Ambivalencias de la migración y el retorno en contextos rurales de Chiapas: Entre las multas y el bien común

Introducción

En el estado de Chiapas, México, la emigración hacia Estados Unidos (E.U.) comenzó décadas después de que varias entidades ya se habían insertado a la corriente de migración al vecino país del norte. Por ello, en su momento se le clasificó a Chiapas como una entidad emergente, en contraste con las entidades tradicionales de migración. Sin embargo, el retorno que fue de 701 personas en 2000, hacia 2010 había crecido a 11 579 (Garbey-Burey, Anguiano-Téllez y Cruz-Piñeiro, 2013). De una migración que apenas en 2006 había alcanzado su cúspide (Coespo, 2007), enseguida su cuota de migrantes disminuyó comenzando un gradual proceso de retorno. De acuerdo con Rus y Rus (2013), en 2008 dio comienzo el retorno de indios chamulas de uno de los municipios indígenas de la región Altos.¹

En el caso de Chiapas, las razones del retorno aluden más a la recesión de la economía de E.U. ocurrida entre 2008 y 2012 que a una situación de mejoría económica en la entidad. También intervienen las restricciones físicas y políticas impuestas para cruzar a ese país, las cuales han incrementado los riesgos en el cruce y estancia. Esto ha significado una elevación del costo económico y emocional que los migrantes deben solventar para cruzar la línea fronteriza.² El clima antimigrante y xenófobo propagado en algunos territorios de E.U. ha hecho de su demarcación fronteriza con México un territorio fuertemente patrullado, además de proliferar leyes locales de tintes racistas persecutorias de migrantes. De acuerdo con Durand y Arias (2014), y Passel, Cohn y González-Barrera (2012), la disminución de la emigración mexicana hacia E.U., incluyendo los estados tradicionales de migración, responde a un cambio en el patrón migratorio a causa de la inestabilidad laboral en ese país, además de la amenaza siempre presente de la deportación.³ Mientras la administración del presidente Obama languideció sin haberse aprobado una reforma migratoria, con el nuevo gobierno todavía será más difícil la sobrevivencia de mexicanos indocumentados, sin tomar en cuenta que han sido una fuente importante y barata de mano de obra para la economía estadounidense (Delgado y Márquez, 2007; Rocha, 2011).

Pese a lo reciente de la migración chiapaneca, se le comenzó a estudiar desde distintas escalas, por vez primera se expuso de forma descriptiva y a nivel macro por Coespo (2007), ahí se documentaron los niveles de inserción, distribución de chiapanecos en el país del norte, así como el vertiginoso incremento de remesas. En estudios posteriores se abordó el estudio de la migración chiapaneca con mayor detalle a través de la diferenciación social de los lugares de origen y características sociodemográficas (Martínez, 2013, p.52). Posteriormente, el mismo autor (Martínez, 2014) profundizó en los elementos explicativos de la naturaleza tardía de la migración chiapaneca hacia aquel país. A una escala micro, la escasa literatura aborda los microdinamismos existentes de los lugares de destino. En el caso de Aquino (2010) se vislumbra la dinámica de los desplazamientos laborales en E.U. de jóvenes tojolabales, así como de los cambios de expectativas de vida entre la comunidad y lo que supone estar allá. También Rus y Rus (2008) han contribuido con su análisis longitudinal sobre la trayectoria migratoria de una comunidad tsotsil del municipio de Chamula, comprendiendo no solamente lo propio de la economía comunitaria y la diferenciación laboral por sexo, sino también de los impactos diferenciados entre los hogares con migrantes y no-migrantes, y de la desigualdad al interior del ámbito comunal. Los mismos autores (Rus y Rus, 2014), han documentado el retorno de tsotsiles, alteración en la distribución del trabajo familiar, separaciones conyugales, algunos éxitos económicos relativos de la migración, así como el fracaso en otros. A nivel de cuatro comunidades chiapanecas, Morales, Aguilar-Støen y Castellanos-López (2015), hacen una evaluación de las remesas y su impacto en la sustentabilidad de sus sistemas productivos y en la seguridad alimentaria, señalando su inafectabilidad en la agrodiversidad y del papel que las remesas tienen como subsidiarias de la seguridad alimentaria.

Con el presente trabajo, pretendemos abrir otra veta de análisis sobre la migración y el retorno chiapaneco asociada a los sistemas normativos de origen rural y al manejo territorial comunitario. Desde esta perspectiva, se expone cómo la comunidad confronta la ausencia de sus migrantes con la necesaria participación económica y social reclamada por la asamblea. También se explican las visiones portadas por los retornados y su reincorporación a la vida cotidiana, sus iniciativas de participación y respuestas comunitarias.

El concepto central, ordenador del análisis y exposición del estudio lo constituye el de bien común, en contraposición al de bien individual. En este documento, el concepto de bien común refiere a los medios mediante los cuales los regímenes de propiedad colectiva instituyen y aplican acuerdos hacia la regulación de la convivencia de los individuos que la conforman. Dicho concepto procede de los postulados de Becker y Ostrom (1995, citado en Monterrubio-Solís, 2014) quienes basados en cuantiosa información empírica, aprehenden el diseño organizativo básico de una comunidad, condición indispensable para alcanzar arreglos institucionales mínimos y gozar así de buen entendimiento y buena relación intracomunitaria.

