from shelter and food to legal and psychological support.

Each of these CSOs is regulated by the IRS, which classifies them as non-profits. Specifically, this law does not just regulate economic aspects, but also their public and political influence. For example, those classified as 501(c)(3) do not have legal access to lobbying. In addition to this classification, we include one of our own, dividing CSOs into two types on the basis of their activities, namely whether they play a direct or indirect role in fighting domestic violence. Those with a direct role are those working solely to provide various forms of support to women who have suffered abuse, including shelter for a period ranging from one to six months and other comprehensive services like group therapy, childcare, and assistance with moving to a new safe home. Indirect organizations are those that do not specifically aim to provide DV support services, but carry out essential work to protect and empower victims.

One of the most important organizations is CARECEN, which provides services specifically aimed at migrants, women, children, and men ( Gómez Johnson, 2016 ). Its objective is to “provide low-cost legal immigration services, advocacy of immigration policies, educational reform and workers’ rights, and expertise in organizing parents, youth, and workers” (CARECEN, personal communication, March 5th, 2016).

Regarding support for migrant women who have been victims of DV, this organization is the most representative in U and VAWA visa applications, and also has the highest influential capacity.

Table 1.

CSOS Interviewed, Classified by Type of Role and IRS Classification

Name of CSO Role “Non-profit”
Classification
The Domestic Violence Center of Santa Clarita Valley (DVC of SCV) Directa 501 (c)(3)
Women Shelter of Long Beach (WSLB) Directa 501 (c)(3)
Su Casa Ending Domestic violence (Su casa) Directa 501 (c)(3)
Casa de la Familia Indirecta 501 (c)(3)
Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) Indirecta Indirecta
Los Angeles Center for Law and Justice (LACLJ) Indirecta 501 (c)(3)

On the other hand, although the LACLJ organization has extensive experience working with immigrants, it has only fairly recently joined others in providing support specifically for female immigrant victims of DV by specializing in U and VAWA visa applications.

Providing legal support to low-income groups, mostly immigrants and Latino populations in Los Angeles. In reference to support services for victims of violence, I would say that the legal issues involved in DV are complex, which explains how support from a lawyer can empower survivors (LACLJ, personal communication, February 19 th , 2016).

Even CSOs classed as 501(c)(3) work in coordination with the government of California and the Department of Justice of Los Angeles. These institutions have shown a willingness to work together and established mechanisms that benefit women in general, protecting them from discrimination based on gender, race, ethnicity, or legal status, and facilitate the processes that enable them to meet the U and VAWA visa requirements.

One result of the CSOs’ political influence is the Domestic Abuse Response Team (DART) program, launched in 2001, an initiative born of working meetings between the associations of the state of California, and which provides women with broader access to information on their options in situations of violence. The DART program also enables organizations to ensure that police do not commit acts of discrimination based on gender, race, ethnicity, or immigration status, and although the project is recent, positive outcomes are expected.

DART, founded through these same associations, works as follows: when a DV report is filed, there’s someone from the associations at the police station who accompanies the police officers, in a separate car, to attend the call-out. This way it is possible to talk with the victims and we can offer them all their options (DVC of SCV, personal communication, February 22 nd , 2016).

We met up with the police, the district attorney, and other associations we work with, and that’s how the idea came about for a program that enables a counselor to be present whenever there’s a DV report. It’s been good because when the police get there, they can’t engage emotionally with the victims, and the victims are afraid of the police, so DART allows a counselor to handle the report and this gives them more confidence (WSLB, personal communication, February 28 th , 2016).

In the United States each state has its own laws, and DART is just for California. It’s a highly functional program that is the product of work by the police and organizations like ours that work with victims of DV. The police want reports filed, we want to provide strong support; through DART we are able to give them all the information, and for example, we tell migrant women that there’s no danger if they file a report, we’ll be there for them (Casa de la Familia, personal communication, February 24 th , 2016).

Organizations that work indirectly have a greater capacity for and interest in lobbying. CARECEN is able to exert more influence than any other association, perhaps because since its inception it has always striven for migrants’ rights.

We are members of various national, state and local coalitions of social justice entities that seek to bring about changes to policies on immigration and educational reform and workers’ rights. Every year organizers from CARECEN plan a campaign agenda in each of these areas. Sometimes alongside partners in coalitions, and sometimes alone, CARECEN organizes advocacy actions and activities to support these campaigns, which range from marches to visits to legislators and information fora (CARECEN, personal communication, March 5th , 2016).

