Migración japonesa y la reforma agraria del gobierno boliviano

Introducción

Como ha sido abundantemente estudiado, el gobierno de Japón desarrolló un amplio programa migratorio con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial mediante el cual el continente americano recibió cientos de miles de migrantes nipones (Gardiner, 1975; Morimoto, 1987; Masterson, 2004; Endoh, 2009; entre otros autores). La inmigración japonesa hacia América del Sur, detenida durante la guerra, se reinició a finales de la década de 1940 pero no fue sino hasta que el tratado de paz entre Japón y los países aliados, firmado en la ciudad de San Francisco en 1951, entrara en vigor en 1952, que el movimiento migratorio transpacífico adquirió mayor consistencia y fuerza. Los diversos estudios sobre la migración japonesa de posguerra han tendido a presentar una continuidad con relación al movimiento de preguerra. Autores como Jōji Suzuki, Daniel Masterson e Iyo Kunimoto, entre otros, han justificado el movimiento de posguerra exclusivamente como una iniciativa privada con limitado apoyo gubernamental. Sin embargo, estas narrativas sobre el proceso migratorio nipón de posguerra tienden a ensombrecer el rol jugado por organismos gubernamentales en la configuración de los movimientos migratorios en Japón en la década de 1950.

La llegada de los primeros inmigrantes japoneses al Departamento de Santa Cruz, Bolivia, y la creación de la colonia agrícola de San Juan de Yapacaní, a mediados de la década de 1950, son un buen ejemplo de la participación del Estado en la cristalización de procesos migratorios (Mapa 1)¹. Este movimiento refleja los alcances transnacionales de la reforma agraria impulsada por los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Para el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) la redistribución de la tierra y, por ende, la reestructuración social boliviana era uno de los principales objetivos de esta reforma (Urquidi, 1969). Como se contextualizará en la siguiente sección, la reforma agraria del MNR fue la culminación de una larga discusión sobre el problema campesino donde múltiples y muchas veces contradictorias reflexiones sobre la cuestión agraria se desarrollaron durante las dos décadas que siguieron al final de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Mapa 1

Bolivia y la región

Fuente: Elaboración propia con asistencia de Australian National University CartoGIS CAP.

El fin del denominado feudalismo boliviano a través de medios democráticos no comunistas fue apoyado a través de planes de desarrollo y grants por el gobierno de Estados Unidos (Alexander, 1958). Aunque el decreto ley que estableció la reforma agraria en Bolivia en agosto de 1953 no estipulaba la llegada de extranjeros para colonizar tierras bolivianas, el gobierno del MNR tempranamente autorizó la incorporación de colonias de extranjeros, principalmente japoneses, en el proceso de colonización de las desoladas tierras del oriente boliviano (Alexander, 1958; Heath, Erasmus y Buechler, 1969)². Sin embargo, la presencia de colonos japoneses no debe ser entendida como resultado exclusivo de las políticas migratorias implementadas en Bolivia, sino como producto de las dinámicas internas niponas en conjunción con las estrategias hemisféricas estadounidenses. En otras palabras, la presencia de colonos japoneses (okinawenses y de las islas principales) obedeció a la activa participación de los estados involucrados.

Este artículo es, en definitiva, un estudio sobre un proyecto migratorio en Bolivia centrado en las dinámicas internas del país remitente. Con base en investigación archivística realizada en Japón y Estados Unidos, y en otros estudios secundarios en inglés, español y japonés, se propone que la migración japonesa de posguerra en Bolivia fue construida aprovechando la coyuntura histórica boliviana pero articulada, en ambos extremos de la línea migratoria, por el gobierno japonés y sus políticas de control de población. Se inicia este trabajo delineando el contexto político y regional de la reforma agraria del MNR para luego examinar el origen y el devenir de las políticas emigratorias en Japón luego de la guerra ³

Reforma agraria, conexión estadounidense e inmigración

El estudio sobre la llegada de colonos japoneses a Bolivia no debe ser aislado de la creciente influencia estadounidense en la región. La intensa relación económica y política entre Estados Unidos, Bolivia y Japón actuó como bisagra entre el proceso emigratorio nipón y la necesidad de poblar el noreste del país altiplánico. En este sentido, la percepción de la amenaza del peligro comunista en la revolución boliviana explica parcialmente la dispendiosa asistencia económica que Estados Unidos otorgó al gobierno del MNR, partido dominado por su ala anticomunista, durante la década de 1950 y 1960.