La obtención de datos fue a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 39 personas retornadas, de las cuales, 31 fueron hombres y 8 mujeres, distribuidas en 17 comunidades pertenecientes al sector rural de las regiones Fronteriza, Centro, Sierra, Soconusco, Selva y Altos.⁴ Son territorios que cuentan con mayores índices de emigración y retorno (El Colef et al., 2014). También se realizaron cuatro grupos focales⁵ con un total de 24 participantes retornados y no-migrantes en las comunidades de Santa Rosa Las Nubes (Mapastepec); Las Piedrecitas (San Cristóbal de Las Casas -SCLC); Las Tazas (Ocosingo); y de población convocada por la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH, Chiapa de Corzo); Voces Mesoamericanas, A.C.; y AMBIO, A.C. (SCLC). Las entrevistas buscaron conocer cómo debaten la comunidad y la familia con la ausencia-presencia del migrante; el papel de la comunidad ante la migración; las evocaciones del migrante en torno a la comunidad y el ambiente en su estancia migratoria y en su retorno. Los datos compilan, en primer lugar, conversaciones de migrantes retornados, en segundo término con no-migrantes varones y no-migrantes esposas.⁶

En el documento presentamos los hallazgos en tres contornos de análisis. El primero atañe a las disonancias entre la jerarquía comunitaria y los migrantes en relación a la migración, es decir, el contraste de ser o no ser migrante en el contexto rural de Chiapas. El segundo gira en torno a los mecanismos de participación comunitaria, la manera en que los migrantes con sentimientos de bien común, en refrendo a su pertenencia a la comunidad, asumen las regulaciones dictadas por la asamblea. Desde esa misma perspectiva, el tercero expone las subjetividades aprehendidas del retornado en relación con el manejo del ambiente y los recursos naturales, enfatizando los contrastes entre las prácticas vigentes en las comunidades de origen y las visiones adquiridas en E.U. Finalmente, presentamos un ensayo de interpretación final en el que articuladamente se retoma lo expuesto, incluyendo el papel que juegan los sistemas normativos en la migración, asociados a la gobernanza y a la adscripción cultural.

Migración: Medio de vida y riesgo comunitario

El conjunto de la sociedad chiapaneca ha transitado por grandes procesos de urbanización, por tanto, de "modernización" (García de León, 2002), por procesos avanzados de secularización (Robledo, 2010), y de diversificación cultural, no obstante, el tipo de interacción social se ancla de acuerdo con la localización territorial y cultural de los conjuntos demográficos. Es decir, las relaciones sociales imperantes dependen, en gran medida, según se resida en un conglomerado urbano o en una comunidad rural. Basta apreciar en ciudades compuestas por grandes cantidades de inmigrantes rurales como San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, en donde las familias indígenas ven limitada la recomposición de sus formas de organización tradicional debido a su inserción dentro de una organización social distinta, con el correspondiente actuar de sus miembros. En estos contextos, las comunidades de origen rural asumen formas de interacción de tintes urbanos, derivando en una sobrevivencia familiar en calidad de unidades individuales. Situación contraria cuando residían en el marco de una organización comunitaria, estructurada bajo expectativas colectivas e instrumentadas por órganos comunitarios adscritos al uso de bienes comunales constituidos en comunidades agrarias o ejidos con sus respectivas reglas de convivencia.

Una clave de vivir en comunidad reside en el uso compartido de los recursos. De acuerdo con Merino et al., "Los territorios y recursos comunes son espacios y medios a partir de los cuales se practican las formas de sustento de las familias y se desarrolla la vida social comunitaria" (2014, p. 2). De esta manera, siguiendo con Merino, en la vida comunitaria la gobernanza local, las formas de sustento familiar, los bienes comunes territoriales y la cultura e identidad, articulan un entramado de acción colectiva en favor de los recursos comunes.

La pertenencia a una comunidad adquiere sentido cuando existe una forma de ser y de actuar en correspondencia con lo que los demás esperan. La inclusión o exclusión al acceso y derechos al territorio, a sus recursos naturales y sus beneficios se definen a través de criterios básicos como los de origen, afinidad e identidad cultural.

Anteriormente en Chiapas, la adscripción cultural de los conjuntos sociales lo determinaba la polaridad existente entre el mundo indígena versus el del kaxlan (ladino, mestizo). Dentro del mundo indígena, el estado de alerta siempre estuvo presente por las fricciones y confrontaciones generadas en su interacción con la población mestiza en un territorio marcado por relaciones de dominio. Sin embargo, con los grandes procesos de cambio acaecidos en territorio chiapaneco, ese binomio fue superado por la asunción de otras figuras sociales más allá de lo estrictamente indígena como la de indígenas urbanos, indígenas mestizos y las variaciones derivadas de esas categorías. Además, al interior de las comunidades emerge la nueva figura de migrante como un nuevo papel de participación que junto a las figuras antes señaladas configuran nuevos mundos posibles de actuación. La complejidad se agudiza si se introduce la desigualdad social presente en la sociedad indígena con sus campos de actuación correspondientes.⁷

Participar organizadamente a nivel comunitario también ha sido una respuesta para enfrentar colectivamente a los sucesivos gobiernos intervinientes en el mundo rural, quienes no solamente han intentado instalar una política de integración nacional, uso y control de los recursos, sino también del manejo político (Ceceña, 1999). A cambio del reparto de puestos gubernamentales de cualquier importancia y de programas gubernamentales de asistencia social vigentes hasta hoy día, el manejo de los asuntos públicos ha producido efectos a favor del régimen (Regino, 1999). Así, la política de Estado basada en una cultura de corrupción en ausencia de verdaderos agentes e instancias de desarrollo, sean civiles o gubernamentales, ha generado una permanente marginación de las comunidades rurales (Banegas et al., 2007). Como forma de superar las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios, las comunidades han procreado una diversidad de comisiones de corte civil para mitigar el riesgo de mantenerse excluidas.

La gestión de los medios de vida traducida en arquitectura comunal ha sido el centro del accionar cotidiano, la actividad colectiva elemental, cuya base es la participación formal e informal. La formalización del actuar individual adquiere su forma colectiva a través de los llamados comités cuya variedad de objetivos se anclan desde el don más preciado como el de la tierra, el agua, hasta el de la educación, salud, vivienda, electricidad, caminos, fiestas, etcétera.