POLITICAL INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONS CARECEN AND LACLJ

In terms of DV, LACLJ and CARECEN have participated in lobbying for decisions regarding the U visa. Their most recent achievement is SB 674 Victims of crime: nonimmigrant status (2015-2016). This law is a step forward in terms of support for immigrant women who have been victims of violence, as its goal is to reduce structural violence; at times, due to problems of racism and xenophobia, public officials tolerate abuse toward immigrant women, and this law stands in contrast to laws enabling and promoting discrimination based on gender or legal status (VAWA), requiring police officers to issue the police certificate necessary for both the mechanisms that directly support immigrants: VAWA and the U visa.

This year a law was passed requiring all police officers to consider issuing the certificate if the client (the battered woman) cooperated; in the past, the police would refuse to sign it under any circumstances, now they have to handle the request. This law was promoted by associations; the process involved contacting representatives of state government and explaining to them what was happening, because there were clients who didn’t have the certificate and that was stopping them from applying for a U visa. We gave them examples, cases… and then it was the state government that proposed the bill. They spoke to police officers, and saw that this was a good way to give full support to migrants and law enforcement agencies, and this way stronger links would be established with the migrant community (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

As mentioned above, CSOs classified as 501(c)(3) are legally barred from engaging in political lobbying, so this is considered one of the main achievements of CSOs in Los Angeles County. Their experience can be considered successful. These organizations have engaged alongside the state of California in response to the state’s interest in cutting DVrelated crime. CSOs and the government have established two-way communication: organizations communicate their needs to the state, and the state responds with laws that facilitate their work.

These organizations do not only exert influence by lobbying; some people do not take part in decision-making but do achieve a public impact. These organizations help to reduce short and long-term vulnerability by seeking to empower women through their actions at the resource center or by educating new generations, teaching them to maintain healthy relationships and, for those who have already suffered DV, change the way they interact.

The following section describes the processes performed by two organizations offering services that complement emergent intervention.

The primary objective of the two organizations that follow, CARECEN and LACLJ, is to provide advocacy support to the immigrant community. As far as DV is concerned, these CSOs perform services associated with VAWA and the U visa.

For immigrant women VAWA and the U visa are options they didn’t have before; they were deported and often separated from their children. Now these resources are a chance to turn something dreadful into something really good (LACLJ, personal communication, February 19 th , 2016).

VAWA gives them the chance to get their papers in order without support from their husbands, but they need to have been married to a resident or citizen. It provides an opportunity not just for women, but also men or gays; now they’re willing to review different types of rape. As for the U visa, it gives them a chance to resolve their situation. In other words, now there’s a way forward. It’s not perfect, but it’s there, and ten years ago there was nothing (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

Those that turn to these organizations have come from support centers, shelters, or transitional housing, which is why their procedures begin when they are resident there. Others are referred by the police or the Mexican Consulate, and they received initial legal information from those sources. Users calling the emergency hotline or arriving at the center for the first time are given full information, regardless of how they arrive.

In reality the requirements are legal formalities, and often not met due to discrimination issues:

The restraining order, the police report; this report is very important, before the police didn’t use to sign it, and it’s crucial for the procedure (LACLJ, personal communication, February 19 th , 2016).

The restraining order is crucial because for a U visa there has to be an investigation into a crime. This means that if these are people who suffered DV but never reported it to the police, for fear of the attacker or the possibility of deportation, the application is inadmissible; if there’s no report, there are no grounds to start a U visa application (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

It would seem that the procedures are simple and victims only have to obtain a police report, but this takes about a month.8 After the temporary restraining order, they must go to a court of first instance to get a court date for a hearing to obtain a permanent restraining order9 ( The Judicial Council of California, 2019 ). Once they have a court date, they must return to the police office to obtain the police report. This report is important as proof that the victim is cooperating with the government to solve the crime.

CSOs begin providing support once victims have a court date to obtain a permanent restraining order. The designated lawyer helps them to fill out the documents to be presented in court. There is a fee of fifty dollars for this service (the initial session), and at this point the applicant is informed if her case is likely to be eligible for VAWA or a U visa.

The police consider this procedure a good sign that the victim is cooperating, as once the judge has made a determination, it is no longer a case of victim versus assailant, but the state versus the assailant; it is a way of enforcing the law (LACLJ, personal communication, February 19th, 2016).

In the experience of these organizations, the restraining order was one of the most difficult documents to obtain, because not all police officers were willing to sign them, with some even claiming they had no time to do so. There are currently two resources that are a significant accomplishment in terms of providing support for female DV victims: the complementary law SB 674 and DART. The latter is a program that not only offers a new form of support for victims in police departments, but is also a way of monitoring discriminatory conduct toward immigrants.