La llegada del MNR al poder significó el inició de una serie de reformas estructurales en la sociedad y economía boliviana. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro nacionalizó la gran minería del estaño, inició un plan de educación para toda la población y realizó una extensa reforma agraria (Alexander, 1958). Los cambios más profundos dentro de la estructura social y geográfica de país fueron gatillados por esta última medida, establecida por decreto ley el 2 de agosto de 1953. Como Carmen Soliz (2012) ha expuesto, la reforma agraria del MNR debe ser vista como continuadora de una serie de medidas y políticas sobre las cuestiones agrícolas e indígenas diseñadas por gobiernos anteriores. El debate en las décadas precedentes se caracterizó por la multiplicidad de miradas sobre el problema y las muchas veces contradictorias medidas para solucionarlo. Los gobiernos bolivianos entre 1935 y 1952, varios de ellos dictatoriales de izquierda y derecha, iniciaron medidas para poner fin al pongueaje⁴, aumentar la producción agrícola y tímidamente controlar y limitar la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes (Soliz, 2012:27-31). Los partidos de izquierda boliviana, en especial el Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), se mantuvieron comprometidos con la cuestión agrícola por décadas, participando incluso en la reforma de la década de 1950. El gobierno del MNR heredó muchas de estas medidas e instituciones, las cuales cumplirían un rol fundamental en la reforma agraria de 1953 (por ejemplo, las granjas experimentales, el Banco Agrícola y la Corporación Boliviana de Fomento, entre otras) (Soliz, 2012:37-40).

El principal objetivo de la reforma agrícola del MNR en 1953, siguiendo el análisis hecho por Arturo Urquidi, fue modificar la organización feudal en la que se debatía el país, liberando para ello a las fuerzas productivas: los trabajadores agrícolas, la tierra y los demás medios de producción (Urquidi, 1969). Es decir, a través de la reforma las autoridades bolivianas buscaron: a) dar tierra a quienes no la poseían, b) erradicar los latifundios, c) estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria, y d) promover corrientes migratorias internas (Urquidi, 1969). En efecto, el MNR buscó impactar la distribución geográfica de la población, entonces excesivamente concentrada en la región interandina, con el objeto de afirmar la unidad nacional y unir perentoriamente el oriente y occidente de Bolivia. Fue una reforma agraria que "rescató" la tierra para el estado boliviano puesto que, como se estipuló en el artículo primero, "el suelo, subsuelo y las aguas del territorio de la república pertenecen por derecho originario a la nación boliviana" (Alexander, 1958; Urquidi, 1969). El gobierno del MNR no propuso la colectivización de las tierras como en el modelo soviético y planteado por intelectuales bolivianos, entre ellos Tristan Marof, sino que reconoció el principio de la propiedad privada (Urquidi, 1969). En este sentido, la reforma agraria impulsada por Paz Estenssoro era de carácter liberal y democrática al incluir a grandes sectores indígenas en ella⁵.

La ola reformista del nuevo gobierno revolucionario tropezó con la realidad económica internacional. El precio del estaño, principal exportación del país, se redujo en un tercio de su valor en 1953 (sobre la importancia del estaño en la relación E.U.-Bolivia se puede consultar a Lehman, 1999:78-80). Además, como consecuencia de los cambios productivos llevados a cabo por la reforma agraria, la producción de alimentos cayó fuertemente provocando desabastecimientos en el país, principalmente en las ciudades (Wilkie, 1969). En este contexto de emergencia, el MNR estrechó vínculos con la administración del presidente estadounidense Dwight Eisenhower (1953-1961), la cual le otorgó generosos paquetes de ayuda. De hecho, Bolivia terminaría por convertirse en el principal receptor per cápita de ayuda estadounidense en el mundo durante la década de 1950 (Heath, Erasmus y Buechler, 1969). En el corazón de la asistencia estadounidense se devela, como ha sido ampliamente estudiado, más que un apoyo a la causa del MNR, una estrategia de guerra contra el comunismo internacional (Wilkie, 1969; Eguino, 1974; Lehman, 1999).

La política estadounidense hacia el hemisferio sur se caracterizó por una rápida transición hacia posturas más conservadoras durante la década posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial (Schwartzberg, 2003). En particular, con el advenimiento de la administración republicana del presidente Eisenhower se acentuó el rol de América Latina como apoyo en la lucha contra el bloque soviético dentro de la estrategia global estadounidense (Rabe, 1988). Las directrices del Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés), formuladas en los documentos NSC 144/1 de marzo 1953 y luego en NSC 5432/1 de septiembre de 1954, interpretaron los asuntos interamericanos exclusivamente dentro de una lógica de guerra fría en donde se buscaba "eliminar la amenaza de comunismo interno u otro tipo de subversión anti-estadounidense" (Rabe, 1988). Aun cuando la estrategia priorizada para el resto de América Latina establecía una creciente militarización de las relaciones y limitaba la ayuda económica en el caso de Bolivia, el gobierno de Eisenhower se mostró también generoso con la ayuda financiera (Rabe, 1988; Dorn, 2013:21-26).