Han sido los hombres entre 18 y 55 años quienes tradicionalmente ocupan puestos de gobierno comunitario, particularmente los comités en cuestión. La asamblea, órgano comunitario desde donde se pactan decisiones, determina quiénes han de ocupar los puestos, concediendo a sus miembros un margen individual de decisión en torno al momento de ejercerlos. Si el acreedor de un puesto, por algún motivo está impedido de asumirlo en plazo perentorio, la asamblea aplica entonces, según los entrevistados, multas monetarias, interpretadas como sanciones por incumplimiento del acuerdo. La omisión a dicho acuerdo pone en riesgo de ser desincorporado parcial o totalmente de su comunidad y sus derechos al transgresor, según estatutos del ejido o comunidad.⁸

Con este dispositivo, la comunidad se convierte en célula en expansión incorporando a sus miembros en un tren de vida cuyo destino será siempre el deseo de alcanzar la estabilidad emocional y económica. De esta forma, la ausencia de las personas migrantes en las comunidades de origen, más allá de sus hogares, genera inquietudes y tensiones en el ámbito comunitario, concebido como el signo que amenaza mantener las capacidades colectivas de la comunidad, necesarias para asegurar la supervivencia en el tiempo.

Ante la decisión de emigrar ocurren las primeras tensiones, tanto al interior de la familia como en la comunidad. Se confirma en Chiapas lo ocurrido en otras latitudes en relación con el efecto de la toma de decisión por parte de esposos e impactos en sus cónyuges.⁹ En el círculo familiar, salvo excepciones, en la mayoría de los casos la decisión de emigrar es unilateral, pues son los esposos quienes por sí mismos conciben la estrategia de partir. Las esposas emergen con tres inquietudes fundamentales, una de corte económica y otras sociales: sostén económico del hogar, reemplazo de la autoridad paterna y representación ejecutiva de la unidad familiar: "yo estaba yendo como ejidataria por él, yo serví como policía, yo pagaba las cooperaciones, los tequios, todo" (Olga, esposa de retornado, Belisario Domínguez, 2013). En "Itinerario de los estudios de género y migración en México", Ariza, en una exhaustiva revisión documental concluye, con base en Zárate (2000) y Maldonado y Artía (2004), que "si bien la ausencia del varón puede propiciar la emergencia de espacios de enunciación para las mujeres, o dar lugar a la disputa por el reconocimiento de su agencia social, implica una sobrecarga de trabajo si a las funciones domésticas y de parentesco se añade el trabajo comunitario [...]" (2007, p. 478). En Chiapas esas situaciones configuran un primer escenario vulnerable asociado al género. Adelante se expondrán otras vicisitudes que también implican a muchas mujeres rurales.

Otra gran tensión desencadenada al anuncio de migrar se asocia con la comunidad. Al ser percibida la comunidad como bien común, emocional y socio-económicamente vinculada a ella, se instituye como la institución acreedora de tributos solidarios, estableciendo sus propias reglas de operación. Aquí se revela el costo de ser miembro de una comunidad. Desde jóvenes, sus miembros aprendieron que vivir en comunidad les convoca participar en calidad de servicio social. Más tarde, cuando adquieren derecho y acceso a los activos, sea tierra, bosque, agua, educación y salud, incluyendo programas gubernamentales, en calidad de ejidatarios o de comuneros, el trabajo voluntario de antes, se convierte ahora en aportaciones obligadas mediante mandatos y deberes. El mandato acude a planos de lo sagrado, a manera de exhortación sacra invoca al cuidado de la madre tierra, de su generosidad productora, su empatía con designios de los antepasados, incluyendo el trance fundacional de la comunidad. Los deberes consisten en acatar la normatividad comunal mediante una serie de compromisos solidarios, cuya obligatoriedad se instrumenta con base en la coerción comunitaria, en épocas pasadas de corte religioso, ahora fundamentalmente civil.

La migración en este contexto será concebida como el signo de abandono, con mayor razón si buena parte de los que se van se encuentran en edad productiva, no solamente para servir a la comunidad, sino para continuar la labranza rural, fuente de seguridad alimentaria e identidad. Una persona entrevistada dice: "El dueño de las parcelas es gente de 59 [años] en adelante, va acabar esa gente, va acabar el café, va acabar ese amor a la tierra" (Emilio, Directivo de FIECH, Belisario Domínguez, 2013).

Esta segunda tensión se resuelve mediante multas aplicadas hacia aquellos que sabiendo de su necesaria presencia para ocupar un puesto en determinado comité deciden partir a Estados Unidos. Las cantidades de dinero por concepto de multa van desde 10 hasta 30 mil pesos según usos y costumbres de la comunidad en cuestión. La sanción dependerá según la importancia del puesto a ocupar. Podría exonerarse siempre y cuando el cargo pudiera ser ocupado por la esposa del migrante, previa evaluación de sus competencias personales en función del puesto.

En ese escenario de intereses contrapuestos, ausentarse por migración se resuelve mediante una sanción económica llamada multa por los afectados. La cuota se cubre previamente a la partida o mediante una programación de pagos después de haber conseguido empleo en Estados Unidos El monto de la multa en el presupuesto familiar define en gran medida la conveniencia o no de ausentarse de la comunidad. Si resulta ser una afectación mayor, la salida puede ser pospuesta una vez se haya cumplido el cargo impuesto. Según las circunstancias comunales e individuales, en ocasiones se negocia cumplir ininterrumpidamente cada uno de los cargos que a lo largo de la vida de un miembro de la comunidad pudiesen serles asignados. En el caso oaxaqueño, esta situación guarda algún paralelismo en sentido inverso, pues aquellos migrantes que estando fuera de su comunidad de origen por muchos años, dudan en regresar al pueblo porque les espera cumplir con todos los cargos evitados (Robles, 2004). Sin embargo, también existen algunas diferencias entre Oaxaca y Chiapas, pues de acuerdo con nuestros informantes, ninguno hizo mención de la exigencia de cubrir cargos o cuotas por cargos de corte religioso, mientras que en Oaxaca esto prevalece. Robles dice, refiriéndose al ausente: "sólo podrá retornar a su tierra si cumple con los cargos y gastos de mayordomía que le esperan" (2004, p. 504).