The most difficult requirement we’ve seen for U visas is obtaining the police certificate. Without it they cannot file their application and we’ve seen cases in which the police have said the person was not cooperating because she didn’t answer the phone, or because the assailant was threatening her and she was afraid to continue talking to the police. In the past we’ve seen police officers who say they’re not going to issue a certificate for any U visa case because it takes longer (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

One benefit mentioned by the organizations is that VAWA lays the groundwork for victim support, but each state is able to manage resources in a way that helps the law to function properly. The DART program is certainly a positive tool, but it did not force police officers to sign the report.

This advocacy and coordination work with the state of California led to the creation, last October 2015, of the complementary law SB 674 (SB 674 in § 679.10 of the Penal Code), requiring all law enforcement officers to issue the police certificate.

On January first, 2016, a law came into effect making it compulsory for police officers to issue the certificate for a U visa, whenever victims have been helpful. Before then the police were free to sign or not, and as a result many U visa applications couldn’t be completed. Now it’s an obligation (LACLJ, personal communication, February 19 th , 2016).

This year a law was passed requiring every police officer to issue the certificate if the client cooperated, so those who, in the past, wouldn’t sign under any circumstances now have to consider this request. We exposed cases in which we proved that many clients were unable to file their applications because they were missing the report, there were cases of eight-year waits… now the police have to give you a response within 90 days; the wait used to go on for years, now by law they have 90 days. That only applies to California; sometimes we get clients from other states and if the police won’t sign certificates, there’s nothing we can do. If the police officer who handled the first report did not prepare this document, the client can approach another officer, who may add to the case file, but I don’t know if there’s any sanction for the officer (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

Once the police report has been obtained, cases are reviewed to determine if they qualify for VAWA or the U visa, and funding is secured for these services. For VAWA the cost is around 580 U.S. dollars; often this expense is covered by the California Victim Compensation Program. The U visa is very different; although there is no application fee, the process is carried out by lawyers, and is reported to cost between about 1,500 and 2,000 U.S. dollars. For Mexican women, the consulate funds this service up to 1,000 dollars, provided the victim meets the legal requirements.

Clients must demonstrate they have suffered physical or mental harm, and to that end a psychological evaluation is requested as proof they have been victims of violence. To obtain this evaluation, both organizations are associated with Casa de la Familia. In addition to this evaluation, victims are asked to provide as much supporting evidence as possible, including photographs and medical reports.

The psychological report is a requirement to determine if the harm they have suffered is sufficient. If there is no physical harm, this letter detailing the psychological harm helps. It might just be one incident or it might have gone on for years, which makes for a stronger case because there’s more evidence (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

The processes are lengthy. For U visas, it takes roughly two to three years to review each case and make a determination. Each year 10,000 visas are issued. If a mother’s visa is approved, her children are also entitled to one. According to the CSOs, there is a backlog of about 40,000 people, or four years. If the victim is successful in her U visa application, she can apply for a work permit 18 months after obtaining the U visa while she waits to receive her visa. After holding the visa for three years she can apply for permanent residence. Before then she is unable to leave the country.

The VAWA process is quicker and takes about five months as there is less demand, according to the CSOs.

If the victim married a permanent resident, “the wait time to apply for residency will depend on the victim’s country of origin, because the United States issues a certain number of visas for each country, and they manage these visas” (LACLJ, personal communication, February 19th, 2016).

Once permanent residence is approved, it is issued with no further delay. By the associations’ own account, 90% of the VAWA visas they apply for are approved (CARECEN, personal communication, February 19th, 2016). 10

One requirement for VAWA and the U visa is a waiver of inadmissibility if victims have a criminal record, received any form of government support like Medicaid or food stamps, 11 lied about their legal status by presenting false documents or (for VAWA and the U visa) if they entered the country illegally, are currently on trial, have been in court, have a removal order, or were placed under any special program, such as probation.

Deportation is a recurring issue. Rocha Romero and Ocegueda (2013) note that many women are detained by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) when they initiate their visa application or during the visa process. This is also commonplace in other states, due to issues associated with discriminatory and racist attitudes, but is not legal. In other words,

Once the process begins and they submit their application, they’re given proof of receipt by the emigration department 12 [sic], which protects them from deportation until a decision is made. After 18 months they receive a work permit and are granted deferred action, which protects them from deportation until the U visa arrives (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

What is certain and must be stressed is that for U visa applicants, the situation is not easy and they must keep a clean record. This is due to the fact there are simple acts like refusing to provide information upon request by a judge, public drunkenness, vandalism, and working without a permit that are misdemeanors but can lead to the visa being revoked.