La crisis económica, la amenaza de una extendida y prolongada hambruna en el país altiplánico habría gatillado, en parte, la actitud estadounidense. El secretario de Estado, John F. Dulles (1953-1959), en una carta a Harold Stassen, director de la Foreign Operation Administration (FOA), explicó el lugar que Bolivia ocupaba en los planes de Estados Unidos:

Bolivia se enfrenta al caos económico. Aparte de las consideraciones humanitarias, los Estados Unidos no pueden permitirse el lujo de correr con uno de los dos riesgos inherentes en esta situación: a) El peligro de que Bolivia se transforme en el foco de infección comunista en América del Sur, y b) la amenaza a la posición de los Estados Unidos en el hemisferio occidental que podría ocurrir por el espectáculo de la indiferencia de los Estados Unidos al destino de un miembro de la comunidad inter-americana (Department of State, 1983:535).

La posición en favor de dar asistencia económica y técnica a Bolivia creció rápidamente durante el gobierno de Eisenhower. El subsecretario de Asuntos Inter-Americanos, John M. Cabot (1953-1954), defendió el plan de apoyo a la democracia boliviana remarcando el deber de apoyar a regímenes democráticos aún cuando éstos difieran del concepto de gobierno propio (Cabot, 1953a y 1953b). Pero fue Milton Eisenhower, hermano menor del presidente Eisenhower y su principal asesor en temas latinoamericanos, quien cumplió un rol fundamental en articular el apoyo de Estados Unidos al MNR (Lehman, 1999; Wilkie, 1969). Como describe Guillermo Bedregal, la visita de Milton Eisenhower en 1953 fue un acontecimiento decisivo que materializó un "nuevo espíritu de comprensión del fenómeno revolucionario boliviano" (Bedregal, 1999). Milton Eisenhower fundamentó su apoyo al MNR en que, si bien la revolución boliviana era de inspiración marxista, no era comunista; de esta manera, se reconoce en el MNR un grupo político de izquierda no alineado con la URSS con el cual se podía trabajar para combatir los avances comunistas en el país (Lehman, 1999; Rabe, 1988). En consecuencia, Estados Unidos expandió el pequeño proyecto de asistencia técnica que había iniciado en 1942 a un programa masivo de ayuda económica en 1954 basado, principalmente, en donaciones y no en préstamos como se había realizado hasta entonces (Wilkie, 1969). Es importante notar que el incremento substancial de la ayuda estadounidense se vio reflejado, entre otras cosas, en una mayor presencia de personal y cuerpo técnico en distintas ciudades bolivianas. Las oficinas del programa de asistencia en Bolivia (también llamado Punto Cuatro) fueron centrales en la expansión agraria en el Departamento de Santa Cruz (Lehman, 1999)⁶.

Otro problema que tuvo la puesta en práctica de la reforma agraria, junto a la falta de financiamiento inicial -parcialmente resuelta con la ayuda económica de Estados Unidos-, fue el gran desinterés local por poblar el inhóspito noroeste boliviano. En concreto, para corregir la falta endémica de alimentos básicos se necesitaba ampliar la producción en el despoblado noroeste del país. Diversos autores han tratado de explicar la apatía indígena por migrar hacia el este. La tesis más utilizada es la etnográfica, en la cual se remarca el apego atávico de los indígenas por su tierra y su rechazo a migrar de ellas (Osborne, 1954; Stearman, 1985). Así mismo, la carencia de un ferrocarril que uniera a Santa Cruz con otras ciudades bolivianas y de caminos dentro del mismo departamento debe ser considerada también como una de las razones por las que los indígenas, la mayoría analfabetos, no se interesaran en migrar hacia el este (Hermosa Virreira, 1954). El poco interés concitado por poblar esta región del país motivó a las autoridades bolivianas a buscar otras fuentes de mano de obra. El Ministerio de Agricultura, encabezado por el ministro Alcibíades Velarde Cronembold, favoreció la llegada de inmigrantes extranjeros; la respuesta exterior, sin embargo, no fue más alentadora que la doméstica: aparte de los inmigrantes japoneses que se discutirán a continuación, sólo 38 familias alemanas menonitas venidas de Paraguay y 15 jóvenes italianos recibieron tierras del estado (Heath, Erasmus y Buechler, 1969; Hiraoka, 1974).