La mayor crisis se da cuando el titular de derechos emigra de Chiapas sin cubrir el costo de su ausencia, ni tampoco recurrir a los pagos periódicos, transgrediendo voluntaria o involuntariamente el dictado de la asamblea. Por eso, puede aplicarse una inminente suspensión de derechos comunitarios, comenzando desde el acceso a la tierra. Esta situación, pocas veces ocurrida estando el titular en E.U., también representa un estado de incertidumbre económica y emocional hacia esposa e hijos en el lugar de origen.

En ese contexto de vida comunitaria y ante la ausencia del esposo, la mujer asume la representación de la unidad familiar, exhibiendo otro compromiso más. De esta manera, la mujer, siendo esposa del migrante, realiza en primera instancia una representación marital al interior de la unidad familiar pero, al mismo tiempo, siendo mujer puede ocupar un cargo tradicionalmente designado para hombres. Así, sin proponérselo, se le adjudican puestos masculinos de representación comunitaria, incrementando sus deberes en tres niveles de actuación: 1) el ejercicio de la autoridad interna respecto de los hijos; 2) la ejecución de tareas económicas propias de la unidad doméstica tales como la atención a la parcela y sus implicaciones en sus distintas fases de trabajo familiar o asalariado; por último, 3) la representación ejecutiva familiar ante la asamblea comunitaria en ambientes de dominación masculina, lo que a su vez conlleva representar a la comunidad en el exterior cuando la gestión así lo requiere.

Al perder la mano de obra masculina por la emigración -sea esposo o hijos-, de manera prevista o imprevista, modifica el uso de los recursos, pues las familias requieren incrementar la carga de trabajo de las personas presentes. Lo anterior sucede principalmente en municipios de la Selva Lacandona, donde la extensión de terreno por familia es mayor. Situación contraria se presenta en la región Altos, donde el minifundismo es extremo. Esto ocurre entre los primeros seis a doce meses, tiempo promedio para pagar deudas contratadas; posteriormente podrá optarse por reducir la actividad productiva mediante el empleo de remesas, pagando mano de obra de jornaleros.

Entre los productores de café de la Sierra Madre y el Valle Central de Chiapas, existen indicios de que excedentes de ingresos se dedican primero a la construcción de vivienda, y después a la diversificación de la actividad económica. Mientras que en el municipio de Marqués de Comillas (Selva Lacandona), el excedente se dedica a la compra de potreros para la ampliación familiar de la actividad ganadera.

La "multa": Entre control social e instrumento de agencia

Las imágenes recurrentes del migrante exitoso enviando considerables montos de dinero a su familia de origen, para mejora de la vivienda, compra de bienes duraderos, incluyendo tierras; así como de las de aquellos que retornan exhibiendo un prestigio masculino de haber cruzado la frontera, con modificaciones en sus atuendos y conduciendo llamativos vehículos, han procreado un mito de que todo aquel que emigra en automático transforma para bien su estatus económico. Esta imagen del migrante poseedor de cuantiosos recursos justificó en su momento la imposición de considerables cargas económicas para los que anunciaran por vez primera su deseo de emigrar, sin embargo, en tanto aquello ha dejado de suceder, el valor de las multas ha tendido a la baja.

La reacción inmediata por quienes la sufragan es mayoritariamente en contra, debido a que las multas les representa una limitación de su acción individual. Esto se debe a que representan una sangría en el monto de dinero obtenido vía migración, con consecuencias en el ahorro y gasto de la unidad familiar. Más aún si se toma en cuenta las condiciones sociales existentes en la entidad, lo reciente de la inserción internacional, la falta de acumulación de recursos por esa vía y el aumento de los costos de la migración.

Sin embargo, aun cuando las cuotas por evadir el puesto lesionan la expectativa económica de la migración, según información de campo, los actores involucrados terminan admitiéndolas sin objeción. La lógica que sintetiza la aceptación del sistema de multas se resume en la convicción de un entrevistado: "Creo que es bueno que haya multa, para que así todos nos toque por igual el cargo, y que ellos [los jóvenes] vayan aprendiendo" (Ernesto, retornado, Nuevo San Juan, Ocozocoautla, 2013). Lo anterior sólo es posible en cuanto existe comprensión y convencimiento respecto de la obligación de servir a la comunidad. Así, al tiempo que la comunidad es percibida como la instancia de imposición de reglas también se le concibe como el espacio garante de los bienes materiales y simbólicos, el lugar de la reproducción, que inherentemente ha de reclamar aportaciones materiales¹⁰ y simbólicas¹¹ para mantener los equilibrios participativos y desarrollar sus capacidades.

En tanto la decisión de emigrar se hace con conciencia plena de retornar a la comunidad, entonces ésta se instituye en el referente primario del colectivo, el punto de partida y el de retorno. En esa perspectiva, en nombre del bien común, las multas son entendidas por sus contribuyentes como el fondo de ahorro, el soporte logístico de la vida comunitaria, el que sufraga el desplazamiento de comisiones a lugares del trámite gubernamental, la gestión de bienes y servicios, negociación política, compra de equipos y suministros, constituyéndose en fuente proveedora de dinero.

En este ámbito, la asamblea se constituye en el espacio de decisiones, "lo que diga la asamblea, lo que diga la gente de la comunidad, es lo que se tiene que hacer. Si alguien protesta, lo pueden correr del ejido", (Hermilo, retornado, Ejido Corona, Marqués de Comillas, 2013). De esa forma, cualquier regla o sanción nace de inmediato con la legitimidad necesaria, difícil de revocar.

Salvo que las esposas asistan a las reuniones por el ausente, los fondos para la comunidad también provienen del pago de cuotas de inasistencias del jefe de familia. Cuando el esposo ha cumplido el cargo y se ha ido a E.U., su inasistencia se cubre mediante la representación de la esposa durante el tiempo transcurrido para la asignación del siguiente cargo, siendo el lapso de dos años. Esto es aceptado siempre y cuando ella esté en condiciones de representarlo, en caso contrario, el migrante deberá pagar una cuota determinada, en calidad de multa, por su inasistencia a las reuniones de asamblea.