Now it takes longer for U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to make a decision on U visa application. This is a long and very difficult time for those who are detained and cannot be released on bail. Of course, it’s very difficult for those outside too, especially because while the decision is still pending, they have no work permit (LACLJ, personal communication, February 19 th , 2016).

If the visas are ultimately denied, victims must be referred to ICE for deportation; however, they report that this is not always the case. If deported, the women can apply for the visa from outside the country.

The law says that if the visa is not granted, they’ll be referred to immigration, but that’s not been our experience. Only if the client has a criminal record or an open deportation process will that process continue. The U visa has an exception if the victim was deported – a waiver – and if accepted, the victim can return to the country or begin the residency process. The process is longer because they won’t be able to enter the country until they physically receive the U visa (CARECEN, personal communication, March 5 th , 2016).

The U visa and VAWA are two real possibilities for immigrants. However, many do not qualify or do not meet the requirements to apply, and in other cases the visas are simply denied. Given this situation, Stephen (2016) notes that women have two options: stay with the attacker, or risk deportation because the system does not recognize them as victims but criminals on account of their immigration status. In light of this, CSOs in Los Angeles County do not just perform services at a lower cost: their contribution has gone further by seeking solutions hand in hand with the state.

Through their networks, CSOs have promoted laws and programs (SB 674 and DART) that make it possible to monitor police conduct, encouraging them to perform the formalities required to apply for these visas. These mechanisms, when they function properly, offer significant support for immigrants by protecting women from misconduct by public authorities due to racist or discriminatory attitudes.

CONCLUSIONS

This work contributes to research on the assistance given to female immigrants who have been victims of violence in the United States, with a focus on services and the actors that provide them. The study explored the public and political influence wielded by CSOs in terms of the support provided for female immigrant victims of violence in order to explain how they become agents of development.

In the United States, support for female victims of DV falls under the responsibility of civil society organizations and is controlled through the state. The VAWA law provides CSOs with resources and capacities, while institutionalizing discrimination and inequality by banning support for immigrant women.

Paradoxically, although VAWA denies immigrant women access to assistance, it does establish two mechanisms allowing them to obtain permanent residence: the VAWA visa and the U visa. These mechanisms are inclusive, but rather than supporting immigrants, their key aim is to increase crime reporting and reduce DV incidents.

CSOs in Los Angeles County enjoy a consolidated network. According to Müller (2014), newly established organizations tend to work in networks and coalitions to achieve their goals more effectively. Other CSOs are over thirty years old, and over time, they too have strengthened networks that enable them to cooperate and coordinate better to provide comprehensive assistance and establish strategies to achieve a more effective political impact.

Casa de la Familia is one of the few CSOs that has a license to issue a psychological evaluation certificate, an essential requirement and supporting evidence for VAWA and U visa cases. This service is not subsidized and the cost must be met by victims, although they are given the chance to pay in installments.

LACLJ has operated for over thirty years, but only two years ago began to specialize in DV-related cases: VAWA and the U visa. Ninety percent of applicants are Mexican. CARECEN, on the other hand, has over 33 years’ experience in protecting the rights of Central American migrants, and 10 years working with VAWA and U visa cases. Seventy percent of users are of Mexican origin. Both organizations have a close relationship with the consulate, and their social work consists in carrying out the necessary procedures at very low cost.

In order of importance, the police report and psychological evaluation are two key documents without which it is impossible to initiate the application process. These process are very time-consuming; for VAWA, the process to obtain permanent residence may take six months to a year. For the U visa, the review process takes about two years, and if approved, it is not issued immediately. The United States only grants 10,000 a year, and there is currently a four-year waiting list. When they begin the application procedure, they receive a permit to reside legally in the United States, but which does not allow them to work, and with no means of supporting themselves their vulnerability increases. Once they receive the visa, they have four years to apply for a Green Card and obtain permanent residence. The U visa puts the deportation process on hold pending a determination, but for those in jail, the process is hardly pleasant.

Two organizations working indirectly, LACLJ and CARECEN, stated that the DART program and SB 674 are the result of lobbying. These mechanisms make it possible to control racist attitudes, requiring police officers to issue police reports, an important document in enabling assistance in shelters and for the U and VAWA visa processes. The priority of the strategies established together is to meet the needs of the population they serve. Networking has enabled these organizations to better protect female immigrants who fulfill the requirements.