Un elemento clave para facilitar la migración japonesa a Bolivia fue la investigación encomendada a James L. Tigner por la Pacific Science Board del Consejo Nacional de Investigación en 1951 con el fin de buscar destinos potenciales para programas nipones de emigración (Amemiya, 2002; Sellek, 2003)⁷. Tigner recorrió 9 países sudamericanos, se reunió con las autoridades locales y estudió las leyes migratorias y de concesiones agrícolas. En su conclusión estimó que "la región de Santa Cruz de Bolivia es la más esperanzadora para la colonización en un futuro inmediato" (NARA, noviembre 1952). Influyeron en su conclusión los planes de reforma agraria del mnr, la ubicación privilegiada de la zona -cerca de la frontera con Brasil y Paraguay- y la existencia de una muy pequeña pero activa comunidad nipona en Bolivia que ayudaría con los preparativos (NARA, octubre 1952). El informe preparado por Tigner fue ampliamente difundido en Okinawa y en las islas principales de Japón, otorgándole mayor visibilidad a Bolivia como país receptor de inmigrantes; fue traducido al japonés en 1957 (Tigner, 1957). En definitiva, la vehemente reforma agraria de Paz Estenssoro, sumado al apoyo sin precedente del gobierno de Estados Unidos y al impacto del informe de James Tigner permitieron que la región de Santa Cruz se presentara idílicamente a las autoridades japonesas.

Sentido de crisis y de oportunidad: el plan emigratorio japonés en Bolivia

Como se ha propuesto en la introducción, el movimiento migratorio japonés hacia Bolivia no debe ser explicado desde una lógica liberal de costo-beneficio. En ese esquema, los amplios beneficios ofrecidos por el gobierno boliviano y el apoyo financiero de Estados Unidos para proyectos de infraestructura serían tomados como impulsos para atraer inmigrantes. El problema con esta posición es que ignora el rol del Estado japonés en la coordinación, promoción y ejecución del programa emigratorio hacia Santa Cruz⁸. Se propondrá en las siguientes líneas un análisis más detallado del contexto y las dinámicas políticas internas en Japón que hicieron posible la migración nipona a la colonia San Juan de Yapacaní en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Necesidad emigratoria

Japón, al igual que Alemania, se encontró al día siguiente del fin de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, destruido, desfinanciado y ocupado.⁹ En un territorio inerme, tanto las autoridades japonesas como estadounidenses se preocuparon principalmente de la reconstrucción económica del país. El fortalecimiento de la economía nipona cobró mayor relevancia en la medida que los choques ideológicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética (y el bloque marxista) incrementaron, consolidando la posición de Japón como primera línea de defensa contra el comunismo en Asia a partir de 1947 (Acheson, 1949:236-237; Dower, 1999). Dentro de este contexto de temprana Guerra Fría, las autoridades japonesas de la época percibieron en el rápido incremento de la población una amenaza directa al crecimiento económico (Ogino, 2008). El aumento constante de la población, agravado por la llegada de millones de repatriados (soldados y civiles) que habían participado en la expansión del Imperio de Japón, profundizó el "sentido de crisis" dentro de las elites gobernantes (Dower, 1999; Watt, 2009). Para lo que se denominó jinkõmondai (problema poblacional) se propusieron dos alternativas: la primera fue reducir o desacelerar el crecimiento de la población a través de la difusión de técnicas de control de la natalidad, principalmente facilitar la práctica del aborto (Terao, 1959; Norgren, 1998:59-94; Ogino, 2008). La segunda alternativa apuntaba que, tal como se había realizado antes de la guerra, se promovieran programas de emigración. Esta última medida, sin embargo, era completamente impracticable debido a la ocupación militar del país (1945-1952), la cual produjo que el gobierno japonés no controlara las fronteras de su propio territorio, por lo que no podía autorizar programas migratorios de gran escala.¹⁰

Aun cuando el inicio de un programa emigratorio debía esperar hasta el fin de la ocupación aliada, su discusión y temprana planificación se llevó a cabo en el parlamento japonés. En la resolución del 13 de mayo de 1949 sobre el tema, los parlamentarios nipones estimaron que "[e] xiste un extraordinario exceso de población en el país. Por esta razón no podemos esperar una mejora en el nivel de vida. También, las dificultades para establecer y realizar nuestro plan económico de recuperación han aumentado" (House of Representatives, 1949).¹¹Y luego concluyeron que:

Un levantamiento de la prohibición para la emigración japonesa en el futuro sería positivo no sólo para mejorar el bienestar de la población, pero también contribuiría enormemente a la reconstrucción de posguerra. Sería también una forma de expresar agradecimiento al mundo por permitir y satisfacer los íntimos deseos de nuestros ciudadanos (House of Representatives, 1949).