El sistema de sanciones, al ser concebido como reglamento disciplinario, siempre demostrará seriedad en su ejecución. Para aquellos que todavía duden de su fuerza colectiva, su aplicación ha de funcionar como parámetro de prueba.

Por tanto, la multa ha sido el medio mediante el cual se valida la ausencia; participación o indiferencia, bien común o bien individual.

Otro paralelismo con Oaxaca, en torno al refrendo de la membresía y sus consecuencias ante su falta, se refiere al dicho metafórico de Robles: "un migrante que nunca apoyó a su pueblo ni se acercó a la organización de destino, es un migrante que ha perdido su derecho comunitario; no tiene derecho ni para que le repiquen la campana el día en que se muera" (2004, p. 506).

Entonces, ¿cómo combinar migración, multas y bien común? La respuesta se encuentra en el entramado que desarrollan internamente algunas unidades familiares en relación con el papel que juegan los padres e hijos en torno a tales factores. En efecto, la salida de miembros de la comunidad presenta un patrón consistente en que el jefe de familia se incorpora a la migración pero por un tiempo determinado; siendo él quien asume los cargos, en un plazo perentorio deberá retornar al lugar de origen.

Al tomar en cuenta que tampoco la migración garantiza indefinidamente pagar multas o cubrir el costo de un reemplazo, entonces los hijos son los que podrán ausentarse indefinidamente, apoyando económicamente al padre, quien seguirá asumiendo la representación familiar. Con ello, en nombre de la familia, consigue otra vez refrendarse la membresía ante la comunidad: "ya no regreso a Estados Unidos porque está muy lejos, mis hijos que están [en E.U.] ya están casados y me apoyan en ocasiones, uno de ellos está colaborando en la comunidad y cualquier cargo que dan lo paga. Eso es para conservar nuestras tierras" (Antonio, retornado, Las piedrecitas, San Cristóbal de Las Casas, 2013). Lo anterior implica considerar a los hijos, aunque sean casados, como miembros de la unidad familiar, por tanto, de la comunidad. Es una evidencia más de los niveles de cohesión que todavía existen en entornos indígenas, en donde la familia, en alianza con sus miembros extiende sus lazos, sus responsabilidades, más allá de la comunidad, para responder a la comunidad.

Sánchez (2007), identifica dos grupos diferenciados respecto de la asignación de cargos en Oaxaca: aquel que obliga a sus miembros a cumplirlos personalmente, independientemente de si están o no en la comunidad, es decir, sin que medie un pago tipo multa, y otro en el que ya no se toma en cuenta a aquellos miembros que al hacer los nombramientos se encuentran fuera. Mientras que Hernández y Velasco (2015, citado en Sánchez, 2007), identifican otro grupo con criterio similar al de Chiapas, referente al consentimiento de pagar por la ausencia, casi siempre cuando los puestos sean inferiores al de presidente de un comité.

En el caso de la entidad que nos ocupa, en la medida en que su integración laboral a E.U. ha sido incipiente, sin ser masiva, todavía existen capacidades demográficas locales para la gestión, admitiendo el pago por las ausencias. Además, el cobro de impuestos por migrar, en circunstancias económicas adversas como sucede en el medio rural chiapaneco, como se dijo, cumplen la función de satisfacer las erogaciones monetarias hechas en la movilización de los recursos. De ahí que en pos de mantener los equilibrios financieros, lleve a buscar formas alternativas de contribución.

Retorno, ambiente y bien común

El conjunto de migrantes chiapanecos se constituye de un flujo dinámico, compuesto por emigrantes pioneros, nuevos emigrantes y retornados de distintas generaciones. En este caso, hemos enfatizado que buena parte de este artículo aborda a migrantes retornados cuyo regreso ocurre en el marco de su reinserción a la comunidad, con visiones permeadas por su experiencia en el exterior.

Después de estar entre tres y seis años en los E.U., el retorno adquiere variadas formas de experiencia. Desde aquellos que traen consigo un capital no solamente económico sino cultural, hasta de otros que "como se fueron, vinieron" (Pedro, retornado, Ejido San Isidro, Marqués de Comillas, 2013), es decir, sin nada.

Si de mujeres se trata, a ellas la migración les confiere una plataforma de lanzamiento personal, pues les permite entrar a mundos de socialización distintos, por tanto, de medio de auto-superación personal. "Los cambios que han traído las mujeres, es que antes de irse no hablaban el español, al regresar, ya platican, se sienten más seguras de ir a comprar, a pedir trabajo en San Cristóbal" (Grupo focal, Voces Mesoamericanas, San Cristóbal de Las Casas, 2013). Esto es así pues las mujeres rurales, sean mestizas o indígenas, son las que mediante la migración entran en procesos más hondos de cambio, incidiendo en nuevas formas de actuación y autopercepción, modificando positivamente su personalidad debido a la distancia de mundos: el de la vida tradicional comunitaria, trazada de costumbres altamente patriarcales, a otro cuya socialización ocurre en medio de interacciones cosmopolitas, socializaciones nuevas, escenarios mimetizantes, donde las reglas de la comunidad se encuentran distantes. "La opinión de la comunidad de que fui a Estados Unidos es que vieron la diferencia de que hice algo bueno; en cambio, un hombre, en ocasiones se va 4, 5 años y no hace nada [...] compré ganado, una camioneta y un solar" (Socorro, mujer retornada, Marqués de Comillas, 2013). En cambio, entre los varones, según entrevistas, las experiencias son disímbolas, sin patrones claramente definidos.