An analysis of the services offered by these CSOs found that it is undocumented women and women with children born outside the United States that are most vulnerable. Even so, having children born in the United States is a double-edged sword, as they need police authorization or they may be charged with child abduction if they attempt to flee to a shelter. On the other hand, having citizen children gives them access to certain stateprovided resources. Shelters carry out additional activities to obtain financial and in-kind resources that allow them to serve immigrant women who have been victims of DV, in contrast to the VAWA law.

Regarding these organizations’ public and political influence, we believe they have contributed to recognizing the oppression endured by women, including undocumented immigrants. The organizations studied have called for awareness that goes beyond the private sector and interpersonal relations, formulating proposals that ensure women receive dignified treatment and are not discriminated against on the basis of gender or race in public entities.

One result of this political influence is the DART program and SB 674, promoted by the CSOs in conjunction with the state of California. Both represent significant progress. DART reduces structural violence, attempting to control gender, race and ethnicity-based discrimination. SB 674 stands in contrast to laws that permit and encourage exclusion and discrimination on the basis of gender or immigration status, requiring police to issue a police certificate, which is necessary to begin the application procedure for two mechanisms that directly support immigrants, VAWA and the U visa.

CSOs respond to the needs of the surrounding environment; the only organization not to serve immigrants cited a lack of demand. On the other hand, CSOs established in Los Angeles and Long Beach have sought mechanisms to serve the population, and although not all users are Mexican, most are immigrants.

The organizations are very closely tied to the local population. This can be observed in the positive self-funding strategies they have developed. They have established strong networks that enable knowledge transfer and the professionalization of support through monthly, quarterly, biannual and annual meetings. These networks facilitate and encourage two types of activism: activism associated with intervention in public spaces and political activism. Both help to respond to the vulnerability faced by women, both on account of their gender and status as migrants. CSOs work together with the government of California, and to a lesser extent with the Mexican consulate, which has found in these associations an opportunity to serve its fellow citizens in Los Angeles County.

CSOs have developed strategies to support female immigrants, but their actions have not just served to provide assistance. Indeed, the CSOs of Los Angeles County have promoted –using their political influence– mechanisms that control racist and exclusionary attitudes, thus ensuring that immigrant women receive better treatment.

In general, CSOs do a lot more than expected to improve women’s quality of life despite economic and regulatory constraints, making an extraordinary effort to provide assistance under the principle of universality. CSOs have an increased impact on immigrants’ lives as they have managed to generate mechanisms to control racist and xenophobic attitudes. CSOs that work directly with DV are vital for the recovery of battered women and their public influence is undoubtedly the strongest tool available to change the ideologies and roles that reaffirm this inequality. In general, and in light of everything stated above, it can be considered that these CSOs are indeed agents of development.

Notas

2 Public influence (incidencia pública in Spanish) is understood to mean direct intervention through services providing assistance to victims, workshops, courses, or other events seeking social or cultural change to eradicate domestic violence. Similarly, political influence (incidencia política) is understood to mean engagement in areas of government and lobbying resulting in public policy-making at local or state levels (Müller, 2014).

3 Based on “Estimated Population of the 88 Cities in the County of Los Angeles.”

4 Based on Domestic Violence Member Program (2015). The California Partnership to End Domestic Violence.

5 The interviews were conducted in the offices of the support centers in total privacy. No other members of staff were interviewed, as only coordinators are aware of the various processes. Furthermore, in order to access other areas and the women using these services, a specialized 40-hour training course was required, which is offered twice a year by these CSOs and did not coincide with the fieldwork.

6 The VAWA resource is only for women who were married to a citizen or permanent resident, who may petition for citizenship or residency for a spouse. Self-petition occurs if the citizen or resident never petitioned for these benefits for the spouse. This resource is available for both men and women.

7 The restraining order obtained when women call the police is only valid for 30 days. It aims to avoid any new violent incidents, and during that period, women are encouraged to attend therapy, separate from their partners, go to a shelter to begin legal proceedings, etc. DART currently offers all possible options. During this 30-day period, women who wish to continue with the process of “putting an end to the abusive relationship” must go to court and obtain the police report.

8 Despite being called a permanent restraining order, in reality it is only valid for five years.

9 LACLJ did not give the total number of visa applications made, only the number of visas approved: 35 VAWA and 50 U visas. For CARECEN, 50 VAWA visas and 250 U visas were approved in 2015.

10 This does not apply if they have children who are citizens.

11 The interviewee refers to Immigration Department.

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
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