Usos de la migración

El gobierno japonés ponderó los beneficios que un programa mi gratorio les reportaría, antes de que Bolivia surgiera inclusive como una posibilidad real para acoger inmigrantes nipones. En primer lugar, las autoridades niponas se dieron cuenta de que, como quedó establecido en la resolución de 1949, existía una demanda interna por salir del país. Esta demanda se encontraba relacionada con la situación interna caracterizada, como se ha dicho, por carencias materiales severas. El término kyodatsu (o desesperanza) se ha usado para describir a la sociedad nipona afectada por una larga guerra, la ocupación extranjera y una desastrosa situación económica durante los primeros años de la posguerra (Dower, 1999). La llegada de más de seis millones de repatriados entre 1946 y 1952 acentuó la idea de sobrepoblación y carencia de oportunidades económicas entre los habitantes del país. Importantes sectores de la población, principalmente en el sur del archipiélago, mostraron interés por emigrar, sin importar el destino (Cuadro 1).

Junto con la demanda interna, el gobierno de Japón también consideró que la realización de un programa de emigración apoyaría la recuperación económica del país y su reinserción, luego de los años de guerra y ocupación en la escena internacional. Fue muy influyente en los cuadros dirigentes de Japón el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT -por sus siglas en inglés, ILO) en abril de 1949, titulado "The ILO Manpower Program". Este informe destacaba que la migración internacional, desde una región sobrepoblada a una despoblada, podía traer réditos económicos a ambas partes a través del traspaso de mano de obra calificada y la apertura de nuevos mercados (ILO.). Las autoridades niponas ordenaron la traducción del artículo con prontitud y su versión en japonés con comentarios atingentes a la realidad nipona, hechos por los especialistas dentro del gobierno, comenzó a circular por diversos grupos de estudios dentro del gobierno (Jinkū Mondai Kenkyūsho). Siguiendo la línea de este informe, el gobierno japonés reconoció en la migración internacional no solamente un medio para solucionar problemas como la sobrepoblación del país o para satisfacer las necesidades por emigrar de su pueblo, sino que también una manera de cooperar con la comunidad internacional. Este último punto es importante. Como país derrotado y ocupado, Japón se encontraba marginado por participar en los organismos internacionales. Era, entonces, imperioso para las autoridades desplegar, una vez recuperada su independencia, una política internacional de cooperación que les permitiera integrarse a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el GATT o las Naciones Unidas (Kaoru, 2008). La participación nipona en programas de migración internacional, como destacaba el artículo de la OIT, apuntaba en esa dirección.

Establecimiento del aparato migratorio japonés

Es central en los estudios sobre la libre migración la idea de que individuos o familias toman las decisiones fundamentales sobre su desplazamiento. No obstante, estas decisiones puedan ser confrontadas por políticas fronterizas específicas del estado receptor: el migrante y su familia son quienes resuelven las preguntas sobre dónde, cómo, cuándo y por cuánto tiempo se desea migrar (Morris-Suzuki, 2009). Sin embargo, en los casos de emigraciones conducidas por el estado, la iniciativa y las respuestas a las preguntas fundamentales son resueltas por el aparato gubernamental encargado de facilitar la emigración (Castles, 2007; de Haas, 2011). Es importante hacer notar que la iniciativa migratoria de un estado no garantiza que dicha política se concrete, es necesario el concurso positivo de un amplio número de variantes domésticas e internacionales. Como James Hollifield ha teorizado, los flujos internacionales de migrantes son el resultado de la función entre fuerzas económicas, derechos y redes (Hollifield, 1992, 2008). En efecto, para la realización de este tipo de programas es fundamental ampliar los contactos diplomáticos entre ambos estados y crear conductos permanentes de negociación. En el caso del gobierno japonés, éste estableció las estructuras internas para conducir el flujo migratorio al mismo tiempo que iniciaba acercamientos con gobiernos tanto asiáticos como americanos.

El fin de la ocupación de las potencias aliadas en Japón el 15 de abril de 1952 permitió al gobierno japonés retomar el control sobre sus relaciones internacionales e iniciar la reconstrucción de una institucionalidad que sirviera para promover la migración internacional. En 1954 se estableció el Kaikyōren o Federación de Asociaciones de Ultramar, encargada de la importante tarea de "reclutar a los migrantes, gestionar su aceptación [en el país de destino] y otorgar dinero para cubrir el costo del pasaje" (MOFA, 1957). La labor del Kaikyōren fue complementada con la creación de la Compañía Japonesa de Promoción de la Emigración en 1955. Esta compañía crediticia fue establecida para proveer préstamos a compañías japonesas interesadas en invertir en el extranjero y que incluyeran trabajadores inmigrantes nipones en sus proyectos de ultramar (Japan Emigration Service, 1972). Estas dos organizaciones fueron los pilares institucionales a nivel doméstico de la migración japonesa en la década de 1950. Se empera, la existencia de un aparato destinado a organizar movimientos migratorios no aseguraba el funcionamiento de éstos por sí mismos. De hecho, uno de los problemas más serios que enfrentó el gobierno japonés en los primeros años luego de la restauración de su autonomía en 1952, fue la negativa por parte de los países vecinos de recibir inmigrantes japoneses. Durante la guerra, el Imperio de Japón había llevado a cabo una política expansionista y déspota contra los países vecinos, los cuales, una vez finalizado el conflicto, se mantuvieron reacios a aceptar la llegada de colonos nipones. En este contexto, la posibilidad de enviar japoneses a Latinoamérica adquirió mayor valor.