La mirada de la comunidad sobre el retorno se basa según las expectativas generadas al emigrar sus miembros, constituyéndose entonces en el parámetro que califica el éxito o el fracaso. La mirada, sin duda, es moral. Son valores compartidos, validados por sus diferentes miembros: migrantes, no migrantes. Voces que invocan el bienestar centrado principalmente en la familia, a su vez, en la comunidad. La lógica consiste en contrastar los costos y beneficios de la migración. Los primeros se refieren al vacío presente en el hogar y comunidad, no solamente físico sino emocional, no solamente del endeudamiento económico sino también el de las responsabilidades adjudicadas a la mujer, no solamente del riesgo en el cruce de la frontera sino de las tentaciones materiales acaecidas a nivel del migrante.¹² Los beneficios deben ser tangibles: prestigio, mejoramiento de la vivienda, educación de hijos, disminución del riesgo económico a base de ser más productivos, rencuentro familiar y comunitario.

Así, la reinserción del migrante a la comunidad de origen pasa por el grado de aceptación y respeto que reciben de ella. El (des)prestigio surge de la trayectoria ocupacional, (des)acumulación de activos y actitud mostrada ante la comunidad durante el tiempo de ausencia. Ejemplos claros de experiencias poco aceptadas se revelan en los siguientes testimonios:

La migración también suele forzar momentos de crisis y de redefinición personal, familiar, de cara a la comunidad, posibilitando abrirse a espacios de individualización, nuevos estilos de consumo y de expresiones culturales mostrados en patrones nuevos de vivienda, vestido, lenguaje, así como en determinadas actividades económico-productivas.

La visión moral comunitaria, traducida en bien común, se expresa en las preocupaciones sobre la familia y la comunidad que ocurre estando fuera de la comunidad. Proviniendo de comunidades rurales, de entornos naturales cuya utilización de sus recursos es crucial en la sobrevivencia de la comunidad, han de ocupar su correspondiente valor en las cavilaciones de los migrantes.

Si bien la estancia en Estados Unidos se circunscribe a ambientes laborales de poca interacción con sus entornos, no representa dificultad alguna para que los migrantes se conviertan en observadores de costumbres y reglamentos ahí imperantes. La vida rural de la que provienen, el escenario de su socialización temprana, se convierte en referente para evocar espacios ambientales. Apreciar lo diferente sólo es posible cuando el que observa procede de un contexto de prácticas distintas, por ejemplo, respecto al uso de las masas forestales, caza, manejo de basura, etcétera.

En este caso, la tierra, la comunidad y las prácticas ecológicamente sostenibles se aprecian según la persona sea, retornada o no-migrante. Por tanto, debe subrayarse el papel que juega la migración al permitir visualizar esas dimensiones desde una perspectiva de largo plazo. Se advierte que el migrante chiapaneco de origen rural, durante su estancia en E.U., tuvo la oportunidad de evocar problemáticas sociales asociadas con su entorno ecológico de origen con deseos de modificarlas a su regreso en favor de la familia y comunidad. Ante la siguiente pregunta veamos la respuesta: "¿Cuando estaba en Estados Unidos pensaba en los problemas del medio ambiente de su comunidad? -¡Claro que sí! ¡sobre la leña!" (Eliseo, retornado, Ejido Corona, Marqués de Comillas, 2013).

Estando en espacios distintos y distantes propiciaron condiciones de posibilidad para inducir reflexivos contrastes en torno a estilos de vida, métodos de trabajo, hábitos ecológicos y medios de satisfacción cotidiana. "Es la desventaja que tiene nuestro México, que no tiene el cuidado del medio ambiente; allá [E.U.], no están quemando rastrojo, no están quemando acahuales, allá no, y aquí sí" (Magdiel, retornado, Belisario Domínguez, 2013).

En el ámbito ecológico las apreciaciones también giran en torno al uso de la basura, de las masas forestales, la caza, depredación, etcétera. "Ahí [E.U.] cuidan tanto los árboles, así como los animales, en cambio aquí, si vemos algún conejo o una ardilla sacamos nuestra resortera o algunos [hasta] llevan rifle" (Julio, retornado, Zinacantán, 2013).

Los comportamientos privados con respecto a la higiene, o públicos respecto de tirar o no basura, se aprenden de acuerdo a las estructuras socioculturales que definen a cada país: "De los conocimientos que yo traigo [de E.U.] sería la limpieza, allá en Estados Unidos hay mucha higiene; lo que es no tirar basura en ninguna parte, respeto a los animales, no quemar, y todo eso; eso es muy importante para la comunidad" (Antonio, retornado, Marqués de Comillas, 2013).

Aunque las estructuras sociales de origen se encuentran en sintonía distinta, a través de los testimonios puede pensarse en posibilidades de cambio pues se advierte en los informantes las motivaciones que traen consigo: "En mi comunidad es [lo] peor, ya que como indígena, no les importa tirar la basura en su calle [...] talan árboles en donde quiera; aunque apenas estén creciendo: los cortan; queman; utilizan puros químicos" (Mateo, retornado, Chenalhó, 2013).

Así como existe un respeto explícito hacia los estadounidenses por el cuidado de los animales, la vegetación y demás actitudes ambientales, también se muestran reservados en relación a las prácticas agrícolas de alta incorporación de insumos industriales: "allá en Estados Unidos aplican mucho químico [...] Estados Unidos trabaja con puro fertilizante! ¿No sé qué clase será?" (Magdiel, retornado, Belisario Domínguez, 2013). Esta apreciación adquiere mayor relevancia cuando se trata de retornados cuya comunidad de origen, desde tiempo atrás, su sistema productivo se ha basado en la agricultura orgánica, principalmente en áreas de cultivo de café social. Cuando se trata de agrupaciones con prácticas sustentables en los sistemas de cultivo comunitario, se aprecia que existen mayores niveles de apertura y empatía entre retornado y comunidad.

Las percepciones del ambiente y vida en E.U. con la realidad de la vida cotidiana que impera en las comunidades muestran su divergencia al momento del retorno, pues es en esa confrontación donde se fijan distinciones entre E.U. con el mundo comunitario.