Imamura Chūsuke y la negociación con el MNR

Las autoridades japonesas, en su búsqueda por un lugar que ofreciera tierras y un ambiente político propicio para sus colonos, encontraron en Bolivia un país que se ajustaba a sus necesidades y ofrecía una buena posibilidad para el desarrollo de una colonia agrícola de gran escala. Para concretar un acuerdo migratorio, el gobierno japonés confió la misión de negociar con Bolivia al miembro del parlamento y político del Partido Liberal, Imamura Chūsuke (1899-1954). Si bien Bolivia no era un destino completamente ignoto para los japoneses de la década de 1950, su elección como uno de los primeros destinos para la migración de posguerra requiere una explicación.

Bolivia era una de las naciones sudamericanas que menos inmigrantes japoneses recibió durante la primera mitad del siglo veinte debido en parte a su lejanía de los principales puertos del Atlántico y del Pacífico. Los pocos japoneses avecindados en Bolivia durante ese período provenían, como James Tigner ha expuesto, de países vecinos como Perú y Brasil, siendo Bolivia el segundo o tercer destino para los migrantes nipones (Tigner, 1981, 1982). En la década de 1930 los gobiernos de German Busch y Konoe Fumimaro habían negociado el arribo de inmigrantes japoneses (Parejas Moreno, 1985), llegando incluso a enviar una expedición técnica a Cochabama y Santa Cruz para explorar posibles locaciones en dónde fundar una colonia agrícola (San, 2005); sin embargo, el creciente odio xenófobo hacia los japoneses en Perú y Brasil terminó por desaconsejar la realización de este proyecto, pero Alcibíades Velarde Cronembold, siendo alcalde de Santa Cruz, recibió y apoyó la petición de grupos de japoneses radicados en Bolivia para construir una comunidad okinawense en su zona (San, 2005). Hacia la década de 1940 unas pocas comunidades japonesas se habían formado juntando un puñado de familias en las principales ciudades del país (Tigner, 1982:496-517). Luego, Velarde Cronembold, como ministro del gobierno de Paz Estenssoro, articuló la respuesta del gobierno de Bolivia a los proyectos japoneses. Bolivia, uno de los pocos destinos disponibles para Japón a principios de 1950, representaba un inicio nuevo para reincorporarse a la comunidad internacional. Además, le permitía a Japón colaborar con el mayor proyecto estadounidense de desarrollo regional. En términos absolutos en dólares, ningún otro país latinoamericano recibió tanta ayuda per cápita como la que obtuvo Bolivia de Estados Unidos (Wilkie, 1969).

Imamura Chūsuke, asumió en el gabinete del primer ministro Yoshida en 1951, precedido por su gran experiencia en asuntos internacionales, especialmente luego de su participación en la administración territorial del gobierno imperial japonés en China, Manchuria y las Islas Filipinas. Hombre de letras, publicó extensamente sobre diversos temas, destacando su profundo conocimiento del sistema democrático estadounidense y etnografía brasilera y filipina (Imamura, 1929). Su elección como diputado en la Cámara Baja del Parlamento en 1947 le otorgó un nuevo foro desde el cual promovió el reinicio de las políticas migratorias (Imamura, 1954:68-75). Imamura, luego del fin de la ocupación estadounidense en 1952, estuvo dedicado a buscar un posible destino para los emigrantes japoneses, sirviendo en la práctica como agente migratorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (por sus siglas en inglés, MOFA). Habiendo conocido la situación favorable en Bolivia, principalmente a través de los informes de James Tigner, Imamura participó en una expedición para corroborar las positivas condiciones para el establecimiento de una colonia agrícola en el Departamento de Santa Cruz. En otras palabras, el trabajo de Imamura no era enviar a los migrantes nipones sino certificar que Bolivia, como destino, justificaba la inversión japonesa y favorecía la instauración de una sólida base de colaboración entre Japón y Bolivia.