La preocupación concreta entre los retornados sobre el futuro de la comunidad se refiere a amenazas ambientales que representan un deterioro de sus recursos naturales como la tierra, el bosque, el agua, consecuentemente, de su viabilidad social. Así, la reinserción de migrantes a sus comunidades de origen, resulta ser un tema importante de gobernanza local, de eventuales implicaciones en el manejo territorial comunitario.

Son inquietudes básicas las del cuidado del bosque y las del agua. El primero se encuentra asociado con la escasez de leña en casi todas las comunidades entrevistadas. Aun en aquellas comunidades asentadas en medio de disposición arbórea como es el caso de Marqués de Comillas en la Selva Lacandona, que aun teniendo reductos forestales aprovechables, manifiestan su inquietud. Esto se debe al desgaste ocasionado a la masa forestal y a las tendencias imperantes en el consumo de leña. La inquietud se convierte en angustia en contextos como los de la región Altos en donde el agotamiento de las masas forestales es severo. Esta situación ha sido más difícil debido a las distancias cada vez más lejanas para conseguir leña, además del incremento en su costo. La opción tecnológica consistente en cocinar a base de gas resulta inviable debido a su alto precio económico y logístico.

En el uso de los recursos del medio rural chiapaneco existe una diferenciación en su acceso de acuerdo con los niveles de ingreso o del tamaño de la parcela. De ahí la existencia de otra tensión respecto a las inevitables tendencias de individualización de las unidades familiares en relación con determinadas prácticas de subsistencia. Esto puede apreciarse en la apropiación y uso de los recursos, especialmente cuando éstos son escasos. Por tanto, la tensión ocurre, por una parte, en la satisfacción de las necesidades individuales bajo el principio del acceso directo a ellos, por otra, en la del manejo colectivo de los recursos.

Como se dijo, existe un proceso de diferenciación de las unidades familiares al interior de las comunidades relacionados con la tenencia, uso y disfrute de recursos naturales, como la madera para combustible y agua para consumo humano. Esto les significa para las unidades distintos grados de incertidumbre respecto de la disponibilidad de esos insumos vitales para la vida rural.

Ante estas situaciones, es creíble escuchar una expresión como: "hacemos con nuestra tierra lo que nos dé la gana, y si se deteriora el medio ambiente, ni modo" (Anselmo, ejidatario, Ocosingo, 2014). Sin embargo, ante el deterioro de estos recursos, algunas comunidades han optado por el establecimiento de áreas de conservación comunitaria para prevenir la sobreexplotación: "Por una parte está bien que tengamos todo en reserva, porque si no, alguien querrá sacar más de la cuenta, y puede que otros le sigamos, y nos quedaríamos sin árboles" (Juan, retornado, Veinte casas, Ocozocuatla, 2013).

La situación sobre la leña, también se repite con lo del agua, pues existen pocas iniciativas respecto a la sostenibilidad en el disfrute del recurso. Ante situaciones de escasez de líquido, la única alternativa ha sido su racionamiento en verano. Los entrevistados señalan problemas en el suministro y de la poca disponibilidad colectiva para reparar las fallas.

En el marco de un proceso inacabado de modernización de las estructuras comunitarias donde la individualización intenta hegemonizar la vida cotidiana, la gobernanza presenta signos de crisis debido a la tensión entre los procesos ancestrales de colectivización con los de individualización sin ajustar los dispositivos del gobierno comunitario acordes al tamaño del problema y a las incipientes iniciativas de los nuevos agentes de participación representados en el cuerpo de retornados. Es el medio rural, cuya población, al gozar de una parcela ejidal o comunal tiene como referentes vitales el uso de la tierra, agua, bosques y fauna considerados como bienes escasos, en cuyo manejo parece dominar la costumbre con resistencia al equilibrio.

Se presenta el trance de incorporar las capacidades individuales adquiridas por los retornados en iniciativas de interés colectivo, en este caso, en lo que se refiere a ambiente y manejo de recursos. Sin embargo, por la inercia de la vida comunitaria, hasta ahora el capital social se reduce solamente al logro personal del retornado, susceptible de adaptarse para un estilo individual de aprovechamiento familiar. La racionalidad anterior se expresa cuando se opta por salir sin importar el pago de multas pues de antemano se sabe de las mayores utilidades mediante el empleo migratorio, al tiempo de mantener garantizada la adscripción comunal.

Hacia un ensayo de interpretación final

La migración hacia Estados Unidos ha formado parte de una estrategia de reproducción social, producto de una limitada estructura de ofertas laborales y salariales para la población rural de Chiapas. Es el resultado principal de una serie de transformaciones en el perfil social, tanto de las comunidades en general como de las nuevas generaciones en particular, totalmente predispuestas a incorporarse en una costosa migración internacional con sus costos económicos y sociales. Factores precipitantes acontecidos en la entidad, tales como el descenso en el precio de los productos agropecuarios así como de la eliminación de subsidios al campo a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han sido semillas que desencadenaron la migración en un campo fértil de procesos de cambio.¹⁴ Sin duda que la demanda de mano de obra en E. U. también ha jugado un papel determinante.

El posicionamiento de la migración laboral hacia E.U. acontece en un contexto de profundas transformaciones en las estructuras sociales de las comunidades rurales, consistente en un proceso de modernización que trajo consigo una alteración en los patrones de gobernanza.

En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron alteraciones en los estilos reproductivos, no solamente de la vida social de la comunidad, sino de ésta con la sociedad en general. El centro de gravitación comunal residía en lo religioso, ascendido como el bien común, bien sagrado desde el cual generosamente se desprendían los bienes materiales. De una forma tradicional de gobernanza basada en la unidad religiosa, de comunidades de aspiración corporativa y cerrada, de rituales celebrados por miembros cohesionados políticamente, se pasó a gobiernos netamente civiles de orientación partidaria, proceso acompañado de un abrupto quiebre del sistema de creencias tradicionales por credos no católicos, de una diversificación ocupacional y una progresiva disidencia política. Por tanto, el énfasis se desplazó de una organización comunal basada en la consecución colectiva de beneficios sentimentales de corte espiritual a una estructura comunal basada en la consecución de intereses materiales finalmente dirigidos a un goce individual. Aquel intangible bien común ahora ha sido sustituido por otro verificablemente tangible: el de los medios de vida materiales tanto para el funcionamiento básico de la comunidad como salud, caminos, educación, abasto y demás servicios públicos, como también para la unidad familiar a través de la consecución de recursos propios de la tierra, comercio, programas de asistencia gubernamental, hasta los obtenidos vía migración.