En su primer viaje a Sudamérica, durante noviembre y diciembre de 1953, Imamura estuvo acompañado del secretario de la delegación japonesa en Lima, Takashima Tatsuo (San, 2005). En aquella oportunidad el ministro Velarde Cronembold los acompañó al Departamento de Santa Cruz y les explicó con detalles el plan de reforma agraria y las condiciones favorables para los colonos japoneses (Mapa 2). Como fue reportado por la prensa japonesa, el ministro Velarde Cronembold le comunicó a Imamura que la región estaba preparada para recibir hasta 300 000 colonos japoneses (Kaigai Ijū, documento de archivo, 1954). Esta cifra, siendo claramente una exageración, refleja el interés por contar con inmigrantes extranjeros en Bolivia. Además, durante ese viaje, Imamura se reunió con Ochiai Ryūichi, líder de la comunidad japonesa en Santa Cruz, quien activamente promovió la llegada de colonos japoneses en la zona. En este sentido, la existencia de una red de apoyo, por pequeña y débil que fuera, constituye un impulso al inicio de una corriente migratoria. Imamura tomó en consideración todas estas condiciones positivas encontradas en Bolivia: disponibilidad de tierra, un gobierno entusiasmado con la iniciativa y una comunidad local dispuesta a apoyar el proyecto, por lo que aconsejó el inicio de los preparativos para enviar inmigrantes a la región de Santa Cruz al gobierno japonés. Paralelamente, las autoridades niponas autorizaron que, mientras duraran las negociaciones con el gobierno boliviano, emprendedores japoneses pudieran explorar la región e iniciar pequeñas inversiones en la zona (JICA, 1954).

Mapa 2:

Departamento de Santa Cruz, Bolivia, (circa) 1960

Fuente: Elaboración propia con asistencia de Australian National University CartoGIS CAP.

Una vez de regreso en Japón, Imamura coordinó una agrupación de políticos para apoyar las relaciones entre Japón y Bolivia. La Nihon Boribia Kyōkai fue compuesta por políticos de alto nivel dentro del parlamento y presidida por el futuro primer ministro, Kishi Nobosuke. Además, Imamura sugirió que se enviara una expedición de técnicos para evaluar la calidad de la tierra. Esta expedición, encabezada por Taneya Seizó del Ministerio de Relaciones Exteriores, examinó la zona en febrero de 1954 concluyendo a favor de la instalación de colonias agrícolas (San, 2005). En este sentido, la estrategia de Imamura para no desperdiciar la oportunidad que se le presentaba en Sudamérica, estuvo caracterizada por su conducción de las negociaciones y el proceso migratorio con el gobierno boliviano a través de la vía diplomática institucional, sin detener la inversión japonesa directa en Bolivia. Por esta razón, se reunió con potenciales inversionistas para proyectos migratorios y de desarrollo en Bolivia. La publicación de su ensayo "El último tesoro: La Bolivia Americana" (Nokosoreta hōko: Amerika no Boribia) en 1954, distribuido entre potenciales inversionistas, sirvió para aumentar el conocimiento e interés por el país gobernado por el MNR. Como resultado, varios emprendedores japoneses se mostraron interesados en evaluar la expansión de sus negocios hacia Bolivia. El empresario azucarero, Nishikawa Toshimichi, fue quien con mayor ímpetu se interesó en crear una refinería de azúcar en Santa Cruz (Kunimoto, 1990:47-48).

Imamura y Nishikawa viajaron en el segundo semestre de 1954 a Bolivia. Nishikawa realizó varias expediciones dentro de la zona en búsqueda del sitio idóneo para instalar su ingenio azucarero y en octubre, fundó la Asociación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz; mientras tanto, Imamura sostuvo nuevas rondas de entrevistas con políticos bolivianos. En octubre se reunió con el presidente Víctor Paz Estenssoro y su gabinete iniciando las negociaciones entre ambos gobiernos. Además, Imamura avanzó en el establecimiento de una Asociación para la Promoción de Migración Boliviana en Santa Cruz con Ochiai, a quien había conocido en su viaje anterior, como primer director (MOFA, sin año). El mecanismo elegido por Imamura para avanzar un acuerdo entre gobiernos sin detener la inversión de empresarios nipones en Bolivia pareció ser exitoso. Sin embargo, las negociaciones disminuyeron su velocidad con la repentina muerte de Imamura el 16 de diciembre de 1954 a causa de una infección de tétano adquirida un mes antes durante su viaje a Bolivia (JICA, 1955). Las negociaciones y los estudios realizados durante el período que Imamura lideró las conversaciones con el gobierno de Bolivia fueron fundamentales para iniciar los primeros movimientos migratorios y avanzar hacia la conclusión de un acuerdo entre los dos países.

Las negociaciones iniciadas por Imamura fueron continuadas por Izawa Minoru, chargé d'affaires de Japón en Perú. Al mismo tiempo, la inversión privada japonesa en Santa Cruz se inició en mayo de 1955 con la llegada de los primeros 87 inmigrantes traídos por Nishikawa para que trabajaran en su ingenio azucarero (Nihonjin Boribia Ijōshi Hensan Iinkai, 1970).¹² Aún cuando esta experiencia no fue exitosa debido a problemas administrativos, dio inicio al programa emigratorio japonés en Bolivia. La anuencia boliviano-japonesa se concretaría finalmente en agosto de 1956, con la ocasión de la firma de un acuerdo migratorio entre ambos países (Kunimoto, 1990; Wakatsuki, 1985). Inicialmente el acuerdo incluía la llegada de mil familias (cuatro mil personas) para ocupar la zona de San Juan de Yapacaní. Posteriormente, este acuerdo fue extendido para incorporar en total cinco mil familias (20 000 personas) para que colonizaran el Departamento de Santa Cruz en un período de 9 años (Masterson, 2004). Este acuerdo representó el proyecto migratorio-agrícola japonés más ambicioso en la posguerra.

Como epílogo, se puede decir que el estado japonés envió durante la década de 1950 más de 50 000 inmigrantes a varios destinos de Latinoamérica. La colonia japonesa Santa Cruz fue la tercera en importancia después de la migración a Brasil y a Paraguay, contando en 1960 con 1 256 colonos y cerca de 1 700 en 1963 (JICA, 1994:14-15). Es decir, el acuerdo migratorio entre Japón y Bolivia se cumplió sólo en 28 por ciento debido, principalmente, a las dificultades relacionadas con el retraso en la construcción de obras públicas, tales como carreteras y estaciones ferroviarias, la inclemencia de los factores geográficos como la selva amazónica, la cual se esperaba que los japoneses deforestaran y cultivaran y también el rápido crecimiento económico de Japón que desincentivó la partida de inmigrantes (Kunimoto, 1990:62-69). Si bien los números de inmigrantes no fueron los acordados, el proyecto emigratorio del Estado japonés y la reforma agraria del gobierno del MNR se aunaron con la constitución de la aún existente colonia agrícola de San Juan de Yapacaní en el Departamento de Santa Cruz.

Conclusiones

El estudio de las políticas que permitieron el flujo de japoneses hacia el Departamento de Santa Cruz, conformando la colonia de San Juan de Yapacaní, devela cuatro importantes elementos, tanto dentro de la historia nacional boliviana como para los estudios sobre migraciones internacionales.

En primer lugar, el proceso de salida de los inmigrantes fue articulado en función de los intereses del estado japonés. Para las autoridades niponas, como se ha visto, junto con satisfacer los deseos de parte de su población a favor de abrir la nación a la emigración, las condiciones de carácter más pragmáticas jugaron un papel fundamental. El potencial mejoramiento de la actividad económica unido a los beneficios diplomáticos que la cooperación internacional podría retribuir siguiendo los consejos difundidos por la O.I.T., fueron elementos clave para el Estado japonés en el momento de decidir organizar y ejecutar un programa emigratorio. Entonces, la creación de un acuerdo migratorio refleja el interés existente en ambas partes por él. Desde el punto de vista boliviano, los inmigrantes japoneses fueron considerados como un apoyo al programa para colonizar y trabajar la tierra del oriente de la nación. En este sentido, la política emigratoria japonesa se vio beneficiada por la reforma agraria boliviana tanto por la necesidad de mano de obra que ésta presentaba, como por la época en que se realizó. A principios de la década de 1950, Bolivia era uno de los pocos destinos disponibles para los inmigrantes nipones. En tercer lugar, se puede concluir de manera preliminar que el vínculo cercano de Estados Unidos con Bolivia y Japón facilitó la comunicación entre ambos países, destacándose la utilidad de los estudios hechos por funcionarios estadounidenses para las autoridades niponas. Así mismo, la fuerte inversión estadounidense en Bolivia repercutió positivamente en la forma en que este país fue visto por el gobierno japonés; sin embargo, el subrepticio rol de Estados Unidos en el proceso migratorio requiere mayor investigación y análisis. Finalmente, el proyecto migratorio japonés en Bolivia no debe ser confundido con un movimiento migratorio libre en donde cálculos economicistas determinaron la fuente y el destino de los inmigrantes. En el caso de la colonia de San Juan de Yapacaní, el flujo original obedeció íntegramente a razones derivadas de cálculos políticos de los estados involucrados.