En los procesos de larga duración, el papel de las migraciones laborales en Chiapas ha sido crucial. Antes de la migración internacional, la búsqueda de empleo fuera de la comunidad estuvo circunscrita al ámbito estatal basada en desplazamientos temporales a las fincas de café. Esto puede denominarse migración circular interna funcional para la estructura social y económica de la comunidad. En esa modalidad, el ausente siempre estuvo presente, física y moralmente en la comunidad. Sus breves lapsos de tiempo y de cercanía a los centros de trabajo le garantizaban refrendar cotidianamente el sostenimiento de cargos, su permanencia e identificación comunitarias. La obtención de dinero, aunque fuese minúsculo no solamente significaba un complemento del trabajo agrícola familiar, sino también un medio de colaboración religiosa. Al paso del tiempo, la estructura social basada en una estratificación más jerárquica resultó cuestionada, mientras las capacidades y competencias personales, gracias al aumento de los niveles de educación y bilingüismo hacían lo suyo para encontrar nuevos nichos de mercado laboral. Desde el territorio original, se produjeron desplazamientos que poblaron nuevos territorios sea por migraciones forzadas o por colonización, abandonando las antiguas gobernanzas por otras dirigidas a la estricta sobrevivencia material. La eclosión de nuevos sujetos sociales facilitó el tránsito de estructuras religiosas a laicas, tendiendo a lo cívico.

Aunque el centro de gravitación se haya desplazado de la vida religiosa a la civil, el acceso a los recursos materiales de la comunidad mantuvo su dualidad: como derechos y obligaciones. Así, los límites comunales en donde se asienta la unidad familiar continúan siendo constitutivos de la identidad territorial, base primaria desde donde se despliega la interacción social, configurando una identidad territorial. Entonces, la adscripción cultural ha demandado compromisos de ambas partes: al migrante y a la comunidad. Los deberes del migrante consisten en tener participación de las necesidades comunitarias vía comités o involucrar a su unidad familiar ante su ausencia por la migración. Mientras la comunidad constituida en asamblea, le confiere un manto de protección, de derechos territoriales y de acceso a los bienes materiales y simbólicos.

Activada la migración internacional, ante una eventual disgregación de miembros y de salvaguardar la comunidad, se impuso generar mecanismos de retención que conjurase en la pérdida de ciudadanos, de activos y de cuotas. Más aun, cuando se ha tenido una inserción tardía en la migración internacional marcada por un contexto de reducción de la circularidad migratoria anulando en gran medida las idas y venidas.

Las nuevas formas contractuales de las comunidades rurales de Chiapas les han permitido a sus habitantes ampliar sus formas de inserción en esferas de producción y mercado. Al existir diferenciación en sus accesos, también les ha generado una diferenciación social. En ese marco, la práctica del migrante, sea en ejecución de un cargo de comité o su aportación monetaria contenida en la multa, queda circunscrita a su uso instrumental, medio para obtener y mantener la membresía e indefinidamente seguir siendo miembro de la comunidad.

Las multas acordadas colectivamente legitiman la ausencia del migrante, también al de la asamblea y el de la gestión por los que se quedan. Así, la multa encierra dos cualidades: 1) como medio de validar el acto migratorio y asegurar permanencia; y 2) legalizar el acopio de recursos con fines de proveer bienestar comunitario.

Cuando los referentes culturales y materiales todavía se fincan en la comunidad, para muchos de los retornados cuyas competencias técnicas crecen y se diversifican, su porvenir inmediato ocurre en un contexto de estructuras económicas débiles, imponiendo límites al desarrollo familiar con altas probabilidades de volver a su posición social original.

En el retorno, la agencia presupone limitantes. En tanto los migrantes retornados se insertan en una comunidad encausada cotidianamente en asuntos por resolver, con autoridades y reglas de participación anticipadamente establecidas, sus iniciativas se ven limitadas, más aún si de jóvenes se trata o de aquellos cuyos resultados fueron de fracaso o de alcance menor. En ese marco, las manifestaciones de los retornados respecto a mejorar el ambiente y el manejo de los recursos, resultan poco atendidas, a la espera de mejores consensos comunitarios. Sin embargo, haber sido migrante en un contexto de vida dura, socialización intercultural, disciplina técnica, trayectorias laborales diversas, interiorización de nuevas formas de percepción del ambiente, abre posibilidades de incorporar gradualmente esta nueva figura social de migrante retornado en asuntos públicos comunales. Los capitales personales, hasta ahora subsumidos en estructuras hegemónicas, como contrapeso han de escalar a través del tiempo junto con los de aquellos que anualmente seguirán retornando, generando así un cuerpo social al interior de la comunidad desde el cual se desplieguen otros papeles de gobernanza, participación y manejo comunitarios.

Por último, respecto del papel que juegan los sistemas normativos de las comunidades estudiadas en Chiapas, con relación a las instancias de toma de decisión para emigrar, este estudio ha aportado elementos generales para reafirmar, junto con Sánchez (2007), que en contextos rural-indígenas, los usos y costumbres comunitarios implantan una regulación en las prácticas migratorias con deseos de inhibirlas. Es decir, en la medida en que las decisiones de emigrar, y en otros casos las de retornar, se encuentran condicionadas por la organización y funcionamiento de los sistemas de cargos, en este caso civiles, en esa medida las decisiones no solamente se circunscriben al ámbito de decisión de la unidad familiar, ni mucho menos a la del individuo, sino en gran medida resultan de un intrincado mecanismo donde el peso de las estructuras comunitarias asume un importante papel.